Por México sal a votar, pero no botar la democracia

En la guerra, en el amor y “en la lucha por el poder” todo se vale, lo único que no se vale es violar la ley * La democracia no se construyó en un día, pero puede iniciar su destrucción en un día… este 6 de junio de 2021

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

En las últimas semanas se ha difundido un libro titulado “La democracia no se construyó en un día”, escrito por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y el periodista Ernesto Núñez, quizá como respuesta a los embates que ha recibido por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus allegados.

Es un título que, aún para quienes no somos especialistas en la materia, resulta obvio.

Y es que en las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021 se decidirá la integración de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 29 Congresos locales y la continuidad, o no, de la Cuarta Transformación.

El resultado podría indicar que “la democracia se empiece a destruir en un día, a partir del 6 de junio”, pues Morena podría lograr mayoría al menos absoluta.

Ha sido bandera y discurso reiterado del gobierno de la Cuarta Transformación afirmar que “ahora sí somos un país democrático” y en diversos mensajes el Primer Mandatario ha señalado que el 1 de julio de 2018 fue un día “que para muchos es sinónimo de democracia”.

Sin embargo, hay que recordar que la democracia ha sido anhelo y aspiración de los mexicanos desde hace dos siglos y se ha venido perfeccionando. Se estableció en la Constitución como “una forma de vida”. Es, en términos jurídicos, la práctica o conducta reiterada (inveterata consuetudo) de los mexicanos y la convicción de la colectividad de que esa práctica o conducta es obligatoria (opinio iuris seu necessitatis).

Los creadores de la teoría de la división de Poderes son John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu) desde el siglo XVIII.

En México, la Constitución federal de 1824 estableció: “Se divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Quedó así plasmada la división de Poderes. Es nuestra forma de gobierno plasmada en nuestras Constituciones de 1824, 1857 y 1917, una realidad formal y jurídica.

Hay que reconocer que en materia electoral hemos avanzado y madurado como nación. Es evidente que ya erradicamos el fraude electoral y que los principios democráticos ya son cimiento inamovible de nuestra cultura cívica.

El INE es una de nuestras instituciones más sólidas y consolidada, que cuenta con el apoyo y la participación de la gran mayoría de mexicanos. Millones de mexicanos que han participado directa o indirectamente en esa institución: Sean los actuales 93 millones de empadronados; sean los 50 millones que votaron en la última elección presidencial; sean los casi 2 millones que cuidarán el voto en las elecciones de junio de 2021 como funcionarios electorales y que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales.

Es innegable que el INE ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo federal desde el año 2000. Se trata de una Institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales, por lo que es motivo de orgullo de los mexicanos.

Ya se ha comprobado que la democracia y sus instituciones pueden ser frágiles y vulnerables, incluso en los países con mayor tradición democrática. Lo vimos en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando Donald Trump, desde el “poder” de la Casa Blanca, arremetió contra los resultados electorales que no lo favorecieron alegando “fraude electoral” y, lo más grave, participando mediante la arenga y la convocatoria en un asalto violento al Capitolio, sede del Congreso de ese país, para impedir la declaratoria de triunfo de Joe Biden… un hecho que nos hace recordar a “ya sabes quién”.

Este suceso, visto a nivel mundial, fue algo inédito y que no ocurría en EU desde fines del siglo XIX. Lo inconcebible: que muchos de los casi 70 millones de norteamericanos que votaron por él le creyeran su “fake speech” y que fue la razón por la que las redes sociales lo sacaron de circulación.

La pregunta que surge es: ¿Cabría la posibilidad que algo similar ocurriera en México en las elecciones de junio de 2021? No queremos pensar mal, y ojalá que no, pero hay signos tácitos e inequívocos que indican que sí.

 

DESDE PALACIO REALIZAN ATAQUES Y EMBATES AL INE

El Ejecutivo federal desde el “poder” de Palacio Nacional, ha realizado diversos embates y cuestionamientos al Instituto Nacional Electoral. Ha señalado recientemente que quiere un INE “auténticamente democrático” y que no obedezca a consignas de intereses de los “conservadores” o de los “neoliberales”; también reiteró que el INE es un organismo costoso, que nunca ha garantizado comicios limpios y libres.

Sus conocidos aduladores, el líder del Senado, Ricardo Monreal, y el presidente de Morena, Mario Delgado, los “Giulianis” mexicanos, le hacen segunda con sus declaraciones y amenazas intimidatorias hacia el INE.

López Obrador ha demostrado que le interesa y ha leído la historia de México, seguramente está enterado de la forma en que han evolucionado las instituciones electorales del país.

El INE es producto de la vocación democrática y de muchas luchas fratricidas que protagonizó el pueblo de México, pasando por la Independencia, la Reforma y la Revolución. Durante todo el siglo XIX México se debatió entre las tesis político-electorales de los liberales contra los conservadores. Las de los conservadores eran las tesis centralistas versus las de los liberales que defendían el federalismo.

