LO QUE NO FUE NO SERÁ
¿Robles, más delincuente que Lozoya?
POR MARKOFLOS
En los próximos meses se podrá verificar si la “esperanza” de millones de mexicanos de ver algún cambio sustancial en el Sistema de Justicia Penal se hace realidad.
También si tiene viabilidad la nueva función y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y si, en consonancia, se ven cambios y mejoras en el Poder Judicial Federal.
Todos estamos ávidos de ver que se combata la corrupción en serio y de ver en la cárcel a los corruptos del más alto nivel, a quienes se les comprueben sus fechorías.
Hasta ahora hay dos casos emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación sobre impartición de justicia: El de Rosario Robles, que se encuentra en prisión desde julio de 2019, y el de Emilio Lozoya, quien fue extraditado de España en julio de 2020 y el pasado 11 de agosto realizó sus primeras “denuncias” en calidad de “testigo colaborador”.
Por ello cae “como anillo al dedo” la frase adjudicada a Benito Juárez, “justicia y gracia para los amigos y para los enemigos la ley a secas”.
Se ha dicho hasta el cansancio que la sociedad está muy lastimada por la ausencia de un auténtico Sistema de Justicia Penal.
Hemos sido testigos todos los mexicanos cómo, a través de todos los sexenios “neoliberales”, la justicia penal sólo aplica, en lo general, para los que tienen dinero y cómo miles de inocentes que no cuentan con recursos purgan sentencias injustas sin fundamento y motivación… y en el ámbito político sólo aplica para los enemigos políticos.
El gobierno de la Cuarta Transformación tendría la oportunidad histórica de revertir esos vicios que laceran a la sociedad mexicana en materia de impartición de justicia. Sin embargo, a juzgar por el derrotero que están tomando estos casos, tendremos más de lo mismo, sino es que una nueva versión corregida y aumentada.
No sólo preocupa, es alarmante que a estas alturas el Presidente afirme que en México ya hay un pleno Estado de Derecho y se ha terminado la corrupción y la impunidad… palabras que están en entredicho, pues hace poco declaró que usará el cubrebocas cuando se acabe la corrupción… O sea que jamás lo usará, a menos que vaya a ver a Donald Trump, siempre y cuando todavía no esté la vacuna contra el coronavirus.
CADA SEXENIO TIENE SUS ‘CHIVOS EXPIATORIOS’
No hay nada nuevo bajo el sol. Cada sexenio ha creado sus propias herramientas y ha inventado sus “chivos expiatorios”. José López Portillo tuvo como lema “La solución somos todos“, que el pueblo bueno convirtió en “La corrupción somos todos”.
JLP tuvo su “chivo expiatorio”, metió a la cárcel al Ing. Eugenio Méndez Docurro, quien había sido el artífice del sistema nacional de telecomunicaciones.
Miguel de la Madrid inventó la “Renovación Moral” de la sociedad, creó la SECOGEF, Secretaría de la Contraloría y llevó a la cárcel a Jorge Díaz Serrano, quien logró poner a México entre los cinco primeros productores de petróleo del mundo y construyó la Torre Pemex.
Carlos Salinas de Gortari dio dos golpes “políticos” a la corrupción sindical: Metió a la cárcel a Joaquín Hernández “La Quina”, dirigente de los petroleros, y a Carlos Jongitud, del SNTE, quien fue denunciado, tuvo que dejar la dirigencia y fue su tesorera, Elba Esther Gordillo, quien asumió la dirigencia nacional.
Ernesto Zedillo se le fue a la yugular a su antecesor y metió a la cárcel a Raúl Salinas, el escándalo duró seis años y todo México tuvo que asimilar que su ex presidente y su hermano eran corruptos y “asesino” el segundo. Con ese escándalo se sepultó al PRI-Sistema.
Vicente Fox y Felipe Calderón metieron a la cárcel a algunos militares y a ex funcionarios menores.
Enrique Peña metió a la cárcel a Elba Esther Gordillo. Al final de su sexenio llevó a prisión a cinco ex gobernadores, pero ya su credibilidad estaba por los suelos y no logró capitalizar políticamente esas acciones.
‘SOSPECHOSISMO’ DE VENGANZA POLÍTICA EN CASO ROBLES
A Rosario Robles se le ha considerado “chivo expiatorio” del actual gobierno. No porque sea o no culpable de los delitos que se le atribuyen, sino porque en su proceso no se respetaron las mínimas formas legales.
“La forma es fondo”, decía don Jesús Reyes Heroles y aunque el Presidente López Obrador se ha desmarcado de este proceso, públicamente en varias ocasiones el “sospechosismo” de “venganza política” resulta inevitable.
Se puso en medio a un juez, a quien se le acusó de nepotismo por sus vínculos familiares con Dolores Padierna, enemiga acérrima de Rosario Robles y operadora política cercana al Presidente de la República.
Extrañamente, por su capacidad y experiencia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pareciera pasar por alto la “autonomía” de la nueva FGR y aparentemente también trae “línea”, si se analizan con cuidado sus más recientes declaraciones sobre el caso “Robles”.
