POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
El pasado 29 de enero, la joven pasante de medicina, Mariana Sánchez Dávalos, amaneció muerta en el cuartucho que le servía de alojamiento en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas.
Con esa lamentable muerte quedaba sepultado el triunfalismo con que se despidió el ex fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.
La muerte de Mariana se acumulaba a los más de 70 feminicidios sin resolver durante el año 2020.
Independientemente de la responsabilidad que las autoridades de salud y de la Universidad Autónoma de Chiapas puedan tener en el caso de Mariana Sánchez, Llaven Abarca jamás se preocupó de investigar y resolver lo que la sociedad chiapaneca reclamaba: encontrar a los culpables de cada feminicidio y no tratar como homicidio común la mayoría de las muertes violentas de mujeres sólo por su condición de género.
Después de su irresponsable actuación, Llaven Abarca durante casi dos años siempre ocupó las primeras páginas de los diarios del estado para presumir y vociferar logros inalcanzados en materia de seguridad y de justicia.
Hoy, después de su enorme fracaso, continúa como vocero y lacayo de la Cuarta Transformación.
En un inédito y ridículo discurso, el aspirante a un cargo de elección popular, sin ningún recato se pronuncia por la “unidad y anteponer los intereses del pueblo de Chiapas para lograr la Cuarta Transformación en México”.
Paradójico discurso cuando que Jorge Luis Llaven Abarca representa la regresión total en materia de procuración de justicia, desde sus días de ministerio público torturador y responsable de la muerte de Luis Ignacio Lara Vidal.
Llaven también es protector de los detractores de la Libertad de Expresión, hoy detenidos y sometidos a investigación por la Fiscalía General de la República. Aquí daremos cuenta de tan lamentable proceder.
MARIANA VIVÍA EN CONDICIONES PRECARIAS
La muerte de Mariana Sánchez Dávalos tiene varios responsables por acción u omisión e irresponsabilidad institucional.
Las deplorables condiciones del lugar donde habitaba evidencian el nulo respeto por los derechos humanos de quienes prestan un servicio social en favor de la comunidad, sobre todo en materia de salud en regiones tan alejadas de la “civilización”.
La descripción del lugar que le servía de vivienda (si a eso se le puede llamar vivienda) a Mariana Sánchez Dávalos es de fábula. Un cuartucho sin cama ni baño, apenas una colchoneta unida al suelo para convivir con las cucarachas que rondaban por el degradado aposento.
El baño (colectivo) a distancia. Había que recorrer 25 metros para llegar a lo que se asemejaba más a una letrina.
Esa grave circunstancia evidencia la irresponsabilidad y el desprecio de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Secretaría de Salud por el estudiantado que aspira a terminar sus estudios universitarios y ponerse a trabajar en busca de mejores horizontes.
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL
La corrupción institucional en México, y sobre todo en Chiapas, es una de las grandes irregularidades que emerge con la muerte de la joven de 25 años, Mariana Sánchez Dávalos.
Es una gravísima omisión del rector unachense, Carlos Nataren Nandayapa, y del “chafirete del desierto”, alias José Manuel Cruz Castellanos, no estar al pendiente de los lugares y las condiciones en que los jóvenes de cualquier especialidad prestan el servicio social.
Cuando menos si no tienen acceso a una habitación de lujo, deberían de contar con un espacio digno, en condiciones de higiene y salubridad, pero sobre todo de privacidad en el lugar a donde diariamente realizan su aseo personal.
Así como el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas asigna los mejores lugares para los estudiantes consentidos, lo menos que debería de hacer es estar pendiente de los “otros estudiantes” que como Mariana, por no tener padrinos, no tuvo más opción que aceptar uno de los lugares más alejados, peligrosos y pobres de la geografía chiapaneca.
JOVEN MARIANA, VÍCTIMA DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y SANITARIAS
Mariana estaba condenada a vivir durante un año sujeta a condiciones de insalubridad y hacinamiento por irresponsabilidad de las autoridades universitarias y sanitarias.
Desde octubre de 2020 se quejó repetidamente de acoso sexual por parte de un compañero de trabajo, el doctor Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, a quien los familiares, compañeros y amigos de Mariana acusan como responsable del hostigamiento sexual del que Mariana era víctima todos los días.
Después del homicidio de Mariana, fue muy grave que el ministerio público responsable de la investigación actuara premeditadamente y con rapidez inusitada para ordenar la cremación del cuerpo y así borrar cualquier indicio que pudiera probar el delito de violación.
Ahora el doctor Pérez Jiménez sólo podrá ser acusado de acoso sexual, un delito menor con pena máxima de tres años de prisión, que ni siquiera amerita prisión preventiva oficiosa.
Habría que investigar al ministerio público del por qué ordenó la cremación cuando había una investigación en curso y sobre todo su criterio para decretar suicidio. La versión no es creíble. Mariana estaba hincada, colgada de una cuerda y con las rodillas perfectamente asentadas en el piso. La cuerda no daba el tirón del ahorcamiento. Era demasiado larga.
Por instinto, si Mariana hubiera sentido el estrangulamiento, inmediatamente se hubiera puesto de pie. Se infiere entonces que fue “suicidada” por otra persona.
SE HABÍA QUEJADO DE ACOSO DESDE NOVIEMBRE PASADO
Ante tantos acosos, Mariana finalmente decidió quejarse con una nota en la que cabeceaba TARJETA INFORMATIVA, en la que aparece un primer sello de acuse de recibo, fechada el 4 de noviembre, bajo el nombre de Analy Correa Hernández, directora de la clínica de Nueva Palestina. Sin embargo, hay tres nombres más. Uno del área de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Chiapas, otro de la jurisdicción sanitaria de Palenque, Arturo Balderas, y uno más con los apellidos de Arcos Sánchez.
Así que no puede alegarse que Mariana jamás se quejó. Por el contrario, su denuncia tuvo cuatro omisiones de dos meses y 17 días, desde el 11 de noviembre, hasta el 29 de enero en que se le encontró asesinada. En su tarjeta informaba con detalle del acoso sexual permanente del doctor Pérez Jiménez y los intentos de agredirla sexualmente durante la noche.
Nada de su calvario fue escuchado y ahora, para proteger responsables e identidades, fue detenida la doctora Analy Correa Hernández, en tanto que se exigió la renuncia de la doctora Ana Marta Flores García, directora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas en un intento por evitar involucrar al rector de la Universidad.
DOS GRANDES RESPONSABLES
Sólo que hay dos grandes responsables: el rector Carlos Natarén Nandayapa y el chafirete del desierto. El chafirete debería de estar en la cárcel. Él sí conoció a tiempo de las penas por las que pasaba Mariana y nada hizo por atender sus llamadas de auxilio.
Por el contrario, el chafirete se negó a atenderla personalmente y cínico, lépero e irresponsable, acusó a Mariana Sánchez Dávalos de ser una chamaquita conflictiva a lo que no había que hacerle caso. Hoy esa chamaquita conflictiva está muerta. Ampliaremos…
