POR MARCO ANTONIO FLORES***

Tres acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.

El primero, dar entrada a la iniciativa “inconstitucional” de la consulta para “llevar a juicio a ex presidentes”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por hacer comparsa y reelaboró una pregunta sin pies ni cabeza, en vez de haberla desechado desde el principio.

Segundo, la propuesta de ampliar el periodo del ministro presidente de la SCJN, que surgió desde abril de 2021, pero que hasta agosto rechazó el ministro presidente Arturo Zaldívar, pero que todavía eso no basta, pues falta que la SCJN declare su inconstitucionalidad.

Y tercero, la reciente crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando cinco de sus ministros por mayoría destituyeron a su presidente, José Luis Vargas.

Cuatro meses de incertidumbre sobre el futuro de la SCJN, pero que Zaldívar cortó de tajo con los rumores al anunciar públicamente que rechazaba la ampliación de su periodo en la presidencia de la SCJN y el CJF.

El único frijolito en el arroz: la tardanza para anunciarlo, pues él sabía que era, a todas luces, anticonstitucional la propuesta. Todavía es un misterio quién y por qué introdujo el famoso artículo transitorio a la propuesta de Reforma. Se manejaron varias hipótesis: Que si la idea fue del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; que la iniciativa fue de Ricardo Monreal, al ordenar al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, desde abril pasado, añadir de última hora a la reforma del Poder Judicial un artículo transitorio -el decimotercero- para que Zaldívar presidiera la Corte y el Poder Judicial hasta noviembre de 2024; que fue idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que por eso mismo lo alentaba; que el propio ministro presidente Arturo Zaldívar fue consultado y éste coqueteó con la idea.

Y así más versiones por el mismo estilo, pero nadie ha aclarado de dónde salió la propuesta y cuál era la verdadera intención… y por lo visto nunca sabremos al verdadero autor intelectual.

Pero lo cierto es que ocasionó un gran desgaste y cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial.

Tras la ola de declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, externadas desde el inicio de su administración, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, habría surgido la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el Poder Judicial, como en algún momento lo propuso el líder del Senado, Ricardo Monreal.

Incluso existió temor por parte del ministro presidente de la SCJN de que lo obligaran a renunciar, como ocurrió en el siglo XIX cuando, en 1882, el presidente de la SCJN, Vallarta, fue obligado a renunciar por el presidente Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz. Lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones’y los nombramientos que hacía la Suprema Corte, en las ternas que sometía a la Secretaría de Justicia para cubrir las plazas de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.

Retomando el tema de la ampliación de mandato de Zaldívar, siempre quedará en el aire si se trató de una estrategia para presionar, acotar y someter al presidente de la SCJN y su Reforma Judicial… o era el preámbulo -“laboratorio de ensayo”- de la extensión o reelección del mandato presidencial.

Al respecto, habría que tratar de reinterpretar lo que sostuvo el Presidente López Obrador durante todo el debate que la extensión del mandato de Zaldívar estaba en línea con los objetivos de su gobierno para desterrar la corrupción e impulsar una transformación de la vida política de México.

“Para que haya un cambio, se requiere que el ministro Zaldívar (y nadie más) perdure hasta el 2024. No es reelección, es que termine en el 2024; ojalá lo apoye el resto de los ministros, puestos por el antiguo régimen y cuando la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo”, mencionó el Primer Mandatario en junio.

Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, en defensa de la tardanza de su decisión, señala que estuvo esperando a que se aprobara la “Reforma Judicial” para fijar su posición.

Es de resaltar que la “Reforma Judicial”, sin duda, representa un avance en diversos aspectos técnicos de la impartición de justicia. La pregunta es cómo se agilizarán y transparentarán las sentencias, si tales reformas no van de la mano de una profunda reforma administrativa interna. No se realizó una revisión de la gigantesca y compleja estructura del Consejo de la Judicatura Federal, y el papel de sus consejeros para propiciar su modernización.

