POR MARCO ANTONIO FLORES***
Tres acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.
El primero, dar entrada a la iniciativa “inconstitucional” de la consulta para “llevar a juicio a ex presidentes”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por hacer comparsa y reelaboró una pregunta sin pies ni cabeza, en vez de haberla desechado desde el principio.
Segundo, la propuesta de ampliar el periodo del ministro presidente de la SCJN, que surgió desde abril de 2021, pero que hasta agosto rechazó el ministro presidente Arturo Zaldívar, pero que todavía eso no basta, pues falta que la SCJN declare su inconstitucionalidad.
Y tercero, la reciente crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando cinco de sus ministros por mayoría destituyeron a su presidente, José Luis Vargas.
Cuatro meses de incertidumbre sobre el futuro de la SCJN, pero que Zaldívar cortó de tajo con los rumores al anunciar públicamente que rechazaba la ampliación de su periodo en la presidencia de la SCJN y el CJF.
El único frijolito en el arroz: la tardanza para anunciarlo, pues él sabía que era, a todas luces, anticonstitucional la propuesta. Todavía es un misterio quién y por qué introdujo el famoso artículo transitorio a la propuesta de Reforma. Se manejaron varias hipótesis: Que si la idea fue del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; que la iniciativa fue de Ricardo Monreal, al ordenar al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, desde abril pasado, añadir de última hora a la reforma del Poder Judicial un artículo transitorio -el decimotercero- para que Zaldívar presidiera la Corte y el Poder Judicial hasta noviembre de 2024; que fue idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que por eso mismo lo alentaba; que el propio ministro presidente Arturo Zaldívar fue consultado y éste coqueteó con la idea.
Y así más versiones por el mismo estilo, pero nadie ha aclarado de dónde salió la propuesta y cuál era la verdadera intención… y por lo visto nunca sabremos al verdadero autor intelectual.
Pero lo cierto es que ocasionó un gran desgaste y cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial.
Tras la ola de declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, externadas desde el inicio de su administración, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, habría surgido la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el Poder Judicial, como en algún momento lo propuso el líder del Senado, Ricardo Monreal.
Incluso existió temor por parte del ministro presidente de la SCJN de que lo obligaran a renunciar, como ocurrió en el siglo XIX cuando, en 1882, el presidente de la SCJN, Vallarta, fue obligado a renunciar por el presidente Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz. Lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones’y los nombramientos que hacía la Suprema Corte, en las ternas que sometía a la Secretaría de Justicia para cubrir las plazas de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
Retomando el tema de la ampliación de mandato de Zaldívar, siempre quedará en el aire si se trató de una estrategia para presionar, acotar y someter al presidente de la SCJN y su Reforma Judicial… o era el preámbulo -“laboratorio de ensayo”- de la extensión o reelección del mandato presidencial.
Al respecto, habría que tratar de reinterpretar lo que sostuvo el Presidente López Obrador durante todo el debate que la extensión del mandato de Zaldívar estaba en línea con los objetivos de su gobierno para desterrar la corrupción e impulsar una transformación de la vida política de México.
“Para que haya un cambio, se requiere que el ministro Zaldívar (y nadie más) perdure hasta el 2024. No es reelección, es que termine en el 2024; ojalá lo apoye el resto de los ministros, puestos por el antiguo régimen y cuando la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo”, mencionó el Primer Mandatario en junio.
Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, en defensa de la tardanza de su decisión, señala que estuvo esperando a que se aprobara la “Reforma Judicial” para fijar su posición.
Es de resaltar que la “Reforma Judicial”, sin duda, representa un avance en diversos aspectos técnicos de la impartición de justicia. La pregunta es cómo se agilizarán y transparentarán las sentencias, si tales reformas no van de la mano de una profunda reforma administrativa interna. No se realizó una revisión de la gigantesca y compleja estructura del Consejo de la Judicatura Federal, y el papel de sus consejeros para propiciar su modernización.
Se desconoce si se incluyeron temas como compactación de la estructura, contar con una eficiente plataforma tecnologica, establecimiento de mecanismos ágiles de evaluación y vigilancia técnico-administrativa.
