POR MARCO ANTONIO FLORES**
Las instituciones de educación superior requieren apoyo financiero, pero también necesitan dejar de poner como pretexto la “autonomía” y dejar de usarla como blindaje contra la rendición de cuentas y la transparencia.
El presupuesto 2020, que se destinará a las Instituciones de Educación Superior (IES), viene arrastrando un rezago histórico debido a que, en los últimos años, no ha estado en concordancia con el crecimiento que ha tenido la matrícula y la planta académica en los últimos años.
Entre 1990 y 2020 la matrícula y el personal docente de educación superior crecieron exponencialmente, ambos se triplicaron. Adicionalmente, con motivo de la Reforma Educativa, el PEF 2020 no incluyó el Fondo para la Obligatoriedad de la Educación Superior.
Hay que recordar que, con el objetivo de que las universidades pudieran hacer frente a la gratuidad, el Artículo Transitorio Decimoquinto del Decreto de la Reforma Constitucional en materia educativa -publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019- establece que deberá crearse un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios referidos en este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.
El Sistema Nacional de Educación Superior es grande y complejo. Incluye, aparte de las grandes, UNAM, IPN, UAM, Colmex, UP y UACH, cuenta con más de 3 millones y medio de estudiantes y más de 300 mil docentes, repartidos en: 34 universidades estatales que surgieron desde los 70s y otras veinte estatales de “apoyo solidario”. Además, el Instituto Nacional de Tecnológicos ya opera con 266 tecnológicos. Existen 114 universidades tecnológicas y 62 universidades politécnicas. Adicionalmente, el sistema Conacyt cuenta con 27 Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Por su parte, el sistema de normales y centros normalistas rebasa las 200 escuelas en todo el país.
INCIERTO EL PANORAMA PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS
El panorama para las universidades públicas del país en 2020 es incierto debido a: reducción del Presupuesto, crecimiento exponencial en la matrícula y personal docente en las últimas dos décadas.
Asimismo, existe un señalado desorden en el sistema de pensiones, prestaciones exorbitantes, incumplimiento en el sistema de financiamiento, sobre todo de los gobiernos estatales, y un lastre adicional: la lucha de grupos políticos que buscan enquistarse al interior de ellas.
Tienen crisis financiera y están a punto del colapso casi la tercera parte de las Universidades Públicas Estatales (UPEs) del país.
Las entidades cuyas universidades estatales están en crisis económica desde hace varios años son: Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Guerrero y Baja California. Estas son las casas de estudio de nivel superior que no cuentan con los recursos para operar y, año tras año, el gobierno federal tiene que rescatarlas.
En la preparación del PEF 2020 en la Cámara de Diputados y con la finalidad de encontrar una solución a este difícil panorama, la ANUIES y algunos rectores tanto de las Universidades Públicas Estatales (UPEs) como de los Institutos Tecnológicos se reunieron con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para solicitar un incremento de 17 mil 230 millones de pesos (mdp) para el año 2020, de los cuales 7 mil 678 mdp corresponderían al Fondo para la Obligatoriedad.
En respuesta a esta solicitud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “todos estamos obligados a actuar con austeridad y puedo hablar así porque tengo autoridad moral (…). Así ya no es la cosa, cuentas claras y chocolate espeso. Primero es, a ver, cuánto recibiste, cómo se ejerció. Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos porque es dinero del presupuesto, del pueblo, es dinero sagrado del pueblo”.
Luego de que varias universidades amenazaran con manifestaciones e incluso paros para reclamar más presupuesto, el gobierno federal dispuso un incremento a los presupuestos de las instituciones nacionales de educación superior, principalmente para las más grandes, emblemáticas y potencialmente conflictivas.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, se incluyeron mil 538 millones de pesos más que en 2019 a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como 655 mil más para el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En 2020 la UNAM habrá ejercido un presupuesto estimado de 41 mil 317 millones 695 mil 427, mientras que en el IPN se programaron 17 mil 634 millones 960 mil 65 pesos. Estos incrementos van en línea con la consigna del gobierno federal de incrementar la matrícula de estudiantes, pues como promesa se ha dicho que al terminar la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador habrá cero rechazados.
El rubro que se añadió en el ramo educativo es el Organismo Coordinador de Universidades para el Bienestar Benito Juárez que, con cien planteles en todo el país, tendrá sólo mil millones de pesos del presupuesto para 2020. Si bien todo gasto en educación se traduce en una “inversión social”, en el caso de estas nuevas universidades todavía no estan claros sus objetivos, no se han definido indicadores o metas académicas y no han sido avaladas por el Coneval.
El presupuesto para estas se antoja raquítico, si se le compara con el de las grandes Instituciones de educación del país, pero si no se planea, con los años podría tornarse en un gasto significativo que restaría recursos a las universidades públicas que, como se ha señalado, se encuentran en crisis financiera desde hace ya algunos años.