Se desconoce si se incluyeron temas como compactación de la estructura, contar con una eficiente plataforma tecnologica, establecimiento de mecanismos ágiles de evaluación y vigilancia técnico-administrativa.

Cómo se podrá fortalecer un esquema que, de origen, es un galimatías, con seis consejeros que provienen de tres orígenes distintos -Cámara de Senadores, Diputados y Ejecutivo- que toman decisiones administrativas en forma colegiada con criterios tan disímbolos o que, en su caso, se los encargan a burócratas que elaboran decisiones finales sólo para ser votadas por un pleno abstracto y complejo que conoce más de cuestiones técnicas de la impartición de justicia, pero no así de administrativas.

‘NUEVA CARRERA JUDICIAL’

Entre el Pleno del CJF, la nueva “Escuela de Capacitación judicial” y un Comité Académico, la inquietud que surge es cómo se determinara que los elegidos reúnan los requisitos del “nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles”.

Para establecer una escuela judicial, en la que se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial generando por primera vez una auténtica carrera judicial, se requiere algo más que complejos e indeterminados esquemas de administración y selección, algo más sencillo o más probado.

Tal vez en este tema se podrá tomar como referencia la experiencia del servicio diplomático de carrera. O bien apoyarse en las principales instituciones de educación superior, que imparten la carrera de Derecho, para desde ahí abrir la opción a jóvenes que tengan la vocación judicial con programas elaborados conjuntamente, por ejemplo, entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la SCJN.

En su momento el brillante ex ministro de la SCJN, José Vicente Aguinaco, al referirse a los relevos “externos” para la Suprema Corte, decía: “Es sana la práctica de que vengan de fuera. La endogamia no es buena, en cambio la exogamia sí. Ahí tiene usted -agregó- a las noblezas que se casaban entre sí y de ahí no salían. ¿Qué hijos daban, taraditos ¿no?”.

Se busca con la reforma que los “defensores públicos sean verdaderos abogados de los pobres, que logren llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más olvidada, más discriminada y a aquellos que han perdido la esperanza en la justicia”… pero quién o cómo se garantizará tal propósito.

La figura de la defensoría de oficio tiene décadas de existencia. La pregunta es cómo se hará valer, cómo se garantiza que ahora sí tengan defensorías eficientes y calificadas los más pobres y vulnerables.

Por otro lado el nepotismo, el acoso sexual y el registro patrimonial de servidores públicos existen en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, e incluso en el Código Penal, como delitos y figuras precisas. ¿Por qué no se vinculó la reforma, en materia de corrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción? Las “Contralorías” podrían ser juez y parte, al depender de los funcionarios superiores del Poder Judicial, en cuanto a su nombramiento, funcionamiento y sanciones.

¿Por qué no se abrió, en afán de la transparencia, a nuevos esquemas de requisitos, capacidad y experiencia, apoyados en otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o al conjunto colegiado de quienes integran el SNA? Se entiende como una tarea muy compleja mantener la independencia del Poder Judicial, al tiempo de permitir que otras instancias o Poderes intervengan, pero se pueden diseñar mecanismos que logren más transparencia sin menoscabo de la “autonomía”.

Lo que sí habrá que reconocer, después de todas las recientes pruebas a que estuvo sometido el Poder Judicial, es que existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país. El ministro presidente Arturo Zaldívar mostró habilidad y sensibilidad política para sortear los embates. En el caso de la crisis del TEPJF, su intervención permitió la reconciliación, el diálogo y las atinadas salidas jurídicas con la “renuncia” formal del depuesto magistrado presidente José Luis Vargas, al tiempo que desistió del cargo el designado sustituto, Reyes Rodríguez Mondragón.

Con la elección del magistrado Felipe Fuentes Barrera como  presidente del TEPJF, se dio una acertada solución política a la mencionada crisis. Seguramente, de aquí a que termine su Presidencia en 2022, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, seguirá impulsando la muy importante y recién aprobada “Reforma del Poder Judicial”.

