Connect with us

PULPO POLÍTICO

Por México sal a votar, pero no botar la democracia

Published

on

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

En las últimas semanas se ha difundido un libro titulado “La democracia no se construyó en un día”, escrito por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y el periodista Ernesto Núñez, quizá como respuesta a los embates que ha recibido por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus allegados.

Es un título que, aún para quienes no somos especialistas en la materia, resulta obvio.

Y es que en las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021 se decidirá la integración de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 29 Congresos locales y la continuidad, o no, de la Cuarta Transformación.

El resultado podría indicar que “la democracia se empiece a destruir en un día, a partir del 6 de junio”, pues Morena podría lograr mayoría al menos absoluta.

Ha sido bandera y discurso reiterado del gobierno de la Cuarta Transformación afirmar que “ahora sí somos un país democrático” y en diversos mensajes el Primer Mandatario ha señalado que el 1 de julio de 2018 fue un día “que para muchos es sinónimo de democracia”.

Sin embargo, hay que recordar que la democracia ha sido anhelo y aspiración de los mexicanos desde hace dos siglos y se ha venido perfeccionando. Se estableció en la Constitución como “una forma de vida”. Es, en términos jurídicos, la práctica o conducta reiterada (inveterata consuetudo) de los mexicanos y la convicción de la colectividad de que esa práctica o conducta es obligatoria (opinio iuris seu necessitatis).

Los creadores de la teoría de la división de Poderes son John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu) desde el siglo XVIII.

En México, la Constitución federal de 1824 estableció: “Se divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Quedó así plasmada la división de Poderes. Es nuestra forma de gobierno plasmada en nuestras Constituciones de 1824, 1857 y 1917, una realidad formal y jurídica.

Hay que reconocer que en materia electoral hemos avanzado y madurado como nación. Es evidente que ya erradicamos el fraude electoral y que los principios democráticos ya son cimiento inamovible de nuestra cultura cívica.

El INE es una de nuestras instituciones más sólidas y consolidada, que cuenta con el apoyo y la participación de la gran mayoría de mexicanos. Millones de mexicanos que han participado directa o indirectamente en esa institución: Sean los actuales 93 millones de empadronados; sean los 50 millones que votaron en la última elección presidencial; sean los casi 2 millones que cuidarán el voto en las elecciones de junio de 2021 como funcionarios electorales y que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales.

Es innegable que el INE ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo federal desde el año 2000. Se trata de una Institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales, por lo que es motivo de orgullo de los mexicanos.

Ya se ha comprobado que la democracia y sus instituciones pueden ser frágiles y vulnerables, incluso en los países con mayor tradición democrática. Lo vimos en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando Donald Trump, desde el “poder” de la Casa Blanca, arremetió contra los resultados electorales que no lo favorecieron alegando “fraude electoral” y, lo más grave, participando mediante la arenga y la convocatoria en un asalto violento al Capitolio, sede del Congreso de ese país, para impedir la declaratoria de triunfo de Joe Biden… un hecho que nos hace recordar a “ya sabes quién”.

Este suceso, visto a nivel mundial, fue algo inédito y que no ocurría en EU desde fines del siglo XIX. Lo inconcebible: que muchos de los casi 70 millones de norteamericanos que votaron por él le creyeran su “fake speech” y que fue la razón por la que las redes sociales lo sacaron de circulación.

La pregunta que surge es: ¿Cabría la posibilidad que algo similar ocurriera en México en las elecciones de junio de 2021? No queremos pensar mal, y ojalá que no, pero hay signos tácitos e inequívocos que indican que sí.

 

DESDE PALACIO REALIZAN ATAQUES Y EMBATES AL INE

El Ejecutivo federal desde el “poder” de Palacio Nacional, ha realizado diversos embates y cuestionamientos al Instituto Nacional Electoral. Ha señalado recientemente que quiere un INE “auténticamente democrático” y que no obedezca a consignas de intereses de los “conservadores” o de los “neoliberales”; también reiteró que el INE es un organismo costoso, que nunca ha garantizado comicios limpios y libres.