PRIORITARIO UN DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO
Urge un diagnóstico actualizado de cada una de las universidades públicas para revertir la tendencia de crisis no sólo financiera, sino académica y en muchos casos política. Una evaluación que ponga por delante la calidad y la excelencia académica. Establecer mecanismos que permitan reasignar recursos con base en indicadores de desempeño, eficiencia terminal, calidad de programas y de egresados en el mercado laboral, así como revisión de métodos de designación de sus rectores y autoridades, ya que es bien sabido que en cada entidad federativa los gobernadores tienen un buen control de todas las Instituciones de educación superior que se encuentran en su jurisdicción y que las universidades públicas estatales se han convertido en un jugoso botín, no sólo económico por los millonarios recursos que manejan, sino también político, lo que las convierte no pocas veces en centro de luchas entre grupos de poder, incluso entre partidos políticos que buscan tener control en ellas a través incluso de los rectores.
Muchas universidades estatales se han convertido en centros de poder político; grupos e incluso familias dominan la vida universitaria en algunas de ellas.
En el caso de las grandes universidades, no están exentas de ciertos fenómenos políticos.
En la Máxima Casa de Estudios, la elección de rector que realiza la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario con sus propias reglas, ha sido transparente y han ocurrido los cambios de rector de manera legítima y bien aceptada por toda la comunidad universitaria.
Ha habido periodos en que han predominado los “médicos” Guillermo Soberón, Octavio Rivero, Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue. Sin embargo, el método de elección también permitió que fuera electo un brillante jurista, Jorge Carpizo; un biólogo, José Sarukhan, y un químico, Francisco Barnés.
En el más reciente proceso de “reelección” del Dr. Enrique Graue, que se dio en agosto-noviembre de 2019, el Presidente López Obrador se mostró respetuoso y fue ajeno al proceso interno. Todo muestra que no permitió que morenistas o “allegados” a él se inmiscuyeran.
EL 20 DE NOVIEMBRE, IMPORTANTE DECISIÓN DE AMLO
En noviembre de 2020 el Presidente tiene frente a sí una importante decisión. La otra emblemática institución, el Instituto Politécnico Nacional, deberá relevar a su director general, el 20 noviembre de este año. Es la única Institución de educación superior en la que el Presidente de la República tiene la facultad de designar al director general (rector) de acuerdo con la Ley Orgánica del IPN, que textualmente señala que el titular del Ejecutivo debe hacer el nombramiento cada tres años.
En el Instituto no existen reglas internas ni un órgano colegiado -como en el caso de la UNAM- para “elegir” rector. Sólo debe cumplir con el requisito que la propia ley establece: “Que sea egresado del Instituto con cinco años de titulado y goce de ‘buena reputación’”.
En el IPN, como en otras universidades públicas estatales, existe un grupo que se apoderó del Instituto, desde 2003, cuando el secretario de Educación de Vicente Fox, Reyes Tamez Guerra, impuso un grupo encabezado por Enrique Villa Rivera y la mentora de Reyes, Yoloxóchitl Bustamante.
Esta “camarilla” no ha soltado la Dirección General -salvo el trienio 2014-2017, que llegó como “emergente” Enrique Fernández Fassnacht, pero no lo dejaron reelegirse y en 2017-2020 se impuso a Mario Alberto Rodríguez Casas, muy alineado al grupo. Baste decir que fue el operador administrativo de Enrique Villa, cuando éste dirigió el IPN, el IMP y el Conacyt.
AMLO VA POR UN DIRECTOR BIEN VISTO POR LA COMUNIDAD POLITÉCNICA
Seguramente el Presidente Andrés Manuel estará bien informado por su experimentado secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y podrá designar a un director general que sea bien visto por la comunidad politécnica. Uno que permita la trasformación del Instituto para coadyuvar a la transformación del país.
Uno de los retos más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación es, sin duda, mejorar el Sistema Educativo Nacional, y en especial la educación superior.
Repito: Las instituciones de educación superior requieren apoyo financiero, pero también dejar de poner como pretexto la “autonomía” y dejar de usarla como blindaje contra la rendición de cuentas y la transparencia. En esto, aplica lo que dijo el Primer Mandatario AMLO: “…Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos porque es dinero del presupuesto, del pueblo, es dinero sagrado del pueblo”.
La autonomía debe ser concebida, tal como lo establece el tercero constitucional, como “libertad de cátedra”. Ahora que la Auditoría Superior de la Federación tiene mayores facultades de revisión a las universidades deben optimizarse los escasos recursos.
En la medida que el capital humano del país esté mejor preparado contaremos con un elemento clave para retomar el camino del crecimiento económico.
Cumplir los anhelos de millones de mexicanos: combate a la corrupción y a la inseguridad; generación de más empleos, más productividad, riqueza y prosperidad, que nos lleve a mejores niveles de bienestar, salud, seguridad y educación.
** Maestro y académico. Egresado del IPN.