Tendrá la oportunidad de hacer los ajustes que se requieran en su implementación. Con ello, la SCJN y el Poder Judicial, en su conjunto, lograrán mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas.

Por una eficiente impartición de justicia y por la búsqueda de un auténtico Estado de Derecho, 130 millones de mexicanos mantendremos el anhelo y la esperanza de que se logre.

*** Académico y consultor.

POR MARCO ANTONIO FLORES***

La designación de Rogelio Ramírez de la O. como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría ser el parteaguas que requiere la 4T para su relanzamiento. Le correspondería hacer lo que sus antecesores, Carlos Urzúa y Arturo Herrera, no pudieron o no quisieron hacer para ayudar a su jefe, el Presidente Andrés Manuel López Obrador: Dar un mensaje de firmeza respecto a la claridad de las reglas para las inversiones de los empresarios nacionales y extranjeros en materia económica.

Tiene la gran responsabilidad de dejarle en claro al Presidente de la República que no habrá inversión privada, hasta que se vea una definición seria del rumbo y contenido que pretende el gobierno de la Cuarta Transformación.

Si se quiere la confianza para la inversión, se deben quedar atrás titubeos y confusiones en las señales y las acciones.

En materia económica estamos ante una verdadera encrucijada nacional: O se dan las condiciones para activar la economía para el crecimiento económico, o tenemos otro año de estancamiento.

FOMENTAR INVERSIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, ASIGNATURAS PENDIENTES

Hay un tema fundamental que se quedó “congelado” y que había sido encomendado a Alfonso Romo, “El fomento a las inversiones y el crecimiento económico”, pero que, al renunciar como jefe de la Oficina de la Presidencia, no tuvo liderazgo ni continuidad por parte de Arturo Herrera.

Ahora que el Presidente López Obrador deposita su confianza en Ramírez de la O., su tarea prioritaria debería ser la organización e implementación de un “Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y Bienestar”.

Ramírez de la O., economista por la UNAM y con doctorado por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, tiene la experiencia y las credenciales para liderar con éxito la gran responsabilidad que ahora tendrá como responsable del futuro económico de México.

A pesar de no tener experiencia como alto funcionario del sector hacendario y financiero federal, el plus que tiene el nuevo titular de la SHCP es su experiencia y vínculo con grandes empresas, a las que ha asesorado profesionalmente.

Sabe lo que necesitan las empresas para su expansión y crecimiento. Hay dos señales muy positivas que ha mandado Ramírez de la O.: Primero que se reactivará el “Plan Nacional de Infraestructura” para fomentar el empleo y el crecimiento económico regional y nacional, en un esquema “Keynesiano” que puede resultar muy eficaz. También el mensaje de que se dará confianza y certeza a los invesionistas, especialmente en materia energética.

Con ello se podrían terminar los casos de desconocimiento de contratos de la CFE, el incumplimiento de contratos de exploración y explotación petrolera, la cancelación de las rondas petroleras y la obstrucción a empresas para generar fuentes renovables de energía. No creceremos sin inversión privada. El crecimiento económico es el único camino para disminuir la desigualdad y la pobreza, para generar más y mejores empleos y en general para que el gobierno pueda financiar todas sus actividades, programas sociales, de educación, de salud y para la seguridad y procuración de justicia.

“Crecimiento económico”, entendido como el incremento en la producción de bienes y servicios en una economía, y por lo tanto su valor en un periodo determinado. Medido como el Producto Interno Bruto (PIB), que refleja el valor de todo lo que se produjo en un año y compararlo con el valor de todo lo que se produjo durante el mismo periodo del año pasado.

RAMÍREZ DE LA O. SABE SU MISIÓN

Rogelio Ramírez tiene gran claridad acerca de los principales factores y condiciones para generar crecimiento económico: Mantener la estabilidad macroeconómica, que descansa en  una sana política monetaria, pero también en la  estabilidad política, seguridad jurídica y Estado de Derecho.

