POR JOSÉ VIEYRA
Con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con cárcel a quien tome las casetas en carreteras del país para pedir cuotas como condición para transitar.
El dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con proyecto de decreto reforma el artículo 533 y adiciona un artículo 533 Bis de dicha legislación.
El artículo 533 establece que quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o parcial o totalmente interrumpa la prestación de servicio, operación o deteriore las vías generales de comunicación (…) se le sancionará con penas de dos a nueve años y multa de 200 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.
En la perspectiva de que podría ser afectada la “lucha social”, la iniciativa dividió al grupo morenista y fue necesario que éste introdujera una reserva para aclarar que la protesta “con lucro”, como la que representa la toma de casetas de cobro, deberá ser sancionada con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil unidades de Medida y Actualización vigentes.
Al fundamentarlo, el panista Víctor Manuel Pérez Díaz dijo que lo que buscan es dotar de certeza jurídica y garantizar el Estado de Derecho en las vías generales de comunicación.
“De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2019 se registraron pérdidas del orden de los 7 mil millones de pesos, afectando con ello las finanzas públicas y el traslado de mercancías”, refirió.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, presentó una moción suspensiva al señalar que el dictamen abre el camino a la represión.
Alertó sobre el encarcelamiento de 2 a 9 años de integrantes de grupos sociales que se manifiestan por sus demandas.