POR EL TOPO
Los cooperativistas afirmaron este miércoles que en las últimas semanas se ha producido una serie de eventos relacionados con la Cooperativa La Cruz Azul y que han afectado a las más de 10 mil 500 familias que dependen de ella.
Lo anterior por una serie de demandas y eventos legales entre particulares que distan en mucho de representar a los verdaderos cooperativistas.
Como ya se ha expresado, cada cooperativista es igual a un voto, a uno solo, por tal motivo quienes se dicen ser representantes de las mayorías mienten, ellos se representan a sí mismos y a sus propias ambiciones.
Los 746 socios activos han sido testigos de una serie de artimañas jurídicas, de procesos ilegales y de la lucha por ambición que ha pasado por alto al verdadero interés del cooperativismo, que es el trabajo social y en comunión entre personas en pro del desarrollo de las comunidades, de las familias y de México.
Los socios cooperativistas invitan a los medios de comunicación a estar presentes y ser testigos este miércoles 26 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, de la Asamblea General que definirá el futuro de La Cruz Azul de una manera libre y democrática, pues el rumbo de la cooperativa no está en manos de dos o tres personas, mucho menos de quienes se autodefinen como los representantes, pues lo único que han hecho es agraviar y secuestrar a la organización con argucias legales sin legitimidad alguna.
LA POSTURA DE COOPERATIVISTAS
La defensa es en favor de La Cruz Azul, del patrimonio de los socios y de las familias que de ella dependen.
La lucha es en pro de la legalidad y la transparencia que deben regir a la cooperativa, no en defensa de particulares.
La lucha es por los derechos de la organización.
Un pleito de tres no debe, no puede, y no vamos a permitir que secuestre al sueño de 10 mil 500 personas.
Puntualizan de forma categórica que los Consejos de Administración y Vigilancia no representan a los cooperativistas y distan mucho de defender los intereses de la organización.
Ni José Antonio Marín Gutiérrez, ni Víctor Manuel Velázquez Rangel son Consejos reconocidos por los cooperativistas y así se expresará en la Asamblea General de este miércoles 26 de agosto que ellos mismos, bajo todas las artimañas jurídicas posibles, están tratando de impedir se realice.
Socios activos lamentan que las oficinas corporativas en Gran Sur, en la Ciudad de México, estén sitiadas con muros de acero, electrificadas y con tráilers atravesados para impedir el acceso libre.
Ante esta situación, surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué tanto miedo a que se realice la Asamblea por parte de ellos si dicen tener el apoyo de las mayorías?, ¿por qué hacer de unas oficinas dignas algo parecido a un reclusorio con gente armada de forma ilegal y por qué hacer sus tomas en horas inhábiles como lo intentaron también en Hidalgo con absoluto lujo de violencia?
Sobre los hechos de Hidalgo, acusan que el grupo de choque, con agentes vestidos de negro y armados, llegó con Marín y Velázquez… y fueron las familias de los cooperativistas los que impidieron secuestraran las instalaciones como lo hicieron en Gran Sur.
La familia cooperativista solicita la intervención de las autoridades para impedir que José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez continúen con sus actos delictivos y amenazantes.
Expresan los cooperativistas que hay que recordarle a José Antonio Marín que siendo él presidente de la Mesa de Debates en la asamblea del año 2014, fue él mismo quien determinó en bases constitutivas que los consejos están imposibilitados de hacer nombramientos y destituciones administrativas, que ésta es una facultad única de la Dirección General y en su ausencia es la propia Asamblea General.
Esta cláusula está vigente y aceptada de forma unánime, por lo que las direcciones y gerencias están en plena validez y absoluta legitimidad y las supuestas destituciones carecen de validez jurídica total.
La Asamblea General a desarrollarse este miércoles 26 de agosto a partir de las 9:00 horas, fue reconocida y aceptada por las autoridades correspondientes días antes de que una orden judicial tirara las medidas cautelares que dieran posesión a los Consejos, por lo que dicha Asamblea tiene total y absoluto reconocimiento y validez jurídica.
DISIDENTES USAN ARTIMAÑAS JURÍDICAS PARA IMPEDIR LA ASAMBLEA GENERAL
Aseveran que los disidentes usan artimañas jurídicas para amedrentar y amenazar a los procesos democráticos de la organización. Lo extraño es que el juez 60 da órdenes de aprehensión en ‘fast track’ en contra de quien, o quienes, se oponen a los actos de irregularidad e ilegitimidad de Marín y Velázquez, quienes con estas acciones buscan amedrentar a todo aquel que busque impedir que avancen en estos actos de abierta impunidad, por lo que no se descarta que detrás de esto exista influyentismo o carretadas de dinero.
Cómo es posible que el juez 60 determine tirar las medidas cautelares que no reconocían a los Consejos de Marín y Velázquez, cuando estas medidas fueron validadas por el juez 24.