Sabe de la importancia de fomentar la inversión de capital que genera empleo, que cuando los trabajadores tienen a su disposición más instrumentos para el cumplimiento de sus asignaciones, más máquinas, herramientas, es una señal de mejora de condiciones para producir más bienes y servicios. El capital físico de un país está conformado por toda infraestructura como lo son puertos, rutas, además de automóviles, camiones, aviones, barcos, computadoras, robots.

Otro elemento clave del crecimiento es el capital humano, la Educación. Ante la misma cantidad de insumos, dos trabajadores con distinto nivel educativo obtendrán resultados diferentes. Dicho de otra forma, aquellos trabajadores que posean un mayor nivel de conocimiento podrán teóricamente ser más productivos en su puesto de trabajo si se le compara con trabajadores sin estudios.

Asimismo, un trabajador con mejor formación podrá acceder a puestos de trabajo en los que genere una mayor productividad marginal o valor para la empresa. La formación de capital humano es propia de los países más desarrollados que invierten fuertes sumas de dinero en la educación. Su objetivo es que la suma del trabajo de los profesionales más calificados pueda generar un mayor crecimiento de la economía a nivel agregado.

El progreso tecnológico se refiere a combinar de una mejor manera los insumos, máquinas y conocimientos más avanzados para rendir mejores resultados de producción. Son muchos quienes indican que la clave del crecimiento económico está en el progreso tecnológico.

DESARROLLO SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO VAN DE LA MANO

https://www.youtube.com/watch?v=IMcR2xkVRjc

El Presidente Andrés Manuel ha señalado que es más importante el “Desarrollo social” que el “Crecimiento económico” per se. Tiene justificación su aseveración, a no ser que se entienda que ambos conceptos son inseparables. Más aún, es condición -sin equa non- que haya crecimiento económico para que se dé el desarrollo y el bienestar social.

Para repartir el pastel primero hay que cocinarlo. El objetivo debe ser crecer para seguir generando riqueza, pero se requiere su mejor distribución, ya que la riqueza en muchos casos no repercute directamente en la calidad de vida de la población, disminución de pobreza, mejoras en la educación, salud, salarios y bienestar general.

Tiene razón AMLO cuando afirma que suele asociarse erróneamente una tasa de crecimiento elevada con un alto nivel de desarrollo. Primero va el crecimiento, después el desarrollo. Con crecimiento hay más productividad de bienes y servicios, se generan empleos, más empresas e industrias que pagan impuestos, por lo tanto el Estado tiene más recursos para pagar por servicios de salud, educación, bienestar, seguridad y procuración e impartición de justicia. México debe contar con una economía con modelo de Estado estable y sin debilidad institucional, para lograr altas tasas de crecimiento que correspondan con niveles aceptables de desarrollo.

Corresponderá a Rogelio Ramírez de la O. liderar y enarbolar lo que debiera ser el estandarte más significativo y trascendente del gobierno de la Cuarta Transformación: Una gran convocatoria para un “Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y Bienestar”.

ACUERDO NACIONAL, UNA GRAN PRIORIDAD

Con la confianza que le ha conferido el Presidente está obligado a realizar esa gran convocatoria para impulsar ese  “Acuerdo Nacional”, en el que participen y se comprometan: En primer lugar, el Presidente de la República, su  gabinete, empresarios, trabajadores, ONGs, estudiantes, científicos, banqueros, académicos, rectores de universidades, partidos políticos, gobernadores, Poder Judicial, legisladores, presidentes municipales, expertos economistas y ciudadanos dispuestos a aportar y participar en la gran cruzada nacional.

Estamos a tiempo de fincar bases sólidas para una auténtica transformación nacional, que permita al país dar el gran salto hacia un crecimiento económico sostenido, con todos los beneficios que ello implicaría. Reducir pobreza, mejorar programas de salud, educación, seguridad, así como procuración e impartición de justicia. Lograr el anhelado Estado de Derecho con mayor justicia y bienestar social.

