NACIONAL
Militares y narcos detuvieron a los 43 de Ayotzinapa: Testigo protegido
POR JOSÉ VIEYRA
El Grupo Reforma difunde que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con treinta personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios.
Un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y luego entregado a los narcos para su desaparición. Algunos de los interrogados fueron entregados muertos.
Así lo declaró a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de los muchachos.
Las revelaciones de “Juan” llevaron a la aprehensión del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con los hechos.
“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, declaró “Juan” el 10 de febrero de 2020.
El testigo protegido explicó que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero. Los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes que hacían una protesta en Iguala.
Fueron tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía estatal, y a otro el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El propósito era interrogarlos para saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario.
Los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como “Los Tilos”, quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.
En un domicilio de Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados a machetazos y hachazos. Después, los trasladaron a Servicios Funerarios “El Ángel”, a las afueras de Iguala.
Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.
Según la versión, policías estatales confabulados con los narcos sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones.
Una parte de las cenizas que no fueron dispersadas en las afueras de Iguala, fueron entregadas por los narcos a un agente de la Policía Ministerial de Guerrero de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca, el 3 o 4 de octubre de 2014, con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones. El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos, e inclusive a ‘sembrar’ casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula.
Esta operación confabulada entre narcos y autoridades estatales tenía el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva, y no a los capos, de la desaparición de los normalistas.
La Procuraduría General de la República (PGR) fincó en el “hallazgo” de Cocula la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y procedió a la detención de algunos sicarios, del entonces alcalde del PRD, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y de policías municipales.
CREMATORIO CON PROTECCIÓN OFICIAL
Según ‘Juan’, restos de cuerpos de normalistas y otras personas detenidas la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron llevados a la Funeraria “El Ángel”, misma que era usada por las autoridades como Semefo.
El cártel de Guerreros Unidos tenía control del crematorio, pues habitualmente ahí desaparecía a sus enemigos. Las autoridades locales no lo impedían, sino que incluso lo protegían.
“Se los llevaron en bolsas como las que transportan valores, muy gruesas, de plástico transparente; se transportaron en camionetas. Se hicieron varios viajes que les llevó más o menos dos a tres horas de ir y venir. No sé cuántas camionetas intervinieron, pero entre ellas había una camioneta Tacoma blanca que era doble cabina, con su batea descubierta. Para llevar los restos al crematorio se decidió destazar para que hubiera más capacidad y meterlos al horno crematorio”, dice el testimonio.
La operación de traslado de cuerpos al crematorio, su incineración y el regreso de las cenizas para su dispersión duró dos días, según el relato.
El jefe de plaza de Guerreros Unidos, conocido como “El Minicooper”, fue quien hizo práctica común el uso del crematorio. Una persona que el declarante “Juan” describe como bajo de estatura, tez clara, de entre 35 y 40 años de edad, era el responsable del uso de los hornos.
“Lo ubico porque a ese tipo una vez El Minicooper le hizo entrega de una camioneta Honda Element gris, se veía como modelo reciente, esto en pago por sus servicios que es permitir que el grupo Guerreros Unidos usara el crematorio para incinerar gente que había sido asesinada”, dijo.
DENUNCIA SEGOB ‘FILTRACIÓN’ DEL CASO AYOTZINAPA
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa presentará una denuncia penal por la “filtración” del expediente del caso sobre los normalistas desaparecidos, publicado este miércoles por REFORMA.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la denuncia se hará ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Como lo hemos señalado, este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa; la credibilidad de las instituciones que participan en ésta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como la integridad de las personas que forman parte de estas investigaciones”, señaló.
La diputada y el abogado están de plácemes en el marco del Día del Hombre * Lanzan una iniciativa que fomenta una cultura de respeto, oportunidades, tolerancia y comprensión
PAMELA ARAMBURO CORCES
En un esfuerzo por promover la igualdad de oportunidades y erradicar la violencia de género, la diputada Ana Buendía se unió a David Torres Cadena, líder en la promoción de la masculinidad y reconciliación de los géneros, para celebrar el Día del Hombre de manera diferente.
Es de resaltar que juntos lanzaron una iniciativa que busca reconciliar géneros y fomentar una cultura de respeto, oportunidades, tolerancia y comprensión.
“Es hora de dejar atrás los estereotipos y las barreras que nos separan y llevar a cabo la reconciliación de los géneros”, declaró la diputada Buendía.