Sus conocidos aduladores, el líder del Senado, Ricardo Monreal, y el presidente de Morena, Mario Delgado, los “Giulianis” mexicanos, le hacen segunda con sus declaraciones y amenazas intimidatorias hacia el INE.

López Obrador ha demostrado que le interesa y ha leído la historia de México, seguramente está enterado de la forma en que han evolucionado las instituciones electorales del país.

El INE es producto de la vocación democrática y de muchas luchas fratricidas que protagonizó el pueblo de México, pasando por la Independencia, la Reforma y la Revolución. Durante todo el siglo XIX México se debatió entre las tesis político-electorales de los liberales contra los conservadores. Las de los conservadores eran las tesis centralistas versus las de los liberales que defendían el federalismo.

La Constitución de 1824 estableció la República representativa y federal, en tanto la Ley Electoral de 1836 (Santa Ana), estableció el “Supremo Poder Conservador” que autocalificaba las elecciones. Con la Reforma en la Constitución del 5 de febrero de 1857 se restituyó la tesis liberal.

En estos días también cabe recordar que fue en la legislación electoral del porfiriato, en la reforma constitucional del 20 de diciembre de 1890, que se estableció la reelección indefinida de Presidente de la República. Esta reforma le permitió a Porfirio Díaz gobernar 31 años y la antítesis -de los hermanos Serdán y Madero-, el “antirreeleccionismo” se convirtió en una de las principales banderas de la Revolución.

Después del movimiento armado, Venustiano Carranza promulga la ley electoral de 1916 para la integración del Congreso Constituyente; la Ley para la Elección de los Poderes Federales del 2 de junio de 1918 se decreta un año después de haberse aprobado la Constitución General de la República de 1917, para reglamentar el sistema de elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo contenido en su Artículo 40 que dispone el principio mantenido hasta la fecha: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática y federal”.

Fue hasta el gobierno de José López Portillo cuando su secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, diseñó e impulsó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), cuyo principal mérito fue orientar el pluralismo político favoreciendo la representación y participación legal de las minorías políticas representadas en los partidos políticos ya existentes.

A partir de ello, el Artículo 41 Constitucional definió a los partidos como “entidades de interés público”.

La LFOPPE determinó la existencia de un “sistema de partidos políticos” que incluyó el sistema mixto de mayoría relativa (300 diputados) y representación proporcional (100).

La elección federal presidencial de 1988, en la que se otorgó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari y que fue ampliamente cuestionada. Se habló de un presunto y gigantesco fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

 

TRAS ELECCIÓN DE 1988 INICIAN REFORMAS CONSTITUCIONALES

El conflicto poselectoral represento un “parteaguas” y por ello en 1989 se realizaron reformas constitucionales en los siguientes temas: Organismos electorales (artículos 41 y 5); Calificación y contencioso electoral (artículos 41 y 60); Integración y funcionamiento de la Cámara de Diputados (artículos 53, 54 y 63).

El decreto estableció en su Artículo Primero: Se reforman los artículos 5, 35 fracción III, 36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Estas reformas constitucionales dieron marco jurídico a un  nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990. Se establecieron criterios de interpretación para la aplicación de las normas del Código de conformidad con los principios de certeza, objetividad e imparcialidad electoral.

En resumen: México experimentó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que tres fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones a leyes reglamentarias.

Respecto a un tema que se ha puesto de moda, la equidad relacionada con los medios de comunicación. Se reguló la publicidad de gobiernos durante campañas. La primera iniciativa se dio en 1994, se gestó otra en la reforma en 2007 para prohibir el uso personalizado de la publicidad oficial.

Otro aspecto muy importante fueron las reformas para buscar la imparcialidad de las autoridades electorales. El IFE nació en 1990 y en 1994 se dio un paso significativo cuando se les quitó voto a los representantes de los partidos y se nombró a seis consejeros ciudadanos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados… pero el paso definitivo ocurrió en 1996 cuando el instituto se volvió autónomo: la presidencia dejó de ser ocupada por el secretario de Gobernación y su lugar fue tomado por un consejero presidente elegido también por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, al igual que los otros ocho consejeros electorales.