Apenas dos días después de hacer públicas las “denuncias” de Lozoya, durante una reunión con académicos de El Colegio de México, el fiscal general fue cuestionado sobre el trato “diferenciado” que se le está dando a Emilio Lozoya y a Rosario Robles, ya que el primero, quien ofreció colaboración con la FGR, está libre, mientras que Robles cumplió un año en prisión.
Al respecto Gertz Manero señaló: “Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está acudiendo… En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país; por favor, por favor, es decir, la jerarquía de daños merecerían la conducta solidaria con el Estado Mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”.
Al otro día Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga, aclaró: “Es falso que nuestra defendida esté acusada de una afectación al erario federal. Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción.
Es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño. Por esta acusación debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad”.
Y ya encarrerado el abogado de Rosario expresa: “El fiscal general da a entender que Robles Berlanga está en prisión por ‘no ser solidaria con el Estado’, dejando en entredicho que nuestra defendida está privada de su libertad por no ‘delatar’ a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada que revelar. Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía”.
Como quien dice, la señal, o más bien la amenaza de la Cuarta Transformación, es: “O me ayudas a hundir a los que quiero hundir o te meto preso”
DESCONCIERTA LA ACTITUD DE GERTZ MANERO.
Coincido con el abogado de Robles, cuando afirma que es incorrecto decir que Rosario está acusada de una afectación al erario federal. Me parece extraño que el fiscal, con su capacidad y experiencia jurídica, haga ese tipo de afirmaciones porque se prestan al sospechosismo y parecieran tener sesgo político.
Primero, porque el tema de las adjudicaciones directas a las Instituciones de Educación Superior o Centros Públicos de Investigación lo establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su Artículo Primero, desde hace más de quince años.
También se estableció que esas contrataciones las pueden hacer con dependencias y entidades de la Administarción Pública federal con dos condiciones: que las contrataciones con terceros no excedan del 49% y que tengan la capacidad técnica para entregar los bienes o servicios que se contraten.
Ambas condiciones deberían cumplirlas las instituciones públicas de Educación Superior. Esta figura fue motivo de abusos por parte de muchas dependencias para evitar licitar, pero en muchos casos fue útil y legítimo su uso para bienes o servicios urgentes en la administración pública. Se convirtió en una “trampa” legal -equivalente a una elusión fiscal-.
A manera de ejemplo análogo, cuando el Código Fiscal permitía la compra de compañías con pérdidas de varios ejercicios de empresas, muchas aprovechaban esta disposición para que sus grandes compañías dedujeran esas pérdidas y evitar el pago de impuestos que correspondía a sus utilidades. Esto se hizo de manera “legal” hasta que se modificó la ley. Así, las adjudicaciones directas, a través de instituciones de educación superior, se volvieron un foco de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y cada año en el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. Desde 2006, esta figura se convirtió en un escaparate mediático de la ASF. Año tras año hizo públicas “desviaciones” de miles de millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora no se había metido a la cárcel a algún funcionario de alto nivel y tampoco a algún rector de todas las decenas de instituciones y universidades públicas que se han involucrado, desde hace casi dos décadas. Destacan la UAEM, UANL, UNAM e IPN.
JURÍDICAMENTE EL TÉRMINO ‘ESTAFA MAESTRA’ NO EXISTE
Por otra parte, el fiscal general sabe que jurídicamente el término “Estafa maestra” no existe. Es un fantasma político inventado por alguno de los intelectuales “próceres” del combate a la corrupción, que fue perfectamente capitalizado por AMLO en su última campaña política que lo llevó a la Presidencia.
“Estafa maestra” se puso de moda debido al libro que lleva ese nombre, escrito por el periodista Manuel Ureste Cava, que en su presentacoión resume lo siguiente: “Dependencias gubernamentales que entregan dinero a universidades públicas que a su vez otorgan contratos a empresas fantasma por cantidades millonarias con el dinero destinado a programas sociales”.
Esta es la maquinaria de la “Estafa maestra” que los periodistas de Animal Político, Manuel Ureste Cava y Nayeli Roldán Sánchez, en asociación con Miriam Castillo Moya, de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, han “destapado” tras un año de intensa investigación.
También publicaron: “El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Sólo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones”.
La “intensa investigación” no se fue más atrás. Se debe recordar que no sólo fueron 11 universidaes las que utilizaron este mecanismo. Fueron al menos treinta universidades con al menos quince dependencias y entidades y con un promedio anual de “desviaciones” era de 4 mil millones de pesos.
Antes de terminar su gestión como auditor superior de la Federación, en 2017, Juan Manuel Portal calificó como un fraude millonario este mecanismo y señaló a las tres principales dependencias responsables de este mecanismo: Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya.
Sin embargo, estas “desviaciones” las hizo públicas durante al menos ocho años de su gestión y nunca armó un expediente fundado que pudiera responsabilizar judicialmente a algún funcionario o rector, de hecho de acuerdo los responsables primeros y directos son los rectores.