“La masculinidad no debe ser sinónimo de dominación o violencia. Queremos mostrar que los hombres merecemos presunción de inocencia, que no por ser hombre se es malo y que debemos coexistir y colaborar en armonía, evitando denuncias falsas y alienación parental”, expresa el abogado Torres Cadena.
Durante el evento se abordaron temas como las denuncias falsas, alienación parental, el derecho de los hijos a convivir con ambos padres, la violencia de género y la reconciliación de los géneros.
MARCHA PACÍFICA EN EL DÍA DEL HOMBRE
La marcha pacífica planteada por: Agustín Ramírez y Fernanda Obando, líderes de la Organización Otro Cumpleaños sin ti; Víctor Avilés, de Unidos por la Igualdad, entre otras, se da en el marco del Día del Hombre, este sábado 16 de noviembre, con la participación de líderes comunitarios, activistas y ciudadanos interesados en la causa.
La unión de fuerzas de Ana Buendía y David Torres Cadena es un paso importante hacia la reconciliación de géneros.
La iniciativa es un llamado a la acción para que todos los sectores de la sociedad se unan en la lucha por un futuro más justo y encaminarse hacia la paz.
La sociedad necesita personajes como Buendía y Torres para lograr un México mejor.
Pese a estar al corriente en sus rentas, son desalojados para beneficio de los dueños
ILDEFONSO PEREYRA
La vivienda es una de las necesidades básicas para cualquier persona, hasta el punto de que el derecho a un hogar digno está recogido en nuestra Constitución Política.
A pesar de ello, los dueños de pisos y casas en alquiler a menudo suben los precios en busca de sus propios intereses, sin pensar en los demás. Hay arrendadores que llevan a cabo todo tipo de tretas para verse aún más beneficiados económicamente. Esto viene a colación por un individuo que tiene por nombre Alejandro Quiroz Robles.
Quiroz Robles ha amenazado a inquilinos que viven en una unidad habitacional de la calle Gabriel Mancera, colonia Del Valle, entre ellos a una mujer de la tercera edad que ha visto cómo su casero ha provocado un desalojo forzado con el objetivo posterior de elevar al doble el precio establecido de alquiler.
Anteriormente, el dueño del piso ya había buscado incrementar el precio en otras ocasiones, pero sin éxito. Debido a ello, el arrendador decidió realizar una jugada sucia y consiguió que la anciana dejase el piso, pero con medios ilegales que fueron descubiertos un tiempo después.
Para romper un contrato de alquiler, existen varias opciones para el propietario bajo una serie de requisitos. Una de las alternativas consiste en necesitar el inmueble para uso propio o de un familiar de grado uno, justo lo que el propietario argumentó.
Ante esa petición, a la inquilina, de 87 años de edad, no le quedó otra que dejar vacía la casa y trasladarse a otra parte, tal y como explica la hija de la perjudicada.
“Fue un infierno. Pasamos por un período bastante difícil. Ella ya no comía y ya no dormía”, explica la hija de la señora, la anciana que vivía en uno de los departamentos de la dirección antes mencionada. La situación económica era agobiante: en la residencia privada pagaba cuatro veces más de lo que desembolsaba en el piso alquilado.
El arrendamiento es un acuerdo entre personas, que siempre está sujeto a las decisiones de una u otra parte. Sin embargo, en el caso del arrendador, siempre existe la posibilidad de querer recuperar su inmueble por alguna u otra razón.
Y aunque no está en su derecho, a menos que el inquilino no pague a tiempo la renta debe seguir un proceso y tener motivos bien fundados para ello. En caso de que no sea así y obligue al inquilino a desalojar, estaría incurriendo en un acto ilegal.
El escenario se ha repetido en por lo menos 10 casos en otros departamentos, donde Quiroz Robles es dueño en el presente año, a través de denuncias ciudadanas hechas a los diarios presentadas a este medio, principalmente en edificios localizados en el Centro Histórico, y en colonias como Juárez, Doctores, la Obrera, Roma-Condesa, Doctores, Santa María la Ribera y en la San Rafael.
Otro caso fue el pasado 20 de agosto pasado, donde Carlos Hernández, un inquilino del edificio 2-i, ubicado en el mismo domicilio, fue desalojado por Quiroz pese a tener un contrato vigente, dos amparos en trámite y una queja en la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) por las irregularidades detectadas tras algunas advertencias de desalojo.
