POR MARKOFLOS
En los próximos meses se podrá verificar si la “esperanza” de millones de mexicanos de ver algún cambio sustancial en el Sistema de Justicia Penal se hace realidad.
También si tiene viabilidad la nueva función y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y si, en consonancia, se ven cambios y mejoras en el Poder Judicial Federal.
Todos estamos ávidos de ver que se combata la corrupción en serio y de ver en la cárcel a los corruptos del más alto nivel, a quienes se les comprueben sus fechorías.
Hasta ahora hay dos casos emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación sobre impartición de justicia: El de Rosario Robles, que se encuentra en prisión desde julio de 2019, y el de Emilio Lozoya, quien fue extraditado de España en julio de 2020 y el pasado 11 de agosto realizó sus primeras “denuncias” en calidad de “testigo colaborador”.
Por ello cae “como anillo al dedo” la frase adjudicada a Benito Juárez, “justicia y gracia para los amigos y para los enemigos la ley a secas”.
Se ha dicho hasta el cansancio que la sociedad está muy lastimada por la ausencia de un auténtico Sistema de Justicia Penal.
Hemos sido testigos todos los mexicanos cómo, a través de todos los sexenios “neoliberales”, la justicia penal sólo aplica, en lo general, para los que tienen dinero y cómo miles de inocentes que no cuentan con recursos purgan sentencias injustas sin fundamento y motivación… y en el ámbito político sólo aplica para los enemigos políticos.
El gobierno de la Cuarta Transformación tendría la oportunidad histórica de revertir esos vicios que laceran a la sociedad mexicana en materia de impartición de justicia. Sin embargo, a juzgar por el derrotero que están tomando estos casos, tendremos más de lo mismo, sino es que una nueva versión corregida y aumentada.
No sólo preocupa, es alarmante que a estas alturas el Presidente afirme que en México ya hay un pleno Estado de Derecho y se ha terminado la corrupción y la impunidad… palabras que están en entredicho, pues hace poco declaró que usará el cubrebocas cuando se acabe la corrupción… O sea que jamás lo usará, a menos que vaya a ver a Donald Trump, siempre y cuando todavía no esté la vacuna contra el coronavirus.
CADA SEXENIO TIENE SUS ‘CHIVOS EXPIATORIOS’
No hay nada nuevo bajo el sol. Cada sexenio ha creado sus propias herramientas y ha inventado sus “chivos expiatorios”. José López Portillo tuvo como lema “La solución somos todos“, que el pueblo bueno convirtió en “La corrupción somos todos”.
JLP tuvo su “chivo expiatorio”, metió a la cárcel al Ing. Eugenio Méndez Docurro, quien había sido el artífice del sistema nacional de telecomunicaciones.
Miguel de la Madrid inventó la “Renovación Moral” de la sociedad, creó la SECOGEF, Secretaría de la Contraloría y llevó a la cárcel a Jorge Díaz Serrano, quien logró poner a México entre los cinco primeros productores de petróleo del mundo y construyó la Torre Pemex.
Carlos Salinas de Gortari dio dos golpes “políticos” a la corrupción sindical: Metió a la cárcel a Joaquín Hernández “La Quina”, dirigente de los petroleros, y a Carlos Jongitud, del SNTE, quien fue denunciado, tuvo que dejar la dirigencia y fue su tesorera, Elba Esther Gordillo, quien asumió la dirigencia nacional.
Ernesto Zedillo se le fue a la yugular a su antecesor y metió a la cárcel a Raúl Salinas, el escándalo duró seis años y todo México tuvo que asimilar que su ex presidente y su hermano eran corruptos y “asesino” el segundo. Con ese escándalo se sepultó al PRI-Sistema.
Vicente Fox y Felipe Calderón metieron a la cárcel a algunos militares y a ex funcionarios menores.
Enrique Peña metió a la cárcel a Elba Esther Gordillo. Al final de su sexenio llevó a prisión a cinco ex gobernadores, pero ya su credibilidad estaba por los suelos y no logró capitalizar políticamente esas acciones.