Revelan que el lunes por la noche se giraron órdenes nuevas de aprehensión, un día antes de la realización de la Asamblea que reunirá a los más de 700 socios. Dichas órdenes, sin respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, ya que ninguno de los imputados fue notificado de proceso alguno, es decir, las órdenes se liberaron violando absolutamente todos los procesos por lo que exigimos una investigación al respecto. El famoso ‘madruguete’ como se dice coloquialmente.
Reiteran de forma categórica que el juez José Manuel Salazar Uribe, juez 60 de lo civil de la CDMX, ha violado reiteradamente la ley haciendo vendettas evidentes en favor de los disidentes que están pisando los derechos que por ley tiene los cooperativistas de La Cruz Azul y evidenciando que sus intereses están por encima de la colectividad, la legalidad y la autoridad.
DOCTOR GUERRA ÁLVAREZ, MUCHAS PREGUNTAS Y NADA DE RESPUESTAS
Ante este panorama, piden de la manera más respetuosa al Dr. Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su intervención en este conflicto que pone en entredicho la veracidad y equidad de justicia a la que todos los mexicanos tenemos derecho.
Es de sorprender, Dr. Guerra, que todos los procesos que se advierten en el presente documento cuentan con una rapidez inusual y violan, como se menciona, a los debidos procesos.
Estas artimañas jurídicas son la muestra evidente del temor que tienen José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez de ser juzgados por las autoridades de la misma cooperativa y por las autoridades judiciales, a quienes deberán dar cuentas de todos y cada uno de sus actos. De no ser por estas razones, ¿por qué tanto miedo en desarrollar una Asamblea?, ¿por qué realizar tantos actos maliciosos jurídicos para impedir a toda costa que se expresen los socios?, ¿por qué sorprender a los amigos de los medios con notas fabricadas?, ¿por qué impedir a los socios y trabajadores ingresar a sus oficinas ya que están secuestradas y blindadas con sistemas que ya rebasan incluso a un Centro de Readaptación Social a la vista de todos ustedes y de cualquier peatón que circula por Gran Sur?.. Son muchas las preguntas y ninguna la respuesta.
LOS 746 SOCIOS ACTIVOS SON DUEÑOS DE LA CRUZ AZUL Y LA ASAMBLEA GENERAL ES LA MÁXIMA AUTORIDAD
Quien cometa un delito, que lo pague con todo el peso de ley, pero la cooperativa es de los propios trabajadores.
Los cooperativistas manifiestan ante la opinión pública que quien cometa un delito, que lo pague con todo el peso de la ley, pero que esto no sea pretexto para violar los derechos de los más de 740 socios activos de La Cruz Azul y de la más de 10 mil 500 familias que dependen de la organización, pues la Cooperativa no ha cometido delito alguno sino las personas.
La Cruz Azul debe seguir operando, pues es una empresa con más de 110 años de existencia y casi 90 años como cooperativa, 9 décadas de trabajo en comunión que la han llevado a ser un organismo 100% mexicano y digno del reconocimiento nacional e internacional, muestra de que el trabajo en unión y comprometido de las familias mexicanas lleva a puertos de excelencia y desarrollo.
Es innegable que La Cruz Azul siempre permanecerá, es un legado de los socios activos, que la máxima autoridad es la Asamblea General, la que define el rumbo de la cooperativa y ninguna persona, llámese como se llame, es dueña de la empresa, pues La Cruz Azul se rige por sus propios estatutos y ningún tribunal puede imponer a los funcionarios de la cooperativa, pues, insisto, ésta se rige por la Asamblea General, por lo que es de vital importancia que ésta se realice este miércoles 26 para definir de una manera libre y democrática el rumbo de La Cruz Azul. Ojalá así sea y que las autoridades correspondientes lo permitan por el bien de una gran empresa ciento por ciento mexicana y por el bienestar y tranquilidad de 10 mil 500 familias.
FIRME LA ASAMBLEA, PESE A LA CANCELACIÓN DEL JUEZ 60
Ya salió la respuesta de los disidentes bajo la decisión del juez 60, que pospone la reunión de este miércoles 26 de agosto para el 26 de noviembre de 2020 con el argumento de la pandemia.
Una decisión que ya se esperaba, pues los disidentes tienen de aliado al juez 60 para sus fines, pero los cooperativistas de La Cruz Azul aseguran que la Asamblea General de este miércoles sigue en pie.
Mauricio Soto señala que hacer una asamblea, pese a la orden del juez y las restricciones de la alcaldía Coyoacán, sólo amerita una multa y no la ilegalidad de la misma.
Contra viento y marea, los cooperativistas desarrollarán su asamblea este miércoles en las oficinas de Gran Sur.