Cómo se podrá fortalecer un esquema que, de origen, es un galimatías, con seis consejeros que provienen de tres orígenes distintos -Cámara de Senadores, Diputados y Ejecutivo- que toman decisiones administrativas en forma colegiada con criterios tan disímbolos o que, en su caso, se los encargan a burócratas que elaboran decisiones finales sólo para ser votadas por un pleno abstracto y complejo que conoce más de cuestiones técnicas de la impartición de justicia, pero no así de administrativas.
‘NUEVA CARRERA JUDICIAL’
Entre el Pleno del CJF, la nueva “Escuela de Capacitación judicial” y un Comité Académico, la inquietud que surge es cómo se determinara que los elegidos reúnan los requisitos del “nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles”.
Para establecer una escuela judicial, en la que se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial generando por primera vez una auténtica carrera judicial, se requiere algo más que complejos e indeterminados esquemas de administración y selección, algo más sencillo o más probado.
Tal vez en este tema se podrá tomar como referencia la experiencia del servicio diplomático de carrera. O bien apoyarse en las principales instituciones de educación superior, que imparten la carrera de Derecho, para desde ahí abrir la opción a jóvenes que tengan la vocación judicial con programas elaborados conjuntamente, por ejemplo, entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la SCJN.
En su momento el brillante ex ministro de la SCJN, José Vicente Aguinaco, al referirse a los relevos “externos” para la Suprema Corte, decía: “Es sana la práctica de que vengan de fuera. La endogamia no es buena, en cambio la exogamia sí. Ahí tiene usted -agregó- a las noblezas que se casaban entre sí y de ahí no salían. ¿Qué hijos daban, taraditos ¿no?”.
Se busca con la reforma que los “defensores públicos sean verdaderos abogados de los pobres, que logren llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más olvidada, más discriminada y a aquellos que han perdido la esperanza en la justicia”… pero quién o cómo se garantizará tal propósito.
La figura de la defensoría de oficio tiene décadas de existencia. La pregunta es cómo se hará valer, cómo se garantiza que ahora sí tengan defensorías eficientes y calificadas los más pobres y vulnerables.
Por otro lado el nepotismo, el acoso sexual y el registro patrimonial de servidores públicos existen en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, e incluso en el Código Penal, como delitos y figuras precisas. ¿Por qué no se vinculó la reforma, en materia de corrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción? Las “Contralorías” podrían ser juez y parte, al depender de los funcionarios superiores del Poder Judicial, en cuanto a su nombramiento, funcionamiento y sanciones.
¿Por qué no se abrió, en afán de la transparencia, a nuevos esquemas de requisitos, capacidad y experiencia, apoyados en otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o al conjunto colegiado de quienes integran el SNA? Se entiende como una tarea muy compleja mantener la independencia del Poder Judicial, al tiempo de permitir que otras instancias o Poderes intervengan, pero se pueden diseñar mecanismos que logren más transparencia sin menoscabo de la “autonomía”.
Lo que sí habrá que reconocer, después de todas las recientes pruebas a que estuvo sometido el Poder Judicial, es que existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país. El ministro presidente Arturo Zaldívar mostró habilidad y sensibilidad política para sortear los embates. En el caso de la crisis del TEPJF, su intervención permitió la reconciliación, el diálogo y las atinadas salidas jurídicas con la “renuncia” formal del depuesto magistrado presidente José Luis Vargas, al tiempo que desistió del cargo el designado sustituto, Reyes Rodríguez Mondragón.
Con la elección del magistrado Felipe Fuentes Barrera como presidente del TEPJF, se dio una acertada solución política a la mencionada crisis. Seguramente, de aquí a que termine su Presidencia en 2022, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, seguirá impulsando la muy importante y recién aprobada “Reforma del Poder Judicial”.
Tendrá la oportunidad de hacer los ajustes que se requieran en su implementación. Con ello, la SCJN y el Poder Judicial, en su conjunto, lograrán mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas.
Por una eficiente impartición de justicia y por la búsqueda de un auténtico Estado de Derecho, 130 millones de mexicanos mantendremos el anhelo y la esperanza de que se logre.
*** Académico y consultor.