De acuerdo con el inquilino, el edificio en donde vivió por más de nueve años fue comprado por el mismo dueño, por lo que el dueño no acepto créditos bancarios ni de ningún tipo, para integrarlo en locales comerciales
El inmueble está en litigio entre los compradores y algunos vecinos que interpusieron un recurso legal porque no se les respetó el derecho de preferencia (conocido como el derecho al tanto), contemplado en la ley, el cual les hubiera dado la prioridad de comprar el espacio que durante años han arrendado.
De los inquilinos que habitaban más de 30 departamentos en la unidad habitacional de Gabriel Mancera, dos bodegas y algunos locales comerciales, varios decidieron emprender acciones legales mediante una denuncia colectiva y dos en procesos individuales contra los dueños anteriores del edificio.
El inmueble construido hace 30 años se hizo como vivienda social, así como varias viviendas que se construyeron de interés social en la del Valle, Narvarte y Nápoles con más de 60 años de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones. Lo que pase con él aún es incierto.
Y es que este individuo presuntamente ha evadido también al fisco al no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que el SAT y Hacienda deberían de hacerle una auditoría fiscal por el tiempo que no ha pagado impuestos, ya que es un delito federal.
Se pondrá fin a los aviadores y al cobro de cuotas * Acciones inmediatas a realizar dentro de los primeros 100 días de su administración * Todo el personal contratado debe cumplir totalmente sus funciones, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc
KARLA VILLANUEVA
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció acciones inmediatas a realizar dentro de los primeros 100 días de su administración, encaminadas a fortalecer el servicio de limpia y recolección de residuos.
Dichas acciones contemplan el combate a la opacidad y corrupción heredada por administraciones anteriores, la implementación del uso de tecnología, la creación del programa de prestación de servicios públicos y un plan integral de mejora de los procesos.
Sobre las protestas de trabajadores sindicalizados que realizan el servicio de limpia en la alcaldía, reconoció que se encuentran en su derecho de manifestarse. Sin embargo, destacó que la administración solicitó que los empleados acudieran de manera personal a cobrar su salario, como parte de un censo que permita conocer de manera precisa dónde y cómo están desempeñando sus funciones.
“Estamos invirtiendo 9 millones de pesos al mes en la nómina de mil 200 trabajadores sindicalizados, de los cuales 700 están asignados a labores de limpieza. Pero el problema es que la administración anterior no nos dejó ni siquiera las rutas establecidas, la ubicación de los trabajadores o un registro claro del cumplimiento de sus funciones”, asevera Rojo de la Vega.
Siempre hemos estado abiertos al diálogo y nos mantendremos en esa posición. Para quienes pasan sus días trabajando en esta alcaldía, no es justo que otros cobren y no estén cumpliendo sus funciones y tampoco lo es para nuestras vecinas y vecinos que no reciben los mejores… pic.twitter.com/jOCY7vA7Or
— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 15, 2024
La actual administración ha recibido denuncias por parte de algunos trabajadores, quienes aseguran estar bajo presiones y amenazas, obligados a entregar parte de su salario a ciertos actores políticos.
“Es inaceptable que algunos trabajadores no cobren su salario completo o que haya quienes nunca se presentan a trabajar, pero siguen recibiendo su pago. Es un dinero que pertenece a todas y todos los vecinos, y es un recurso público sagrado que no puede ser manipulado de esta manera”, enfatiza Ale Rojo.
Reitera su compromiso de ponerle fin a esta situación de corrupción y extorsión que ha viciado a la alcaldía.
Rojo destaca que la Cuauhtémoc es la demarcación donde más basura se genera diariamente, debido a la afluencia de 6 millones de personas que visitan la zona, lo que ha provocado la proliferación de más de 300 tiraderos clandestinos a cielo abierto.
En este contexto, anuncia las acciones que su administración tomará en los primeros 100 días de gobierno para atacar de raíz los problemas de limpia y recolección de basura en la alcaldía. Entre ellas, destacó el combate al cobro de cuotas ilegales y la garantía de que el 100% del personal contratado esté operativo y cumpliendo con sus funciones.
“Vamos a instalar pruebas piloto con biodigestores para reducir la acumulación de basura mediante tecnología, y garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos de la CDMX, además informaremos de manera transparente a los vecinos sobre los tramos de barrido manual y las rutas de los camiones recolectores”, explicó.
Revela Rojo de la Vega que presentará un proyecto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para sustituir los tiraderos clandestinos por biodigestores, con el fin de atender las causas de fondo que generan la suciedad en las calles.
