Se reafirma con Irma la corrupción en la 4T

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México”, se deberá dar prioridad a la consolidación del SNA. Sólo así se cumplirá con su principal promesa de campaña

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

Con el relevo de Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública (SFP), quedó de manifiesto una gestión ineficaz en el propósito de la 4T de combatir la corrupción.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido con insistencia que en su gobierno ya no existe la corrupción, ya que acabar con ella y la impunidad es el propósito central de su gobierno.

Nadie espera que el Presidente resuelva esa promesa de campaña en los tres años restantes. Sin embargo, todo México quiere ver  señales de compromiso y un plan serio.

Sería un gran logro y abonaría a su alto capital político que los dichos de AMLO fueran ciertos.

La gestión de Irma Eréndira Sandoval entregó saldos negativos a su jefe. La otrora “poderosísima” secretaria gozaba de la gracia y confianza de AMLO y había logrado colocar a varios  familiares en puestos públicos. Un hermano, Netzai Sandoval Ballesteros, es director general del Instituto de la Defensoría del Consejo de la Judicatura Federal. Su otro hermano, Pablo Sandoval, era superdelegado de programas sociales en Guerrero, pero tuvo la osadía de enfrentar a Félix Salgado, eso le costó el puesto a él y a su hermana.

 

ADQUIRIÓ 6 PROPIEDADES INMOBILIARIAS EN 9 AÑOS

La encargada de vigilar la rendición de cuentas, el conflicto de interés y el combate a la corrupción protagonizó gran escándalo cuando se publicó un reportaje realizado con base en documentos obtenidos a través de “fuentes públicas” que “pese a tener un salario modesto como investigadora universitaria, compró de contado -junto con su esposo, John Ackerman- seis propiedades inmobiliarias en sólo nueve años”.

Ackerman esperaba ser nombrado director de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), debido a que se supo que en diciembre de 2020 su esposa Irma Eréndira convenció al Presidente de nombrar a su sobrino, Arturo Reyes Sandoval, como director general del IPN.

De Reyes Sandoval lo único que se sabía es que era buen investigador en Inglaterra en la Universidad de Oxford. Tenía once años de no vivir  en México, ni haberse parado nunca en el IPN. Se hicieron a un lado a candidatos con más méritos y a toda la comunidad politécnica.

Por el bien del IPN, Arturo Sandoval debería aclarar su pretendido parentesco por aquello del “conflicto de interés” y de los padrinazgos políticos.

Por su desempeño y resultados da la impresión que la ex titular de la SFP nunca se enteró que existe un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Tampoco explicó por qué el gobierno de la 4T no cumple con los procedimientos que ordena la Constitución en su Artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que el 75% de sus adquisiciones se ha hecho por medio de adjudicaciones directas.

El caso “Bartlett” se volvió emblemático para la SFP, no porque el titular de la CFE tuviera o no alguna responsabilidad administrativa, sino porque Irma Eréndira Sandoval dio carpetazo al asunto sin realizar su trabajo y demostrar ante la opinión pública la “no responsabilidad” del funcionario.

Al final su actuación dócil y sumisa poco le valió porque su relevo se debió más a motivos políticos.

 

CUENTAS PENDIENTES

De la misma manera debería haber actuado en otros casos que se hicieron públicos, manifestando al menos que se iniciarían las investigaciones correspondientes, ya que, en el afán del sometimiento ciego, poco ayudó a su jefe, el Presidente de la República.

Está el caso de Felipa Guadalupe Obrador, la prima con contratos millonarios en Pemex, ISSSTE, y ASA. También el escándalo de Pío López Obrador, quien fue grabado recibiendo dinero de David León Romero. Otro golpe mediático fue el caso de Jaime Cárdenas, a quien el Presidente había nombrado director  del “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (SAE), pero al darse cuenta de el “cochinero” y la corrupción que priva (en tiempo presente) en esa institución prefirió no sólo renunciar, sino tuvo la valentía de hacer las denuncias legales correspondientes de las que nunca dio cuenta la SFP ni la Fiscalía General de la República (FGR).

En relación a los célebres casos de Lozoya y de Rosario Robles, nunca hizo declaración alguna.