Con el fin de garantizar la legalidad de los procesos electorales, se creó un sistema de justicia electoral que tuvo sus primeros cimientos en 1986 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral en 1990 y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 1996 con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre partidos, entre partidos y autoridades, y entre militantes y los órganos de dirección partidarios.

Es cierto que al calor de las contiendas electorales los partidos se valen de todo para ganar simpatizantes.

En la guerra, en el amor y “en la lucha por el poder” todo se vale, lo único que no se vale es violar la Ley.

En otros países como Estados Unidos la ley permite a los presidentes hacer campaña abierta en favor de sus partidos. En México no, y esto viene por el reclamo de AMLO -cuando era opositor- hacia el entonces presidente Vicente Fox Quesada porque se metía en el proceso electoral con su frase ya conocida: “Cállate Chachalaca”.

Por AMLO surgió la veda electoral… y ahora que es Presidente ya no le gusta y la viola todos los días.

Tal vez esa sería una reforma necesaria, pero eso no justifica ni es motivo para la amenaza de sacar a los actuales consejeros del INE, incluido el consejero presidente, sólo porque el Presidente de la República y sus testaferros no estén de acuerdo con su trabajo.

La democracia en México se encuentra en la mayor encrucijada de su historia y se pondrá a prueba en unos días. Hoy más que nunca se requiere un liderazgo incluyente, de conciliación y de unidad.

Por el bien de la democracia y el futuro de México, estemos todos vigilantes de que se cumpla con la ley en estos importantes comicios.

La construcción de la democracia realizada en años no se puede ir a la destrucción en un solo día, el 6 de junio de 2021.

Así que no lo olvides, tienes un deber ciudadano: Por México sal a votar, pero no botar la democracia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PULPO POLÍTICO

Los posibles gabinetes de Xóchitl y Claudia

Published

on

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El próximo 2 de junio de 2024, en las elecciones presidenciales, legislativas federales y estatales más grandes de la historia de México, se espera que vote un 65 por ciento del padrón electoral que está conformado por 98 millones de potenciales electores.

Un factor que tomarán mucho en cuenta esos posibles electores, incluso para salir a votar, será saber quiénes conformarán los equipos de trabajo de las dos candidatas, Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo.

Uno de los elementos que distinguieron la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que contribuyó a su triunfo fue que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia fue el único que presentó los nombres de quienes integrarían su gabinete.

Desde el 14 de diciembre de 2017, en el inicio de la precampaña a las elecciones presidenciales, López Obrador dio a conocer a las personas que conformarían su gabinete en caso de ganar.

Ningún otro candidato a la Presidencia había anunciado anticipadamente a sus colaboradores.

Sería deseable y abonaría mucho en su favor que las candidatas nos presentaran antes del 2 de junio, fecha de la elección presidencial, a quienes integrarían sus equipos.

Los gabinetes de Xóchitl y Claudia tienen una gran relevancia dentro de sus respectivos proyectos, pues son ellos los hombres y mujeres que las acompañarán, quienes con sus perfiles, preparación, experiencia, capacidad, honestidad y fama pública podrían garantizar la calidad del trabajo que el Poder Ejecutivo requiere implementar para hacer de México un país próspero, justo y democrático.

Las principales consideraciones para la integración de gabinetes podrían ser las siguientes: 1.- Paridad de género. De las secretarías de Estado, al menos la mitad­ debieran ser conducidas por mujeres; 2.- Preparación. Las mejores trayectorias académicas; 3.- Trayectorias político-partidistas. Deberán ser diversas y plurales, sobre todo porque se integraría por vez primera un gobierno de coalición, con militantes o ciudadanos de diferentes partidos y de organizaciones de la sociedad civil; 4.- Buena fama pública. Estarían considerados empresarios, académicos, líderes de fundaciones filantrópicas y ONGs, incluso periodistas, artistas, escritores, deportistas y otros que hayan demostrado prestigio y resultados en sus ámbitos de trabajo.