El auditor superior tampoco hizo una propuesta seria al Legislativo para modificar esta figura “legal”. Se volvió una costumbre que en los informes de Revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior se incluyeran estas observaciones, sin consecuencia legal alguna. Ejemplos en la 2012 y 2013 se señala: “Convenios de coordinación suscritos con la Administración Pública Federal con la Universidad Autónoma de Chapingo. Se seleccionaron 5 convenios, dos con Sedesol, uno con Conafor, uno con Sagarpa y uno con Diconsa. Se concluyó que la UACH no contaba con la capacidad técnica material y humana para realizar los servicios convenidos, por lo que subcontrató con terceros más del 49% permitido en la Ley.
En algunos casos no hay evidencia de los servicios prestados por las personas subcontratadas y se destinaron recursos federales distintos a los establecidos.
Respecto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, informó la ASF sobre la cuenta pública de 2012 (sexenio de Felipe Calderón) que suscribió 25 contratos por 493 mdp con SCT, SEP, Bansefi, Prodecon, Conavi y GACM con las mismas observaciones de “falta de capacidad y desvío de los recursos”.
En el caso de Rosario Robles como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y en relación con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la ASF señalo: “No se acreditó de forma ‘confiable’ el número de viviendas afectadas por los dos siniestros y se entregaron 117.8 millones de pesos, pese a la discrepancia de información de los beneficiarios”.
ROBLES, EN LA CÁRCEL POR DELITO DE OMISIÓN
Yo no conozco a la señora Robles, pero recuerdo haberla visto en la televisión entregando apoyos en efectivo a muchos damnificados de Oaxaca. El mecansimo multicitado, en todo caso era responsabilidad de sus subalternos (oficial mayor), quien debió haber firmado los convenios con las universidades (rectores). Sin embargo, la “justicia” se le fue directo y a la yugular, acusada por un delito de “omisión”.
Rosario regresó de un viaje del extranjero para presentarse a comparecer ante la justicia y fue puesta en prisión “preventiva” -lleva un año-, a mi juicio, estrictamente jurídico, de manera arbitraria e injusta.
Las medidas cautelares no privilegian la prisión preventiva, puesto que existen delitos que no la ameritan y por los que se aplican otro tipo de medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El abogado de Robles señaló: “…los dichos del fiscal Gertz Manero contravienen el principio de presunción de inocencia de su cliente y demuestran la diferencia entre las “conveniencias políticas de sus testigos colaboradores y los que no tienen ese carácter”.
LOZOYA, EN LIBERTAD POR DELITOS DE LAVADO DE DINERO, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y COHECHO
En el caso de Lozoya, lo que lo motivó a aceptar su “extradición” fue el ofrecimiento de aplicación del “Criterio de oportunidad” que señala el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales, y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También en consonancia con la figura de “Testigo colaborador”, que establece la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal y que define puntualmente qué es un “Testigo colaborador”: “Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.
Antes de que regresara Lozoya de España se refirieron a esta figura jurídica, públicamente, el Presidente López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el líder del Senado, Ricardo Monreal. En política nada es casual, algo sabían.
Debe recordarse que desde 2019, jueces mexicanos ordenaron su captura y el inicio de un proceso penal por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, que son los delitos que motivaron la orden de aprehensión.
El caso Lozoya puede ser el parteaguas para que el gobierno de la 4T proceda legalmente y dejar de lado “juicios mediáticos”.
El Presidente de la República está involucrando públicamente a tres ex presidentes: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y el “innombrable” Carlos Salinas de Gortari. Casualmente las primeras denuncias y filtraciones de Lozoya van en el mismo sentido. El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad. Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares.
IMPORTA MÁS EL GOLPE MEDIÁTICO QUE LA JUSTICIA
La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación.
La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.
Las primeras “denuncias” de Lozoya en las que “confiesa” haber recibido de Odebrecht 4 millones de dólares para la campaña de EPN. Esto, si se comprobara, habría sido un delito electoral que ya prescribió, pero que será muy útil para que AMLO diga una y otra vez que tenía razon respecto a los corruptos del PRIAN.
También circulan filtraciones y videos “anónimos”, en los que se mencionan detalles de las entregas de dinero y sobornos a diferentes personajes del PRIAN. El mismo AMLO ya se adelantó a afirmar que son muestra de los sobornos para la “Reforma Energética” y líderes del Pacto por México. Se involucra a legisladores panistas en principio. Esta danza de millones de dólares y pesos, parece ser sólo el inicio de una cascada de “filtraciones” que se estará dando en los siguientes meses, irán programando los videos con la misión de dar golpes mediáticos… Toda una estrategia de varios capítulos, que incluso el Primer Mandatario lo ha calificado como una gran serie.