Si el Presidente de la República no aprovecha de manera oportuna y eficaz el gran apoyo y capital político con que cuenta, al concluir este sexenio podríamos lamentarlo. Mejor lograr un “Acuerdo Nacional” de gran envergadura y factor de “Unidad”, que trascienda y sea palanca de progreso y desarrollo en el que participen todos los sectores sociales. México y los mexicanos lo merecen.

*** Maestro y consultor: markoflos@aol.com

POR MARCO ANTONIO FLORES***

Con el relevo de Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública (SFP), quedó de manifiesto una gestión ineficaz en el propósito de la 4T de combatir la corrupción.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido con insistencia que en su gobierno ya no existe la corrupción, ya que acabar con ella y la impunidad es el propósito central de su gobierno.

Nadie espera que el Presidente resuelva esa promesa de campaña en los tres años restantes. Sin embargo, todo México quiere ver  señales de compromiso y un plan serio.

Sería un gran logro y abonaría a su alto capital político que los dichos de AMLO fueran ciertos.

La gestión de Irma Eréndira Sandoval entregó saldos negativos a su jefe. La otrora “poderosísima” secretaria gozaba de la gracia y confianza de AMLO y había logrado colocar a varios  familiares en puestos públicos. Un hermano, Netzai Sandoval Ballesteros, es director general del Instituto de la Defensoría del Consejo de la Judicatura Federal. Su otro hermano, Pablo Sandoval, era superdelegado de programas sociales en Guerrero, pero tuvo la osadía de enfrentar a Félix Salgado, eso le costó el puesto a él y a su hermana.

ADQUIRIÓ 6 PROPIEDADES INMOBILIARIAS EN 9 AÑOS

La encargada de vigilar la rendición de cuentas, el conflicto de interés y el combate a la corrupción protagonizó gran escándalo cuando se publicó un reportaje realizado con base en documentos obtenidos a través de “fuentes públicas” que “pese a tener un salario modesto como investigadora universitaria, compró de contado -junto con su esposo, John Ackerman- seis propiedades inmobiliarias en sólo nueve años”.

Ackerman esperaba ser nombrado director de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), debido a que se supo que en diciembre de 2020 su esposa Irma Eréndira convenció al Presidente de nombrar a su sobrino, Arturo Reyes Sandoval, como director general del IPN.

De Reyes Sandoval lo único que se sabía es que era buen investigador en Inglaterra en la Universidad de Oxford. Tenía once años de no vivir  en México, ni haberse parado nunca en el IPN. Se hicieron a un lado a candidatos con más méritos y a toda la comunidad politécnica.

Por el bien del IPN, Arturo Sandoval debería aclarar su pretendido parentesco por aquello del “conflicto de interés” y de los padrinazgos políticos.

Por su desempeño y resultados da la impresión que la ex titular de la SFP nunca se enteró que existe un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Tampoco explicó por qué el gobierno de la 4T no cumple con los procedimientos que ordena la Constitución en su Artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que el 75% de sus adquisiciones se ha hecho por medio de adjudicaciones directas.

El caso “Bartlett” se volvió emblemático para la SFP, no porque el titular de la CFE tuviera o no alguna responsabilidad administrativa, sino porque Irma Eréndira Sandoval dio carpetazo al asunto sin realizar su trabajo y demostrar ante la opinión pública la “no responsabilidad” del funcionario.

Al final su actuación dócil y sumisa poco le valió porque su relevo se debió más a motivos políticos.

CUENTAS PENDIENTES

De la misma manera debería haber actuado en otros casos que se hicieron públicos, manifestando al menos que se iniciarían las investigaciones correspondientes, ya que, en el afán del sometimiento ciego, poco ayudó a su jefe, el Presidente de la República.