La coalición opositora ha reiterado desde su formación que integrará un gobierno de coalición, que significa que debe incluir a los más capaces y honestos de cada uno de los partidos que forman el bloque, así como por ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su trayectoria y capacidad, como José Ángel Gurría Treviño, quien durante 15 años fue secretario general de la OCDE, que agrupa a los 38 países mas desarrollados del mundo y es la encargada de monitorear y evaluar las principales variables y políticas públicas para mejorar el nivel de vida y el crecimiento económico de los países miembros.

La mayoría de los países europeos tiene gobiernos de coalición y durante su estancia en la OCDE, Gurría Treviño tuvo la experiencia de trabajar de cerca con esos gobiernos.

En relación a la formación de un gobierno de coalición, el exsecretario general de la OCDE expresa: “No sólo es hacer la coalición, hay que usarla, hay que cacarear el huevo y decir al electorado que estamos ofreciendo una mejor propuesta de gobierno. No tenemos esa cultura, pero llegó el momento apropiado, oportuno y porque es la única forma de que podamos prevalecer” como partidos políticos.

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, ha reiterado que pretende integrar un equipo con 100 por ciento en honestidad y capacidad.

En el primer gobierno de coalición deberían participar todos los partidos y reconocidos ciudadanos.

 

POSIBLE GABINETE DE XÓCHITL

De manera enunciativa, anotamos posibles candidatos y candidatas a ocupar las diferentes secretarías del gabinete de colaboradores de la eventual presidenta de la República, Xóchitl, Gálvez Ruiz.

SEGOB: Beatriz Paredes, Lorenzo Córdova y Enrique Alfaro.

SHCP: Fernando Galindo, José Ángel Gurría.

SRE: Idelfonso Guajardo, Socorro Flores.

SEP: José Ángel Gurría, Javier Treviño, Fernando Landeros.

SEDENA: Gral. Tomás Ángeles Dauahare.

BIENESTAR: Mauricio Vila, Carolina Viggiano, Luis Donaldo Colosio.

AGRICULTURA: Enrique de la Madrid, Mauricio Vila.

TRABAJO: José Guadalupe Acosta Naranjo, Luis Espinosa Cházaro, Margarita Zavala.

ECONOMÍA: Mauricio Kuri, José Medina Mora, Alfredo Phillips Greene.

SALUD: Julio Frenk, Salomón Chertorivski.

SEMARNAT: Gustavo Alanís Ortega.

TURISMO: Samuel García, Claudia Vara López.

SEGURIDAD PÚBLICA: Rubén Moreira, Francisco Cabeza de Vaca, Omar García Harfuch.

FGR: Damián Zepeda, Germán Martínez, Renato Sales.

SEDATU: Arne Aus den Ruthen Haag.

CULTURA: Rafael Pérez Gay.

ENERGÍA: Alfredo Phillips Greene, Claudio X. González.

PEMEX: Alejandra Marcos, Macario Schetino.

CFE: Santiago Creel Miranda.

CAPUFE: Marko Cortez.

CONACYT: Antonio Lazcano.

INFONAVIT: Arne Aus den Ruthen Haag, José Luis Romero Hicks.

CNDH: Lilly Téllez, Josefina Vázquez Mota.

CONADE: Daniel Aceves Villagrán.

CONALITEG: Juan Carlos Romero Hicks.

PROFECO: Fernando Belauzarán.

 

POSIBLE EQUIPO DE TRABAJO DE SHEINBAUM

De igual manera enunciativa, anotamos nombres de posibles candidatos y candidatas a ocupar las diferentes secretarías del gabinete de colaboradores de la eventual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

SEGOB: Arturo Zaldívar, Adán Augusto López, Ricardo Monreal Ávila.

SHCP: Gerardo Esquivel, Ramírez de la O.

SRE: Marcelo Ebrard Casaubón.

SEP: Juan Ramón de la Fuente.

BIENESTAR: Tatiana Clouthier, Citlalli Hernández.

AGRICULTURA: Víctor Villalobos.

TRABAJO: Gerardo Fernández Noroña.

ECONOMÍA: Altagracia Gómez.

SALUD: David Kershenobich.

SEMARNAT: Jorge Marcial Islas Samperio.

TURISMO: Susana Harp.