Pero de eso a llamar a cuentas a la justicia a los personajes mencionado hay un largo trecho. Ellos dirán que son infundios. AMLO y Morenos dirán “teníamos razón respecto al PRIAN”. Así transcurrirá el tiempo hasta llegar a las elecciones de 2021. Si se logran armar expedientes y pruebas sólidas y se juzgan y encarcelan al menos a algunos de los mencionados, el “pueblo sabio” ratificará su devoción por AMLO. Pero si todo resulta escándalo y simulación, también el pueblo se decepcionará y quizá lo cobre en las urnas.
A PRUEBA EL PODER JUDICIAL
Hasta ahora en el caso de Emilio Lozoya se observa “Gracia y Justicia”… en tanto que en el proceso de Rosario Robles se aplica “La justicia a secas”, o todo el “peso de la Ley”.
Si el caso Lozoya se convierte en cacería política sesgada, parcial y hecho a la medida, más mediática que legal, millones de mexicanos nos lamentaremos y quizás digamos: “Lo que no fue no será” en materia del combate a la corrupción.
Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta – de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos y sugerir juicios “sumarios” o consultas. Debe cumplir con su principal promesa de campaña. Comprometerse, con hechos, y fortalecer nuestro sistema de Justicia Penal, haciendo valer la “autonomía” de la FGR y en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción avanzar en su implementación.
En suma, permitir que estas instituciones actúen con plena autonomía e independencia y con absoluto apego a la legalidad.
Con su declaración, el extitular de la AIC de la FGR se hace pasar como víctima, que no sabe nada y que sólo obedecía órdenes * En el cuestionario que respondió, y que se difunde a menos de un mes del décimo aniversario del caso Ayotzinapa, para nada se menciona al Ejército Mexicano… ¿Qué raro no?
ILDEFONSO PEREYRA
A menos de un mes del décimo aniversario del caso Ayotzinapa, y quizá como regalo para el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se va, tan de moda en estos últimos días, resulta ahora que Tomás Zerón de Lucio involucra a Enrique Peña Nieto.
Zerón de Lucio se muestra como una blanca palomita, que no sabe nada y que solo obedecía órdenes superiores.
Tomás Zerón ha cambiado mucho su discurso, según como le convenga a sus intereses, por lo que a todas luces ahora bien puede ser una más de sus mentiras, perdón, su cambio de discurso.
Ahora resulta que Enrique Peña Nieto creó la “verdad histórica”, la que informó a medios de comunicación el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam.
Eso dice Zerón de Lucio en un cuestionario que contestó. Revela que la “verdad histórica” fue construida en reuniones presididas por Enrique Peña Nieto, en las que participaron los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, general Salvador Cienfuegos, almirante Vidal Soberón, el director del Cisen Eugenio Ímaz, el procurador Jesús Murillo Karam, así como Aurelio Nuño y Eduardo Sánchez, vocero y el jefe de la Oficina de la Presidencia, respectivamente.
Entiendo muy bien que fueran reuniones encabezadas por Peña Nieto, pero de eso a afirmar que Enrique construyera la verdad histórica hay un mundo de diferencia. Es el clásico cabeceo para armar escándalo mediático.
Lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la FGR podría llamar a declarar a Peña Nieto es otro golpe mediático, decir “podría llamar” no se está afirmando nada, solo se menciona un posible hecho.
AL ESTILO MORENA, EVADE ZERÓN RESPONSABILIDAD
Tomás Zerón elude una y otra vez su participación en los hechos y en la toma de decisiones clave, desde la tortura de detenidos, las intercepción de comunicaciones, las líneas de investigación, peritajes, etcétera.
Zerón de Lucio recurre repetidamente en sus respuestas a frases como “dicha información sólo la conocía el Ministerio Público de la Federación por ser el titular de la investigación”, o “desconozco dónde se encuentran los seguimientos telefónicos debido a que no eran mis atribuciones”, o “a mí no me entregaron información alguna sobre vuelos de drones; desconozco si la tiene el titular de la investigación, es decir el Ministerio Público federal”.
Al ser interrogado sobre hechos que están comprobados, responde que desconoce “qué funcionario ordenó la ejecución de esa forma, ya que yo no era superior jerárquico ni instruía al agente del Ministerio Público a realizar o a asentar diligencia o investigación alguna”.
En el cuestionario, Zerón de Lucio no dejó escapar oportunidad alguna para usar la palabra “desconozco”. Lo hizo 31 veces.
Es increíble que ahora Tomás Zerón se pinta prácticamente como un títere, que sólo obedecía, que no sabe nada, no dirigió nada y que todo lo hizo por órdenes superiores.
A todas luces se aprecia como una total mentira, pues él era el jefe de la investigación. Él la dirigía. Es hasta infantil que ahora diga que no sabe nada de nada.
Para muchos especialistas, lo de Zerón es una conducta típica de las autoridades que no quieren reconocer su papel en un crimen y recurren a la frase “No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo”.
IMPUNIDAD
Lo que sale a colación con las respuestas de Zerón de Lucio es la impunidad en que está el caso Ayotzinapa.
Hasta parece que el cuestionario fue a modo, pues no se toca para nada la labor del Ejército Mexicano. ¿Qué raro no? Conste, es pregunta.
