POR JOSÉ VIEYRA
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados votó en contra de la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular porque promueve la impunidad, es ambigua, no garantiza un resultado vinculatorio, viola la presunción de inocencia y pervierte un derecho ciudadano en beneficio de una bandera electoral.
“Seremos muy respetuosos del mandato de las urnas en las elecciones y de los resultados de las consultas populares, pero no respaldaremos que engañen a la ciudadanía con este ejercicio. La justicia no se consulta, se aplica”, añaden los legisladores del partido tricolor.
No hay ningún impedimento jurídico para investigar y, en su caso, sancionar a quienes cometieron ilícitos. Ningún ex funcionario cuenta con fuero o inmunidad constitucional, por lo que si las instituciones correspondientes tienen pruebas deben iniciar un proceso en su contra de inmediato, expresan los diputados priístas.
La pregunta de enjuiciar a ex presidentes fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su lugar se elaboró una que es confusa y, por lo tanto, inútil para hacer una consulta popular.
Además, esta consulta no tendrá como resultado un acto de justicia al daño causado por las decisiones de actores políticos en el pasado y mucho menos será un mecanismo para empoderar a las ciudadanas y ciudadanos frente a las decisiones del gobierno.
La prioridad del gobierno no debería ser desviar recursos a fines políticos sino invertirlos en proyectos que verdaderamente ayuden a las familias.
En la crisis económica en la que estamos no es idóneo soportar un gasto de esta magnitud.
Finalmente, los legisladores enfatizan: “En el PRI actuaremos con responsabilidad y congruencia, por eso no respaldaremos una nueva distracción a los verdaderos problemas de México ni pasaremos sobre los Derechos Humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso”.
Diputados del PRI aseveran que siempre estarán en favor de los mecanismos de participación ciudadana que se traducen en el ejercicio de control a la gestión pública y rendición de cuentas, pero no están dispuestos a contribuir con esta farsa.