 

ROBERTO SALCEDO AQUINO,EL RELEVO, CON OTRAS PRIORIDADES

El Presidente López Obrador nombró como nuevo titular de la SFP a Roberto Salcedo Aquino, a quien le encomendó preparar una “Reforma Administrativa”, un gran pendiente desde hace al menos 4 sexenios, pero que sería digno de un amplio diagnóstico y profundo análisis que podríamos comentar en otra oportunidad.

Lo prioritario es realizar un diagnóstico y revisión del SNA y esa tarea la podría poner en su agenda como urgente el nuevo secretario Salcedo Aquino, quien cuenta con la experiencia y preparación para realizarla.

La  reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representa un amplio propósito para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación. La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera.

En el Artículo 113 Constitucional se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta más completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.

Algunos aspectos novedosos que aportará el SNA son el fortalecimiento de las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales, eliminación del principio de anualidad para revisar años previos-; aumento a siete años de la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa (eran tres); que sea un tribunal especializado (el de Justicia Administrativa) que sancione tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.

 

URGE CONSOLIDAR MEDIDAS OPERATIVAS

Se trata de un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción. Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales. Algunas que considero necesarias son las siguientes:

Primero: Fortalecer la aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país mediante la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), “legal y coordinadamente” en el Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”; focalizar y priorizar la tecnología a través de la plataforma nacional digital, que cuente con una base de datos confiable, completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que comúnmente no tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo. Se requiere una reingeniería de esas dependencias e inyectar más recursos humanos de calidad para que el SNA funcione.

Segundo: Fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción, actualmente perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la línea de mando de la FGR para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA en forma colegiada. Debiera nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris, se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema. Nombrar también de manera transparente y pública a los magistrados de las salas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas que sancionarán el caso de faltas administrativas graves y actos de particulares vinculado(a)s con faltas administrativas graves.

Tercero: Reestructurar los Órganos Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos, que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública como originalmente lo fueron antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces SECOGEF y de él como su titular.

Que sean más un área de evaluación, prevención y apoyo para mejorar la planeación, organización y Dirección de la Administración Pública Federal, como lo dictan los cánones universales del “proceso administrativo” en cualquier entidad pública o privada.

Que dejen de ser parcelas de poder y órganos de intimidación, presión y en ocasiones focos de corrupción. Al mismo tiempo fortalecer las áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia. Quizá menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente justificados.

Cuarto: Apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y en general el funcionamiento y desempeño de los programas públicos -muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción-. En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.

 

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Quinto: Ampliar atribuciones a la ASF para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que a partir de los informes de la cuenta pública se proceda con procedimientos concretos y soportados para que se procese a funcionarios que cometieron infracciones y corruptelas. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y sólo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde. Decir que en la cuenta pública se detectaron “desvíos” de miles de millones y no proceder en consecuencia es irresponsable y confuso. Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados contra funcionarios públicos corruptos para garantizar que se castigue a los infractores.

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México”, la corrupción, se deberá dar prioridad a la consolidación del SNA. Sólo así se cumplirá con su prinicipal promesa de campaña. Esto es, fortalecer y consolidar el andamiaje jurídico “Anticorrupción” para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.

 

*** Maestro, Abogado y CP.

[email protected]

Latest articles

Fernando Espino y Guillermo Calderón reconocen labor de los trabajadores del Metro

POR JOSÉ VIEYRA   El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que preside el Ingeniero Fernando Espino Arévalo, refrendó el compromiso de los...

Hay que seguir trabajando en unidad para mejorar al país: Ricardo Monreal

POR SABÁS HERNÁNDEZ Para mejorar las condiciones del país es necesario trabajar en unidad, conciliación, progreso, desarrollo y seguridad, afirmó Ricardo Monreal Ávila, presidente de...

Urge que Sheinbaum ponga atención en colonias de alto riesgo ante sismos: Sandra Cuevas

POR JONATHAN VIEYRA Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, al conmemorarse el 36 aniversario del sismo del 1985 que dejó miles de muertos e inmuebles...

Tres años de retroceso con Claudia Sheinbaum: Nora Arias Contreras

POR JONATHAN VIEYRA   Durante el Tercer Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, no hubo “nada bueno qué decir”, por lo que hay...

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here