Si es que la FGR llama a Peña Nieto, también debería llamar a Miguel Ángel Osorio Chong, al general Salvador Cienfuegos, al almirante Vidal Soberón, al entonces director del Cisen Eugenio Ímaz, al procurador Jesús Murillo Karam, a Aurelio Nuño y a Eduardo Sánchez, personajes que estaban en las juntas… Eso dice Zerón de Lucio.
Llamar a Peña Nieto a declarar no significa que sea culpable. Todo esto más bien suena a “cortina de humo” para desviar los graves problemas que enfrenta México y del cual nadie del gobierno dice nada.
POR MARKOFLOS***
El próximo 1 de agosto de 2021, millones de mexicanos, todos los que creen en la palabra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, le habrán hecho una comparsa absurda, inútil y costosa (580 mdp) en su afán de realizar la consabida consulta, que insiste en hacer creer, servirá para “que se lleve a la cárcel a varios ex presidentes”.
Quién dice que los mexicanos no somos cultos y hasta somos capaces de reconocernos en dos grandes escuelas de la literatura (Franz Kafka) y de la pintura (Kandisnsky).
El México Kafkiano, cuya realidad se vuelve, incomprensible o absurda, como muchas situaciones de las novelas y cuentos de Franz Kafka: “Tuvimos que llegar al siglo XX para consagrar simultáneamente al totalitarismo y al nihilismo de suerte que, en la legislación kafkiana, el mundo tuviese un sentido final, definido por la Ley. En consecuencia, se declara inútil buscar otro sentido a la realidad”.
En su momento se llegó a afirmar que ese reconocido novelista: “No se ha hizo mexicano por temor a los ‘kafkianos’, procedimientos burocráticos a que se hubiera sometido y obligado”.
En el caso del pintor representante mundial del “Expresionismo abstracto”, los mexicanos nos vemos en su espejo, al redactar y “votar” una “Expresión abstracta”, que es en suma lo que se preguntará en la Consulta y que fue elaborada y reelaborada por los tres Poderes de la Unión, ver para creer.
Que lo haya planteado el Ejecutivo federal no está fuera de su narrativa y su “estrategia” política. A través de su técnica discursiva, envuelve al “pueblo” con temas sobre los que influye para que la gente lo perciba y tome posturas en favor o en contra. Así, el Presidente transmite su mensaje en forma abstracta y basada en las emociones al preguntar y afirmar: “¿Verdad que todos los ex presidentes fueron corruptos e inmorales y merecen ir a la cárcel?.. ¿Verdad que sería la forma en que el ‘pueblo sabio’ cobraría venganza de todas sus tropelías cometidas..?
CON LA CONSULTA, AMLO ELUDE SUS RESPONSABILIDADES
Irónicamente AMLO repite una y otra vez que no está de acuerdo en juzgarlos y que lo suyo no es la venganza, que prefiere “borrón y cuenta nueva”. Sin embargo, no cesa de mandar mensajes contradictorios.
En febrero de 2020, afirmó: “Que el ciudadano diga: Sí, queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares. Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas en deuda pública con el Fobaproa. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia (…) Queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción”.
De este modo, al afirmar que en realidad no quiere llevarlos a juicio y que “el pueblo” debe decidir, elude hacerse cargo de sus acciones.
En ésta, como otras ocasiones, nada ni nadie ha podido o ha querido detener al Presidente López Obrador, cuando toma costosas y caprichosas decisiones. La comparsa para llevar a cabo esta “farsa” absurda, la consumaron los Poderes Legislativo y Judicial.
En el Congreso con las actitudes sumisas y aduladoras de los líderes de las Cámaras de Diputados, en ese momento Mario Delgado, y la de Senadores, Ricardo Monreal. También el Presidente y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le hicieron el juego al Ejecutivo federal, al elaborar una pregunta sin pies ni cabeza, que lejos de aclarar confunde al “pueblo” acerca de lo que se preguntará en la consulta pública del 1 de agosto.
Ante la inminente pregunta hay quienes proponen que se le ignore. “Es altamente posible que la consulta popular no tenga viabilidad”, señaló el ex ministro José Ramón Cossío.
“Lo que conviene es llamar al país a la abstención y a desairar los intentos polarizantes del Presidente”, recomendó el consultor Luis Carlos Ugalde, al recordar que se necesita el 40% de participación para que la consulta sea jurídicamente vinculante.
“Espero que un número considerable de ciudadanos no se sumen a ese ejercicio indigno”, dijo el académico José Woldenberg, tras calificar a la consulta como un “carnaval que tiene mucho de espectáculo ultrajante, venganza y operación distractora”.
DELITOS YA PRESCRIBIERON: SANTIAGO NIETO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la mayoría de los delitos que pudieran haber cometido los ex presidentes ya “prescribieron”… ¿Acaso será un “mensaje” de AMLO a sus predecesores de que “no se preocupen”..? Sin embargo, los delitos más recientes de Peña Nieto y de López Obrador no han prescrito. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿Cuáles serían los delitos o los cargos de los que se le podría acusar, cuando sea ex presidente, después de 2024? ¿A AMLO se le llevará a juicio por consulta pública o por la integración de expedientes sustentados jurídicamente..?