SEGURIDAD PÚBLICA: Omar García Harfuch.

FGR: Alejandro Gertz, Renato Sales.

SEDATU: César Cravioto.

FUNCIÓN PÚBLICA: Javier Corral.

CULTURA: Regina Orozco, Epigmenio Ibarra.

ENERGÍA: Rocío Nahle.

PEMEX: Lázaro Cárdenas Batel, Mario Delgado.

CFE: Manuel Bartlett.

CONACYT: Rosaura Ruiz, Renata Turrent.

INFONAVIT: Carlos Martínez.

CNDH: Alejandro Encinas.

En 2018, cuando el Presidente López Obrador presentó a su gabinete, dijo: “Sinceramente aspiro a que este gabinete sea recordado como el mejor gabinete que ha habido en la historia de México… un gabinete mejor que el del presidente Juárez, que ha sido el mejor presidente de México”.

Pero con el paso del tiempo el gabinete de AMLO resultó ser un fiasco, salvo contadas excepciones. Fue cambiado en un 90% por diferentes motivos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, fue sustituida por Adán Augusto López; Relaciones Exteriores no fue para Héctor Vasconcelos, llegó Marcelo Ebrard; Economía, Graciela Márquez Colin, sustituida por Tatiana Clouthier, quien al final fue cesada; Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías (qepd), terminó en el equipo de Xóchitl Gálvez, sustituido por Arturo Herrera y éste por Ramírez de la O; Energía, Rocío Nahle, se fue de candidata a gobernadora de Veracruz; Víctor Villalobos, todavía sigue; Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, actual titular de la Segob; Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, sustituido por Delfina Gómez y ésta por Leticia Ramírez; Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, aún continúa; Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, renunció por no estar de acuerdo con que Marina controlara puertos y aduanas; Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena, sustituida por escándalo por detener un vuelo comercial; Turismo, Miguel Torruco Márquez, todavía sigue; Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la cesó el Presidente; Salud, Jorge Alcocer Varela, aún continúa; Sedesol, María Luisa Albores González, todavía sigue, y Sedatu, Román Meyer Falcón, aún continúa.

Benito Juárez, considerado el “mejor” presidente que ha tenido México, logró salvar el país de muchos peligros que lo acechaban, invasiones, deudas y amenazas de todo tipo. Logró restaurar la República y salvarla de los conservadores, que abogaban por un gobierno centralista y autoritario, gracias al gabinete de gigantes que seleccionó, en el que figuraban grandes personajes de la talla de Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada, Francisco Zarco, Manuel Doblado, Ignacio Zaragoza, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort, José María Lafragua, Guillermo Prieto, Ignacio L. Vallarta, Matías Romero Avendaño y José María Iglesias.

 UN GOBIERNO INTEGRADO POR LOS MEJORES

En la actualidad, México reclama un gobierno integrado por los mejores. Si 98 millones de potenciales electores conocemos perfiles de quienes nos gobernarán los siguientes seis años, sin duda que habrá menos abstención.

México podría tener el primer gobierno de coalición, un gobierno que se traduzca en “unidad y reconciliación nacional” para iniciar una nueva etapa en la vida política nacional y así construir el México justo y próspero que todos queremos.

 

***Académico y consultor.

Continue Reading

PULPO POLÍTICO

Arturo Zaldívar, un líder con sensibilidad política para sortear los embates

Published

on

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

Tres acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.

El primero, dar entrada a la iniciativa “inconstitucional” de la consulta para “llevar a juicio a ex presidentes”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por hacer comparsa y reelaboró una pregunta sin pies ni cabeza, en vez de haberla desechado desde el principio.

Segundo, la propuesta de ampliar el periodo del ministro presidente de la SCJN, que surgió desde abril de 2021, pero que hasta agosto rechazó el ministro presidente Arturo Zaldívar, pero que todavía eso no basta, pues falta que la SCJN declare su inconstitucionalidad.

Y tercero, la reciente crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando cinco de sus ministros por mayoría destituyeron a su presidente, José Luis Vargas.