‘SOSPECHOSISMO’ DE VENGANZA POLÍTICA EN CASO ROBLES
A Rosario Robles se le ha considerado “chivo expiatorio” del actual gobierno. No porque sea o no culpable de los delitos que se le atribuyen, sino porque en su proceso no se respetaron las mínimas formas legales.
“La forma es fondo”, decía don Jesús Reyes Heroles y aunque el Presidente López Obrador se ha desmarcado de este proceso, públicamente en varias ocasiones el “sospechosismo” de “venganza política” resulta inevitable.
Se puso en medio a un juez, a quien se le acusó de nepotismo por sus vínculos familiares con Dolores Padierna, enemiga acérrima de Rosario Robles y operadora política cercana al Presidente de la República.
Extrañamente, por su capacidad y experiencia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pareciera pasar por alto la “autonomía” de la nueva FGR y aparentemente también trae “línea”, si se analizan con cuidado sus más recientes declaraciones sobre el caso “Robles”.
Apenas dos días después de hacer públicas las “denuncias” de Lozoya, durante una reunión con académicos de El Colegio de México, el fiscal general fue cuestionado sobre el trato “diferenciado” que se le está dando a Emilio Lozoya y a Rosario Robles, ya que el primero, quien ofreció colaboración con la FGR, está libre, mientras que Robles cumplió un año en prisión.
Al respecto Gertz Manero señaló: “Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está acudiendo… En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país; por favor, por favor, es decir, la jerarquía de daños merecerían la conducta solidaria con el Estado Mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”.
Al otro día Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga, aclaró: “Es falso que nuestra defendida esté acusada de una afectación al erario federal. Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción.
Es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño. Por esta acusación debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad”.
Y ya encarrerado el abogado de Rosario expresa: “El fiscal general da a entender que Robles Berlanga está en prisión por ‘no ser solidaria con el Estado’, dejando en entredicho que nuestra defendida está privada de su libertad por no ‘delatar’ a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada que revelar. Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía”.
Como quien dice, la señal, o más bien la amenaza de la Cuarta Transformación, es: “O me ayudas a hundir a los que quiero hundir o te meto preso”
DESCONCIERTA LA ACTITUD DE GERTZ MANERO.
Coincido con el abogado de Robles, cuando afirma que es incorrecto decir que Rosario está acusada de una afectación al erario federal. Me parece extraño que el fiscal, con su capacidad y experiencia jurídica, haga ese tipo de afirmaciones porque se prestan al sospechosismo y parecieran tener sesgo político.
Primero, porque el tema de las adjudicaciones directas a las Instituciones de Educación Superior o Centros Públicos de Investigación lo establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su Artículo Primero, desde hace más de quince años.
También se estableció que esas contrataciones las pueden hacer con dependencias y entidades de la Administarción Pública federal con dos condiciones: que las contrataciones con terceros no excedan del 49% y que tengan la capacidad técnica para entregar los bienes o servicios que se contraten.
Ambas condiciones deberían cumplirlas las instituciones públicas de Educación Superior. Esta figura fue motivo de abusos por parte de muchas dependencias para evitar licitar, pero en muchos casos fue útil y legítimo su uso para bienes o servicios urgentes en la administración pública. Se convirtió en una “trampa” legal -equivalente a una elusión fiscal-.
A manera de ejemplo análogo, cuando el Código Fiscal permitía la compra de compañías con pérdidas de varios ejercicios de empresas, muchas aprovechaban esta disposición para que sus grandes compañías dedujeran esas pérdidas y evitar el pago de impuestos que correspondía a sus utilidades. Esto se hizo de manera “legal” hasta que se modificó la ley. Así, las adjudicaciones directas, a través de instituciones de educación superior, se volvieron un foco de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y cada año en el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública. Desde 2006, esta figura se convirtió en un escaparate mediático de la ASF. Año tras año hizo públicas “desviaciones” de miles de millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora no se había metido a la cárcel a algún funcionario de alto nivel y tampoco a algún rector de todas las decenas de instituciones y universidades públicas que se han involucrado, desde hace casi dos décadas. Destacan la UAEM, UANL, UNAM e IPN.