“Con la vara que mides serás medido”, “El que a hierro mata a hierro muere”, “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra” son parábolas o frases popularmente conocidas.
AMLO, CON MÁS DELITOS QUE EX PRESIDENTES
Si se pretende acusar a Carlos Salinas de Gortari, por haber aumentado la pobreza, en 2.5 millones, en este sexenio ese “delito” podría traducirse en 15 millones más de pobres.
Si se quiere acusar a Ernesto Zedillo por el Fobaproa -que sirvió para no destruir el sistema financiero nacional-, habrá que cuantificar los desfalcos de recursos públicos que se sumarán al final de este gobierno por negligencia y omisión, tan sólo por la cancelación de aeropuerto van 300 mmdp.
Si se quiere juzgar a Vicente Fox Quesada por el “desafuero”, mejor que se le agradezca, porque le dio a AMLO el arranque de popularidad que necesitaba.
Si se quiere juzgar a Felipe Calderón por los 120 mil muertos de su narcoguerra, habrá que esperar el saldo final de este gobierno, que por lo pronto en dos años y medio ya suman casi 90 mil.
Si se quiere juzgar a Enrique Peña por corrupción, sólo basta revisar los escándalos y los casos que se han hecho públicos en dos años y medio del gobierno de la transformación.
¿Será hasta después de 2024, cuando los mexicanos veamos que se lleva a juicio y a la cárcel a un ex presidente de la República..?
“Con la vara que midas serás medido” es un dicho ampliamente difundido, cuyo origen se remonta a los evangelios canónicos. Cuando se usa popularmente, el refrán sirve como una advertencia a quien lo escucha para apaciguar su discurso castigador en contra de alguien más y recordarle la importancia de comprender a los semejantes para ser tratado de la misma manera.
CONSULTA SIN SUSTENTO JURÍDICO
Ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere realizar una consulta popular para que el “pueblo” decida si se debe juzgar a casi todos los últimos ex presidentes de México, es importante considerar sus razones y también las consecuencias de llevar a cabo juicios “populares”, o mediáticos, al margen de la ley.
Es de sobra conocido que una consulta como la que plantea y alienta el Presidente de la República no tiene sustento jurídico, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no la contempla el Artículo 35, que regula el procedimiento y los temas sobre los cuales puede realizarse.
Aún si se lograra (muy dificíl) que en la consulta voten 36 millones de mexicanos para que tenga carácter “vinculatorio”, no podría, “per se”, ser vinculatoria, ya que la propia Constitución señala que la impartición de justicia sólo puede darse a través de las instancias y los procedimientos que la ley prevé: el Ministerio Público, los jueces, los juzgados y los tribunales que corresponden.
Seguramente no habrá un solo mexicano que no quiera que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares, pero es claro que el Presidente López Obrador no puede enjuiciar a ningún ex presidente porque en sus declaraciones no se configura un delito claro sino solamente acusaciones políticas. El mayor riesgo es la generación de una “gigantesca” expectativa de que por vez primera sea juzgado un ex presidente en México. El “pueblo” quiere eso, como una prueba de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad.
La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber algún ex presidente, bajo un proceso jurídico serio, al menos para saber si es culpable o no- millones de mexicanos empezarán a hablar de que fue una simulación.
DOS PREMISAS PARA CASTIGAR LA CORRUPCIÓN
La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente, aunque -como muchos analistas prevén- la estrategia del Presidente es electoral y quiere mantener la expectativa de la gente hasta las fechas cercanas a las elecciones de 2024.
¿Tendremos los mexicanos la prueba suprema de “combate a la corrupción”, de observar un proceso serio en contra de algún ex presidente en este gobierno? ¿O tendremos que esperar hasta después de 2024 para ver que a un ex presidente se le finque un proceso penal sustentado jurídicamente y no sólo con fines políticos?
“Lo que no fue no será”… no vaya a ser que más temprano que tarde el “pueblo sabio” despierte de su letargo “kafkiano” y de sumergirse en la falsa percepción del “Expresionismo abstracto” de algunos políticos y que emerja el México real. O bien que nos resignemos en el convencimiento de que la percepción es nuestra realidad. Que la lucha anticorrupción sólo puede ser una cacería política sesgada y parcial.
*** ACADÉMICO Y CONSULTOR.
POR MARKOFLOS**
Durante su campaña Andrés Manuel López Obrador prometió vivir y gobernar con austeridad.
A inicio de 2021, el Presidente López Obrador reiteró: “Este año tiene que ser destinado a seguir fortaleciendo la política de Austeridad Republicana; no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno”.
El significado de la Austeridad Republicana se ha convertido en una serie de medidas que oscilan entre la incongruencia, la demagogia y el conservadurismo.