La Constitución de 1824 estableció la República representativa y federal, en tanto la Ley Electoral de 1836 (Santa Ana), estableció el “Supremo Poder Conservador” que autocalificaba las elecciones. Con la Reforma en la Constitución del 5 de febrero de 1857 se restituyó la tesis liberal.

En estos días también cabe recordar que fue en la legislación electoral del porfiriato, en la reforma constitucional del 20 de diciembre de 1890, que se estableció la reelección indefinida de Presidente de la República. Esta reforma le permitió a Porfirio Díaz gobernar 31 años y la antítesis -de los hermanos Serdán y Madero-, el “antirreeleccionismo” se convirtió en una de las principales banderas de la Revolución.

Después del movimiento armado, Venustiano Carranza promulga la ley electoral de 1916 para la integración del Congreso Constituyente; la Ley para la Elección de los Poderes Federales del 2 de junio de 1918 se decreta un año después de haberse aprobado la Constitución General de la República de 1917, para reglamentar el sistema de elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo contenido en su Artículo 40 que dispone el principio mantenido hasta la fecha: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática y federal”.

Fue hasta el gobierno de José López Portillo cuando su secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, diseñó e impulsó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), cuyo principal mérito fue orientar el pluralismo político favoreciendo la representación y participación legal de las minorías políticas representadas en los partidos políticos ya existentes.

A partir de ello, el Artículo 41 Constitucional definió a los partidos como “entidades de interés público”.

La LFOPPE determinó la existencia de un “sistema de partidos políticos” que incluyó el sistema mixto de mayoría relativa (300 diputados) y representación proporcional (100).

La elección federal presidencial de 1988, en la que se otorgó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari y que fue ampliamente cuestionada. Se habló de un presunto y gigantesco fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

 

TRAS ELECCIÓN DE 1988 INICIAN REFORMAS CONSTITUCIONALES

El conflicto poselectoral represento un “parteaguas” y por ello en 1989 se realizaron reformas constitucionales en los siguientes temas: Organismos electorales (artículos 41 y 5); Calificación y contencioso electoral (artículos 41 y 60); Integración y funcionamiento de la Cámara de Diputados (artículos 53, 54 y 63).

El decreto estableció en su Artículo Primero: Se reforman los artículos 5, 35 fracción III, 36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Estas reformas constitucionales dieron marco jurídico a un  nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990. Se establecieron criterios de interpretación para la aplicación de las normas del Código de conformidad con los principios de certeza, objetividad e imparcialidad electoral.

En resumen: México experimentó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que tres fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones a leyes reglamentarias.

Respecto a un tema que se ha puesto de moda, la equidad relacionada con los medios de comunicación. Se reguló la publicidad de gobiernos durante campañas. La primera iniciativa se dio en 1994, se gestó otra en la reforma en 2007 para prohibir el uso personalizado de la publicidad oficial.

Otro aspecto muy importante fueron las reformas para buscar la imparcialidad de las autoridades electorales. El IFE nació en 1990 y en 1994 se dio un paso significativo cuando se les quitó voto a los representantes de los partidos y se nombró a seis consejeros ciudadanos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados… pero el paso definitivo ocurrió en 1996 cuando el instituto se volvió autónomo: la presidencia dejó de ser ocupada por el secretario de Gobernación y su lugar fue tomado por un consejero presidente elegido también por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, al igual que los otros ocho consejeros electorales.

Con el fin de garantizar la legalidad de los procesos electorales, se creó un sistema de justicia electoral que tuvo sus primeros cimientos en 1986 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral en 1990 y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 1996 con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre partidos, entre partidos y autoridades, y entre militantes y los órganos de dirección partidarios.

Es cierto que al calor de las contiendas electorales los partidos se valen de todo para ganar simpatizantes.

En la guerra, en el amor y “en la lucha por el poder” todo se vale, lo único que no se vale es violar la Ley.

En otros países como Estados Unidos la ley permite a los presidentes hacer campaña abierta en favor de sus partidos. En México no, y esto viene por el reclamo de AMLO -cuando era opositor- hacia el entonces presidente Vicente Fox Quesada porque se metía en el proceso electoral con su frase ya conocida: “Cállate Chachalaca”.

Por AMLO surgió la veda electoral… y ahora que es Presidente ya no le gusta y la viola todos los días.

Tal vez esa sería una reforma necesaria, pero eso no justifica ni es motivo para la amenaza de sacar a los actuales consejeros del INE, incluido el consejero presidente, sólo porque el Presidente de la República y sus testaferros no estén de acuerdo con su trabajo.

La democracia en México se encuentra en la mayor encrucijada de su historia y se pondrá a prueba en unos días. Hoy más que nunca se requiere un liderazgo incluyente, de conciliación y de unidad.

Por el bien de la democracia y el futuro de México, estemos todos vigilantes de que se cumpla con la ley en estos importantes comicios.

La construcción de la democracia realizada en años no se puede ir a la destrucción en un solo día, el 6 de junio de 2021.

Así que no lo olvides, tienes un deber ciudadano: Por México sal a votar, pero no botar la democracia.

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