JURÍDICAMENTE EL TÉRMINO ‘ESTAFA MAESTRA’ NO EXISTE
Por otra parte, el fiscal general sabe que jurídicamente el término “Estafa maestra” no existe. Es un fantasma político inventado por alguno de los intelectuales “próceres” del combate a la corrupción, que fue perfectamente capitalizado por AMLO en su última campaña política que lo llevó a la Presidencia.
“Estafa maestra” se puso de moda debido al libro que lleva ese nombre, escrito por el periodista Manuel Ureste Cava, que en su presentacoión resume lo siguiente: “Dependencias gubernamentales que entregan dinero a universidades públicas que a su vez otorgan contratos a empresas fantasma por cantidades millonarias con el dinero destinado a programas sociales”.
Esta es la maquinaria de la “Estafa maestra” que los periodistas de Animal Político, Manuel Ureste Cava y Nayeli Roldán Sánchez, en asociación con Miriam Castillo Moya, de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, han “destapado” tras un año de intensa investigación.
También publicaron: “El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Sólo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones”.
La “intensa investigación” no se fue más atrás. Se debe recordar que no sólo fueron 11 universidaes las que utilizaron este mecanismo. Fueron al menos treinta universidades con al menos quince dependencias y entidades y con un promedio anual de “desviaciones” era de 4 mil millones de pesos.
Antes de terminar su gestión como auditor superior de la Federación, en 2017, Juan Manuel Portal calificó como un fraude millonario este mecanismo y señaló a las tres principales dependencias responsables de este mecanismo: Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya.
Sin embargo, estas “desviaciones” las hizo públicas durante al menos ocho años de su gestión y nunca armó un expediente fundado que pudiera responsabilizar judicialmente a algún funcionario o rector, de hecho de acuerdo los responsables primeros y directos son los rectores.
El auditor superior tampoco hizo una propuesta seria al Legislativo para modificar esta figura “legal”. Se volvió una costumbre que en los informes de Revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior se incluyeran estas observaciones, sin consecuencia legal alguna. Ejemplos en la 2012 y 2013 se señala: “Convenios de coordinación suscritos con la Administración Pública Federal con la Universidad Autónoma de Chapingo. Se seleccionaron 5 convenios, dos con Sedesol, uno con Conafor, uno con Sagarpa y uno con Diconsa. Se concluyó que la UACH no contaba con la capacidad técnica material y humana para realizar los servicios convenidos, por lo que subcontrató con terceros más del 49% permitido en la Ley.
En algunos casos no hay evidencia de los servicios prestados por las personas subcontratadas y se destinaron recursos federales distintos a los establecidos.
Respecto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, informó la ASF sobre la cuenta pública de 2012 (sexenio de Felipe Calderón) que suscribió 25 contratos por 493 mdp con SCT, SEP, Bansefi, Prodecon, Conavi y GACM con las mismas observaciones de “falta de capacidad y desvío de los recursos”.
En el caso de Rosario Robles como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y en relación con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la ASF señalo: “No se acreditó de forma ‘confiable’ el número de viviendas afectadas por los dos siniestros y se entregaron 117.8 millones de pesos, pese a la discrepancia de información de los beneficiarios”.
ROBLES, EN LA CÁRCEL POR DELITO DE OMISIÓN
Yo no conozco a la señora Robles, pero recuerdo haberla visto en la televisión entregando apoyos en efectivo a muchos damnificados de Oaxaca. El mecansimo multicitado, en todo caso era responsabilidad de sus subalternos (oficial mayor), quien debió haber firmado los convenios con las universidades (rectores). Sin embargo, la “justicia” se le fue directo y a la yugular, acusada por un delito de “omisión”.
Rosario regresó de un viaje del extranjero para presentarse a comparecer ante la justicia y fue puesta en prisión “preventiva” -lleva un año-, a mi juicio, estrictamente jurídico, de manera arbitraria e injusta.