Cuatro meses de incertidumbre sobre el futuro de la SCJN, pero que Zaldívar cortó de tajo con los rumores al anunciar públicamente que rechazaba la ampliación de su periodo en la presidencia de la SCJN y el CJF.

 

El único frijolito en el arroz: la tardanza para anunciarlo, pues él sabía que era, a todas luces, anticonstitucional la propuesta. Todavía es un misterio quién y por qué introdujo el famoso artículo transitorio a la propuesta de Reforma. Se manejaron varias hipótesis: Que si la idea fue del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; que la iniciativa fue de Ricardo Monreal, al ordenar al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, desde abril pasado, añadir de última hora a la reforma del Poder Judicial un artículo transitorio -el decimotercero- para que Zaldívar presidiera la Corte y el Poder Judicial hasta noviembre de 2024; que fue idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que por eso mismo lo alentaba; que el propio ministro presidente Arturo Zaldívar fue consultado y éste coqueteó con la idea.

Y así más versiones por el mismo estilo, pero nadie ha aclarado de dónde salió la propuesta y cuál era la verdadera intención… y por lo visto nunca sabremos al verdadero autor intelectual.

Pero lo cierto es que ocasionó un gran desgaste y cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial.

Tras la ola de declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, externadas desde el inicio de su administración, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, habría surgido la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el Poder Judicial, como en algún momento lo propuso el líder del Senado, Ricardo Monreal.

Incluso existió temor por parte del ministro presidente de la SCJN de que lo obligaran a renunciar, como ocurrió en el siglo XIX cuando, en 1882, el presidente de la SCJN, Vallarta, fue obligado a renunciar por el presidente Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz. Lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones’y los nombramientos que hacía la Suprema Corte, en las ternas que sometía a la Secretaría de Justicia para cubrir las plazas de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.

Retomando el tema de la ampliación de mandato de Zaldívar, siempre quedará en el aire si se trató de una estrategia para presionar, acotar y someter al presidente de la SCJN y su Reforma Judicial… o era el preámbulo -“laboratorio de ensayo”- de la extensión o reelección del mandato presidencial.

Al respecto, habría que tratar de reinterpretar lo que sostuvo el Presidente López Obrador durante todo el debate que la extensión del mandato de Zaldívar estaba en línea con los objetivos de su gobierno para desterrar la corrupción e impulsar una transformación de la vida política de México.

“Para que haya un cambio, se requiere que el ministro Zaldívar (y nadie más) perdure hasta el 2024. No es reelección, es que termine en el 2024; ojalá lo apoye el resto de los ministros, puestos por el antiguo régimen y cuando la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo”, mencionó el Primer Mandatario en junio.

 

 

Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, en defensa de la tardanza de su decisión, señala que estuvo esperando a que se aprobara la “Reforma Judicial” para fijar su posición.

Es de resaltar que la “Reforma Judicial”, sin duda, representa un avance en diversos aspectos técnicos de la impartición de justicia. La pregunta es cómo se agilizarán y transparentarán las sentencias, si tales reformas no van de la mano de una profunda reforma administrativa interna. No se realizó una revisión de la gigantesca y compleja estructura del Consejo de la Judicatura Federal, y el papel de sus consejeros para propiciar su modernización.

Se desconoce si se incluyeron temas como compactación de la estructura, contar con una eficiente plataforma tecnologica, establecimiento de mecanismos ágiles de evaluación y vigilancia técnico-administrativa.

Cómo se podrá fortalecer un esquema que, de origen, es un galimatías, con seis consejeros que provienen de tres orígenes distintos -Cámara de Senadores, Diputados y Ejecutivo- que toman decisiones administrativas en forma colegiada con criterios tan disímbolos o que, en su caso, se los encargan a burócratas que elaboran decisiones finales sólo para ser votadas por un pleno abstracto y complejo que conoce más de cuestiones técnicas de la impartición de justicia, pero no así de administrativas.

 

‘NUEVA CARRERA JUDICIAL’

Entre el Pleno del CJF, la nueva “Escuela de Capacitación judicial” y un Comité Académico, la inquietud que surge es cómo se determinara que los elegidos reúnan los requisitos del “nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles”.