Estamos entre un discurso demagógico tipo “Echeverría”, combinado con las medidas más conservadoras y extremas que podría haber llevado a la práctica Miguel de la Madrid Hurtado, por instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), con daños irreversibles a la administración pública.
Reducción anárquica y por decreto de sueldos a todos los servidores públicos. El recorte de más de 25 mil mandos medios especializados. Desmantelamiento de varias dependencias, suprimiendo subsecretarías “sin ton ni son”. Un claro ejemplo, con los recortes la Secretaría de Gobernación (Segob) quedó lejos de cumplir con las funciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública. Lo mismo en otros sectores: en Turismo, cancelación del Consejo Nacional de Promoción Turística; en Sagarpa se quitó el apoyo a laboratorios y centros de sanidad animal y vegetal, y se improvisó la “nueva Conasupo”, Segalmex, a cargo de quien fuera secretario particular de Luis Echeverría, Ignacio Ovalle.
En Economía se suprimieron las áreas de apoyos a Pymes y “emprendedores”. Se quitó presupuesto y funciones a organismos como el Coneval que realizaba la evaluación de los programas sociales con estándares internacionales de primer orden y ahora los programas sociales se otorgan discrecionalmente… y en muchos casos sin cumplir con las “reglas de operación”.
En sector salud, daños irreversibles a sectores vulnerables como los niños y las madres solteras con la supresión de las estancias infantiles y la escasez de medicamentos para cáncer. Los retrocesos en Educación y sector Energía son dignos de comentarse aparte.
AMLO NO ES EL PRIMER PRESIDENTE QUE RECHAZA LOS LUJOS
Medidas “demagógicas”, que muestran lo que es la Austeridad Republicana, como la pretendida venta del avión presidencial, cuyos gastos de mantenimiento y “pensión” seguimos pagando.
Otra, resultó “más caro el caldo que las albóndigas” fue la decisión del Presidente Andrés Manuel: Dejar de vivir en la “lujosa” residencia oficial de Los Pinos para mudarse nada menos que a Palacio Nacional.
Como ejemplo de Austeridad Republicana, combate al lujo, la ostentación y la opulencia, el Primer Mandatario se llevó a su familia a vivir a un Palacio Nacional que es un “Museo Nacional”, un museo que pertenece al pueblo.
En México los presidentes habían vivido desde 1934 en la residencia oficial de Los Pinos.
Pero esto tiene su historia, similar a AMLO. Resulta que el presidente Lázaro Cárdenas declinó vivir en el Castillo de Chapultepec por considerarlo ostentoso, un pensamiento igual de ya sabes quién.
Ante los lujos del Castillo, decidió vivir en un rancho que terminó por convertirse en Los Pinos.
El dictador Porfirio Díaz fue el último que utilizó como residencia el Palacio Nacional. AMLO no nos engañó, unos meses antes de las elecciones de 2018 se tomó una foto frente a Palacio y dijo: “Después de las elecciones presidenciales de julio de 2018, o me voy a Palacio Nacional o me voy a La Chingada”, que irónicamente es el nombre de su rancho ubicado en Palenque, Chiapas.
REMODELACIÓN EN PALACIO NACIONAL
Recientemente se ha publicado y criticado que el Ejecutivo federal haya invertido en remodelar algunas áreas del Palacio Nacional, lo que, viéndolo bien, resulta beneficioso para la histórica construcción.
Se quitaron viejos pisos, se demolieron muros y se retiraron falsos plafones. Se eliminó una vieja alfombra pegada al suelo y se desinstalaron tuberías.
Los suelos se cubrieron de parquets de madera de encino americano y tzalam. Llegaron tableros de madera de cedro rojo, 170 metros cuadrados de muros se cubrieron con tapiz de tela, se cambiaron focos, se pusieron nuevas luminarias, se mejoró el aire acondicionado.
Se cambiaron los parasoles de todas las ventanas de Palacio Nacional: 63 carpas repelentes al agua de lluvia para los balcones del hogar del presidente, donde hacía 135 años nadie vivía. La remodelación de un “Museo del Pueblo” es buena por donde se le vea si se gastaron 9 millones, 19 o 29 mdp en la remodelación, no debiera ser motivo de escándalo, parece estar plenamente justificado por la mejora a ese lugar histórico, orgullo del pueblo de México.
Lo que sí es motivo de escándalo es la mentira y la manipulación. Hablar de “austeridad” cuando se vive como un rey en un gran Palacio rodeado de lujos.
Es un engaño recomendar al “pueblo”, como lo ha hecho en sus Mañaneras, no tener aspiraciones materiales, conformarse con el vestido y el sustento básico, hablar de espiritualidad y de sencillez, cuando ahora no hay día que no estrene traje de finos casimires y atuendos de marca. Y qué bueno, los mexicanos queremos ver un presidente bien vestido y hasta elegante, pero lo que puede provocar decepción es la incongruencia, la mentira y el engaño.
HIJOS DE AMLO MANDAN AL CARAJO LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
Otra gran incongruencia, que es pública y enturbia el discurso de austeridad y anticorrupción, del Presidente es la forma de vivir de sus tres hijos mayores.
