viernes, mayo 3, 2024
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Otra artimaña de los disidentes: La Asamblea General del 5 de abril es ilegal

La convocatoria está violando la vida interna y la autonomía de la Cooperativa

POR EL TOPO

 

Se recrudece el conflicto al interior de la Cooperativa La Cruz Azul por las artimañas de la disidencia, encabezada por Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, en contra de la resistencia, una lucha titánica de Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, electos de forma legal el 26 de agosto de 2020.

Resulta que un juez, el 60 de lo Civil del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) convoca a la Asamblea General que se realizará el 5 de abril de 2021 en las oficinas de Gran Sur.

De entrada es un comunicado ilegal, pues un juez no puede convocar a Asamblea General, pues viola la vida interna y la autonomía de la propia Cooperativa La Cruz Azul.

La convocatoria tiene que tener la firma del Consejo, en este caso de los legítimos Sarabia Pozo y López Morales, cosa que no es así, por lo que de entrada está viciada de origen.

Otro detalle: ni siquiera viene firmada por los ilegales Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez… y no la firman porque saben que no tienen facultades legales y se meterían en un conflicto mucho mayor de los que ya tienen en demandas y procesos legales.

Ante esta esta situación, los cooperativistas dieron inicio al recurso de amparo… pero ¿qué creen? ¿Cómo la impugnas si están cerrados los juzgados en plena Semana Santa? Todo un plan bien orquestado para impedir la acción legal de la mayoría de los socios cooperativistas.

Es claro que será una ‘asamblea general’ a modo para los disidentes con la complacencia del juez 60, curiosamente el mismo que siempre les ha permitido todo sus actos ilegales… y todo bajo el amparo del poder del dinero.

Repito: la convocatoria del juez 60 es ilegal, viola la autonomía de la Cooperativa La Cruz… y no es que uno sea mal pensado, pero surgen más preguntas que respuestas.

Por actuación de estos jueces, de los muchos casos que hay en los juzgados, por eso el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador pone en entredicho la labor del Poder Judicial.

Tan es así que en días pasados los socios y trabajadores cementeros realizaron manifestaciones en diversos lugares de la Ciudad de México y muchas veces frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia capitalina, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, para exigir transparencia, legalidad y piso parejo.

La mayoría de socios cooperativistas sólo pide que se actúe conforme a derecho y se aplique la ley en este caso que afecta a una gran empresa que goza de gran prestigio a nivel internacional, como es La Cruz Azul, en detrimento de miles de familias mexicanas.

 

CONVOCATORIA VICIADA DE ORIGEN

“A solicitud del 45.7 por ciento de los socios cooperativistas, con el objetivo de poner fin a las controversias y litigios entre los diversos grupos en disputa y, en aras de fomentar la democracia interna dentro de la Cooperativa y respetar la voluntad de los socios”, lo informó la cementera mediante un comunicado y avalado por el juez 60 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que convoca a asamblea general para el 5 de abril de 2021.

Y claro que la Asamblea General fue aprobada por el grupo disidente que tiene ocupado hoy en día el edificio corporativo.

Repito: Ilegal, porque un juez no puede convocar a asamblea general y el comunicado no trae la firma del Consejo de la Cooperativa.

Y puntualizo: La convocatoria está violando la vida y autonomía de la cooperativa.

Si usted recuerda Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales fueron elegidos como presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., el 26 de agosto de 2020 en votación de mayoría unánime.

La Ley de la Cooperativa La Cruz Azul indica que será a través de votación en asamblea la elección del Comité Directivo, un requisito interno que se cumplió a total cabalidad.

 

AGRAVIOS FÍSICOS, SUSPENSIÓN ILEGAL DE SALARIOS Y USO ILEGAL DE SUS FIRMAS, EL VIACRUCIS DE LOS COOPERATIVISTAS

Cabe señalar que en febrero de 2021, en nombre de la mayoría de los socios cooperativistas, el abogado Antonio Lozano Gracia explicó que mediante el Juicio de Amparo la justicia federal confirmará pronto la nulidad, por vicios en la convocatoria, de la Asamblea en la que Marín y Velázquez se hicieron indebidamente de las presidencias de los Consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, y donde hasta hoy mantienen secuestrado el control de la Cooperativa.

“El juez de primera instancia dio la razón a la mayoría, al determinar que no se había cumplido el requisito elemental de precisar el domicilio donde se llevaría a cabo la asamblea de 2018 y por ello la declaró nula”, añade Lozano Gracia.

Luego, si bien una impugnación interrumpió temporalmente los efectos de la sentencia, ahora son jueces federales quienes revisan el caso y en breve confirmarán la nulidad de esa convocatoria engañosa y, por lo tanto, de la asamblea.

La mayoría de los socios cooperativistas se ha presentado en diversas ocasiones frente a las oficinas de la FGJCDMX para exigir transparencia, legalidad y “piso parejo” en la solución al conflicto de la organización.

Por si lo anterior no fuera poco, también han solicitado apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta este momento afirman, los más de 500 cooperativistas liderados por Federico Sarabia y Alberto López, han sufrido de agravios físicos, suspensión ilegal de sueldos y salarios, condicionamiento a los servicios de salud, intento de la toma por la fuerza de sus puestos de trabajo, así como el uso ilegal de sus firmas para simular su consentimiento en una denuncia que perjudica a un gran número de familias que dependen del trabajo de los cooperativistas de la planta de Cruz Azul Hidalgo.

 

TRAMPOSOS: DISIDENTES UTILIZAN FIRMAS DE COOPERATIVISTAS PAR SIMULAR CONSENTIMIENTO A DENUNCIAS

En fechas recientes, la disidencia de Marín y Velázquez hizo uso de artimañas ilegales tipificadas como fraude para afectar a socios de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L.

Esta vez, dicen, utilizaron las hojas de asistencia a una reunión con las firmas de gran cantidad de cooperativistas para simular el consentimiento en una demanda presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero.

La denuncia, que incluye la firma de cerca de 300 socios, afecta la integridad, compromiso e imagen de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L. e intenta dañar a quienes ejecutan las funciones de comercialización de cemento en la planta de Cruz Azul Hidalgo.

“Fuimos a una junta de información en la planta de Lagunas, en Oaxaca, y como de costumbre, registramos nuestra asistencia, pero las hojas que firmamos estaban en blanco, no tenían encabezado ni fecha. No sabíamos que serían utilizadas para dañarnos”, aseguraron socios de La Cruz Azul.

Por esta razón, de las muchas que hay, trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul se han manifestado de manera pacífica frente a las oficinas del TSJCDMX para exigir nuevamente la actuación legal, transparente y sin favoritismos de jueces y magistrados, quienes la verdad, en los hechos, se han visto envueltos en irregularidades en el juicio que favorecen a la disidencia de Marín y Velázquez.

La exigencia es cancha pareja e igualdad de condiciones bajo el marco de la legalidad y justicia, además de existir irregularidades en el juicio que se deben detener.

Son muchas las familias afectadas por el boicot en el que estamos inmersos, afirma Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia de La Cruz Azul.

El proceso legal actual sirve para acreditar con toda claridad la legalidad y plena validez de la Asamblea que tuvo lugar el 26 de agosto de 2020, en la cual la mayoría conformada por más de 500 cooperativistas, de un total de 715, eligió presidente del Consejo de Administración a Federico Sarabia Pozo y como presidente del Consejo de Vigilancia a Alberto López Morales.

En concreto: José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel administran sin bases legales ni jurídicas el patrimonio colectivo de la mayoría de los socios de la Cooperativa.

 

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