Para establecer una escuela judicial, en la que se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial generando por primera vez una auténtica carrera judicial, se requiere algo más que complejos e indeterminados esquemas de administración y selección, algo más sencillo o más probado.

Tal vez en este tema se podrá tomar como referencia la experiencia del servicio diplomático de carrera. O bien apoyarse en las principales instituciones de educación superior, que imparten la carrera de Derecho, para desde ahí abrir la opción a jóvenes que tengan la vocación judicial con programas elaborados conjuntamente, por ejemplo, entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la SCJN.

En su momento el brillante ex ministro de la SCJN, José Vicente Aguinaco, al referirse a los relevos “externos” para la Suprema Corte, decía: “Es sana la práctica de que vengan de fuera. La endogamia no es buena, en cambio la exogamia sí. Ahí tiene usted -agregó- a las noblezas que se casaban entre sí y de ahí no salían. ¿Qué hijos daban, taraditos ¿no?”.

Se busca con la reforma que los “defensores públicos sean verdaderos abogados de los pobres, que logren llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más olvidada, más discriminada y a aquellos que han perdido la esperanza en la justicia”… pero quién o cómo se garantizará tal propósito.

La figura de la defensoría de oficio tiene décadas de existencia. La pregunta es cómo se hará valer, cómo se garantiza que ahora sí tengan defensorías eficientes y calificadas los más pobres y vulnerables.

Por otro lado el nepotismo, el acoso sexual y el registro patrimonial de servidores públicos existen en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, e incluso en el Código Penal, como delitos y figuras precisas. ¿Por qué no se vinculó la reforma, en materia de corrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción? Las “Contralorías” podrían ser juez y parte, al depender de los funcionarios superiores del Poder Judicial, en cuanto a su nombramiento, funcionamiento y sanciones.

¿Por qué no se abrió, en afán de la transparencia, a nuevos esquemas de requisitos, capacidad y experiencia, apoyados en otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o al conjunto colegiado de quienes integran el SNA? Se entiende como una tarea muy compleja mantener la independencia del Poder Judicial, al tiempo de permitir que otras instancias o Poderes intervengan, pero se pueden diseñar mecanismos que logren más transparencia sin menoscabo de la “autonomía”.

Lo que sí habrá que reconocer, después de todas las recientes pruebas a que estuvo sometido el Poder Judicial, es que existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país. El ministro presidente Arturo Zaldívar mostró habilidad y sensibilidad política para sortear los embates. En el caso de la crisis del TEPJF, su intervención permitió la reconciliación, el diálogo y las atinadas salidas jurídicas con la “renuncia” formal del depuesto magistrado presidente José Luis Vargas, al tiempo que desistió del cargo el designado sustituto, Reyes Rodríguez Mondragón.

Con la elección del magistrado Felipe Fuentes Barrera como  presidente del TEPJF, se dio una acertada solución política a la mencionada crisis. Seguramente, de aquí a que termine su Presidencia en 2022, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, seguirá impulsando la muy importante y recién aprobada “Reforma del Poder Judicial”.

Tendrá la oportunidad de hacer los ajustes que se requieran en su implementación. Con ello, la SCJN y el Poder Judicial, en su conjunto, lograrán mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas.

Por una eficiente impartición de justicia y por la búsqueda de un auténtico Estado de Derecho, 130 millones de mexicanos mantendremos el anhelo y la esperanza de que se logre.

 

*** Académico y consultor.

Continue Reading

PULPO POLÍTICO

Sacar al buey de la barranca, el gran reto de Ramírez de la O.

Published

on

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

La designación de Rogelio Ramírez de la O. como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría ser el parteaguas que requiere la 4T para su relanzamiento. Le correspondería hacer lo que sus antecesores, Carlos Urzúa y Arturo Herrera, no pudieron o no quisieron hacer para ayudar a su jefe, el Presidente Andrés Manuel López Obrador: Dar un mensaje de firmeza respecto a la claridad de las reglas para las inversiones de los empresarios nacionales y extranjeros en materia económica.