Las medidas cautelares no privilegian la prisión preventiva, puesto que existen delitos que no la ameritan y por los que se aplican otro tipo de medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El abogado de Robles señaló: “…los dichos del fiscal Gertz Manero contravienen el principio de presunción de inocencia de su cliente y demuestran la diferencia entre las “conveniencias políticas de sus testigos colaboradores y los que no tienen ese carácter”.
LOZOYA, EN LIBERTAD POR DELITOS DE LAVADO DE DINERO, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y COHECHO
En el caso de Lozoya, lo que lo motivó a aceptar su “extradición” fue el ofrecimiento de aplicación del “Criterio de oportunidad” que señala el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales, y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También en consonancia con la figura de “Testigo colaborador”, que establece la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal y que define puntualmente qué es un “Testigo colaborador”: “Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.
Antes de que regresara Lozoya de España se refirieron a esta figura jurídica, públicamente, el Presidente López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el líder del Senado, Ricardo Monreal. En política nada es casual, algo sabían.
Debe recordarse que desde 2019, jueces mexicanos ordenaron su captura y el inicio de un proceso penal por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, que son los delitos que motivaron la orden de aprehensión.
El caso Lozoya puede ser el parteaguas para que el gobierno de la 4T proceda legalmente y dejar de lado “juicios mediáticos”.
El Presidente de la República está involucrando públicamente a tres ex presidentes: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y el “innombrable” Carlos Salinas de Gortari. Casualmente las primeras denuncias y filtraciones de Lozoya van en el mismo sentido. El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad. Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares.
IMPORTA MÁS EL GOLPE MEDIÁTICO QUE LA JUSTICIA
La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación.
La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.
Las primeras “denuncias” de Lozoya en las que “confiesa” haber recibido de Odebrecht 4 millones de dólares para la campaña de EPN. Esto, si se comprobara, habría sido un delito electoral que ya prescribió, pero que será muy útil para que AMLO diga una y otra vez que tenía razon respecto a los corruptos del PRIAN.
También circulan filtraciones y videos “anónimos”, en los que se mencionan detalles de las entregas de dinero y sobornos a diferentes personajes del PRIAN. El mismo AMLO ya se adelantó a afirmar que son muestra de los sobornos para la “Reforma Energética” y líderes del Pacto por México. Se involucra a legisladores panistas en principio. Esta danza de millones de dólares y pesos, parece ser sólo el inicio de una cascada de “filtraciones” que se estará dando en los siguientes meses, irán programando los videos con la misión de dar golpes mediáticos… Toda una estrategia de varios capítulos, que incluso el Primer Mandatario lo ha calificado como una gran serie.
Pero de eso a llamar a cuentas a la justicia a los personajes mencionado hay un largo trecho. Ellos dirán que son infundios. AMLO y Morenos dirán “teníamos razón respecto al PRIAN”. Así transcurrirá el tiempo hasta llegar a las elecciones de 2021. Si se logran armar expedientes y pruebas sólidas y se juzgan y encarcelan al menos a algunos de los mencionados, el “pueblo sabio” ratificará su devoción por AMLO. Pero si todo resulta escándalo y simulación, también el pueblo se decepcionará y quizá lo cobre en las urnas.
A PRUEBA EL PODER JUDICIAL
Hasta ahora en el caso de Emilio Lozoya se observa “Gracia y Justicia”… en tanto que en el proceso de Rosario Robles se aplica “La justicia a secas”, o todo el “peso de la Ley”.
Si el caso Lozoya se convierte en cacería política sesgada, parcial y hecho a la medida, más mediática que legal, millones de mexicanos nos lamentaremos y quizás digamos: “Lo que no fue no será” en materia del combate a la corrupción.
Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta – de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos y sugerir juicios “sumarios” o consultas. Debe cumplir con su principal promesa de campaña. Comprometerse, con hechos, y fortalecer nuestro sistema de Justicia Penal, haciendo valer la “autonomía” de la FGR y en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción avanzar en su implementación.
En suma, permitir que estas instituciones actúen con plena autonomía e independencia y con absoluto apego a la legalidad.