Del mayor, José Ramón López, se sabe que con su esposa brasileña se da vida de príncipe. Una lujosa vida, con residencia en Houston, Texas, que no tiene recato en mostrar en sus redes sociales.
Recientemente se hicieron virales fotografías publicadas con su pareja disfrutando de unas vacaciones en Aspen, Colorado, un destino de superlujo.
Los hijos del Presidente, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán se convirtieron públicamente en el ejemplo de la opulencia, el oprobio y los excesos.
Andrés Manuel López Beltrán, el más político de los hermanos, quien podría ser el orgullo del “nepotismo presidencial”, ya cuenta en el gobierno de la 4T con una superestructura de funcionarios jóvenes que reportan primero en su escritorio, y después en el del Ejecutivo federal.
El más pequeño de los López Beltrán, Gonzalo Alfonso, se fue a “trabajar” en la estructura del equipo de Los Gigantes de San Francisco. A mediados de 2019, se hizo pública una fotografía en la que el hijo del Presidente compartía el palco de honor del estadio regiomontano de los Sultanes, con los empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim.
¿PRIMERO LA FAMILIA O PRIMERO LOS POBRES?
Primero la familia y “primero los pobres”. Qué autoridad moral le dejan sus hijos al Primer Mandatario para insistir con su discurso de austeridad.
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, ¿o sí? Para una austeridad genuina, se requiere predicar con el ejemplo. ¿Austeridad Republicana para quién? López Obrador ve en la austeridad una medida propobre y protrabajador: en su lógica, los pobres ya están siendo protegidos por programas sociales y el resto de la población tiene dinero suficiente para salir adelante.
La interpretación del Presidente no sólo es incorrecta, sino que también es perjudicial. El costo para los más pobres será enorme: los programas sociales de AMLO no cubren a todos.
En México hay 22 millones de beneficiarios de estos programas y 52 millones de pobres en “crescendo” cada dia.
AMLO, quien ahora se ostenta como el “mejor presidente del mundo”, debería tomar como ejemplo a otros mandatarios que, ante la crisis, han tomado medidas en favor de las clases más vulnerables… como lo hace Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, quien sin ambages ni desplantes demagógicos, a 100 días de su gobierno dispuso: Ayuda a las familias para pagar el cuidado infantil (que incluye el preescolar gratuito para personas de bajos ingresos), así como proporcionar licencia familiar y médica pagada; un “Plan de Empleo Estadounidense”, en el que no sólo se propone aumentar la producción industrial en Estados Unidos, sino hacerlo de una forma sostenible. Este proyecto pondrá a los ingenieros y empleados de la construcción a trabajar en obras “más eficientes” desde el punto de vista energético.
“No hay razón para que las aspas de las turbinas eólicas no se puedan construir en Pittsburgh en lugar de Pekín”, afirmó Biden.
El programa incluye un aumento del salario mínimo a US$15. Se prevé una enorme inversión en infraestructuras -“crear millones de empleos bien remunerados, trabajos con los que los estadounidenses pueden cuidar a sus familias”-.
De este plan de infraestructura se espera contribuir también a generar más impuestos, busca desde mejorar aeropuertos y carreteras hasta invertir en escuelas, calidad del agua o acceso a Internet.
Biden anunció que elevará la tasa de impuestos corporativos, para obligar a los que ganen más de US$400.000 al año y a las multinacionales a pagar significativamente más en impuestos.
Ahora resulta que el imperialismo “yanqui”, el capitalismo a ultranza, aplica medidas de “izquierda”, de verdad transformadoras, basadas en la tesis Keynesiana de mayor gasto público, con expectativas más efectivas para apoyar a su población más vulnerable.
Y también resulta que los gobiernos “populistas de izquierda” en América Latina, en particular el de la 4T en México, aplican medidas conservadoras en la doctrina económica universal, como la mal llamada Austeridad Republicana, que parecen recetas del FMI y de los otrora llamados “Chicago boys”, con recortes draconianos, reducción del gasto público y ausencia de un plan de infraestructura nacional… pareciera que la consigna es el incremento de pobres y alejamiento de mejores condiciones de vida en el largo plazo.
PODRÍA PERDER CREDIBILIDAD
López Obrador puede perder credibilidad si no empieza por limpiar la casa y nos convence de que la Austeridad no es sinonimo de demagogia, sino toma de decisiones bien planeadas y estructuradas, que ayuden a detonar crecimiento económico, empleo y mejora de las condiciones de vida de millones de mexicanos.
No vaya a ser que nos quedemos esperando alguna “Transformación” y después digamos: “Lo que no fue no será”.
Ante una crisis como la actual, AMLO tiene que dejar a un lado sus ideas preconcebidas y estar abierto a la realidad.
Aunque se presuma como “El mejor presidente del mundo”, puede aprender de otros mortales como Biden, Trudeau, Merkel o Macron. ¡Que alguien le explique..!
** Académico y consultor