Está el caso de Felipa Guadalupe Obrador, la prima con contratos millonarios en Pemex, ISSSTE, y ASA. También el escándalo de Pío López Obrador, quien fue grabado recibiendo dinero de David León Romero. Otro golpe mediático fue el caso de Jaime Cárdenas, a quien el Presidente había nombrado director  del “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (SAE), pero al darse cuenta de el “cochinero” y la corrupción que priva (en tiempo presente) en esa institución prefirió no sólo renunciar, sino tuvo la valentía de hacer las denuncias legales correspondientes de las que nunca dio cuenta la SFP ni la Fiscalía General de la República (FGR).

En relación a los célebres casos de Lozoya y de Rosario Robles, nunca hizo declaración alguna.

ROBERTO SALCEDO AQUINO,EL RELEVO, CON OTRAS PRIORIDADES

El Presidente López Obrador nombró como nuevo titular de la SFP a Roberto Salcedo Aquino, a quien le encomendó preparar una “Reforma Administrativa”, un gran pendiente desde hace al menos 4 sexenios, pero que sería digno de un amplio diagnóstico y profundo análisis que podríamos comentar en otra oportunidad.

Lo prioritario es realizar un diagnóstico y revisión del SNA y esa tarea la podría poner en su agenda como urgente el nuevo secretario Salcedo Aquino, quien cuenta con la experiencia y preparación para realizarla.

La  reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representa un amplio propósito para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación. La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera.

En el Artículo 113 Constitucional se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta más completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.

Algunos aspectos novedosos que aportará el SNA son el fortalecimiento de las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales, eliminación del principio de anualidad para revisar años previos-; aumento a siete años de la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa (eran tres); que sea un tribunal especializado (el de Justicia Administrativa) que sancione tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.

URGE CONSOLIDAR MEDIDAS OPERATIVAS

Se trata de un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción. Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales. Algunas que considero necesarias son las siguientes:

Primero: Fortalecer la aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país mediante la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), “legal y coordinadamente” en el Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”; focalizar y priorizar la tecnología a través de la plataforma nacional digital, que cuente con una base de datos confiable, completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que comúnmente no tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo. Se requiere una reingeniería de esas dependencias e inyectar más recursos humanos de calidad para que el SNA funcione.

Segundo: Fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción, actualmente perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la línea de mando de la FGR para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA en forma colegiada. Debiera nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris, se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema. Nombrar también de manera transparente y pública a los magistrados de las salas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas que sancionarán el caso de faltas administrativas graves y actos de particulares vinculado(a)s con faltas administrativas graves.

Tercero: Reestructurar los Órganos Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos, que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública como originalmente lo fueron antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces SECOGEF y de él como su titular.

Que sean más un área de evaluación, prevención y apoyo para mejorar la planeación, organización y Dirección de la Administración Pública Federal, como lo dictan los cánones universales del “proceso administrativo” en cualquier entidad pública o privada.

Que dejen de ser parcelas de poder y órganos de intimidación, presión y en ocasiones focos de corrupción. Al mismo tiempo fortalecer las áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia. Quizá menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente justificados.

Cuarto: Apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y en general el funcionamiento y desempeño de los programas públicos -muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción-. En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Quinto: Ampliar atribuciones a la ASF para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que a partir de los informes de la cuenta pública se proceda con procedimientos concretos y soportados para que se procese a funcionarios que cometieron infracciones y corruptelas. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y sólo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde. Decir que en la cuenta pública se detectaron “desvíos” de miles de millones y no proceder en consecuencia es irresponsable y confuso. Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados contra funcionarios públicos corruptos para garantizar que se castigue a los infractores.

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México”, la corrupción, se deberá dar prioridad a la consolidación del SNA. Sólo así se cumplirá con su prinicipal promesa de campaña. Esto es, fortalecer y consolidar el andamiaje jurídico “Anticorrupción” para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.

*** Maestro, Abogado y CP.

markoflos@aol.com