Tiene la gran responsabilidad de dejarle en claro al Presidente de la República que no habrá inversión privada, hasta que se vea una definición seria del rumbo y contenido que pretende el gobierno de la Cuarta Transformación.

Si se quiere la confianza para la inversión, se deben quedar atrás titubeos y confusiones en las señales y las acciones.

En materia económica estamos ante una verdadera encrucijada nacional: O se dan las condiciones para activar la economía para el crecimiento económico, o tenemos otro año de estancamiento.

 

FOMENTAR INVERSIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, ASIGNATURAS PENDIENTES

Hay un tema fundamental que se quedó “congelado” y que había sido encomendado a Alfonso Romo, “El fomento a las inversiones y el crecimiento económico”, pero que, al renunciar como jefe de la Oficina de la Presidencia, no tuvo liderazgo ni continuidad por parte de Arturo Herrera.

Ahora que el Presidente López Obrador deposita su confianza en Ramírez de la O., su tarea prioritaria debería ser la organización e implementación de un “Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y Bienestar”.

Ramírez de la O., economista por la UNAM y con doctorado por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, tiene la experiencia y las credenciales para liderar con éxito la gran responsabilidad que ahora tendrá como responsable del futuro económico de México.

A pesar de no tener experiencia como alto funcionario del sector hacendario y financiero federal, el plus que tiene el nuevo titular de la SHCP es su experiencia y vínculo con grandes empresas, a las que ha asesorado profesionalmente.

Sabe lo que necesitan las empresas para su expansión y crecimiento. Hay dos señales muy positivas que ha mandado Ramírez de la O.: Primero que se reactivará el “Plan Nacional de Infraestructura” para fomentar el empleo y el crecimiento económico regional y nacional, en un esquema “Keynesiano” que puede resultar muy eficaz. También el mensaje de que se dará confianza y certeza a los invesionistas, especialmente en materia energética.

Con ello se podrían terminar los casos de desconocimiento de contratos de la CFE, el incumplimiento de contratos de exploración y explotación petrolera, la cancelación de las rondas petroleras y la obstrucción a empresas para generar fuentes renovables de energía. No creceremos sin inversión privada. El crecimiento económico es el único camino para disminuir la desigualdad y la pobreza, para generar más y mejores empleos y en general para que el gobierno pueda financiar todas sus actividades, programas sociales, de educación, de salud y para la seguridad y procuración de justicia.

“Crecimiento económico”, entendido como el incremento en la producción de bienes y servicios en una economía, y por lo tanto su valor en un periodo determinado. Medido como el Producto Interno Bruto (PIB), que refleja el valor de todo lo que se produjo en un año y compararlo con el valor de todo lo que se produjo durante el mismo periodo del año pasado.

 

RAMÍREZ DE LA O. SABE SU MISIÓN

Rogelio Ramírez tiene gran claridad acerca de los principales factores y condiciones para generar crecimiento económico: Mantener la estabilidad macroeconómica, que descansa en  una sana política monetaria, pero también en la  estabilidad política, seguridad jurídica y Estado de Derecho.

Sabe de la importancia de fomentar la inversión de capital que genera empleo, que cuando los trabajadores tienen a su disposición más instrumentos para el cumplimiento de sus asignaciones, más máquinas, herramientas, es una señal de mejora de condiciones para producir más bienes y servicios. El capital físico de un país está conformado por toda infraestructura como lo son puertos, rutas, además de automóviles, camiones, aviones, barcos, computadoras, robots.

Otro elemento clave del crecimiento es el capital humano, la Educación. Ante la misma cantidad de insumos, dos trabajadores con distinto nivel educativo obtendrán resultados diferentes. Dicho de otra forma, aquellos trabajadores que posean un mayor nivel de conocimiento podrán teóricamente ser más productivos en su puesto de trabajo si se le compara con trabajadores sin estudios.

Asimismo, un trabajador con mejor formación podrá acceder a puestos de trabajo en los que genere una mayor productividad marginal o valor para la empresa. La formación de capital humano es propia de los países más desarrollados que invierten fuertes sumas de dinero en la educación. Su objetivo es que la suma del trabajo de los profesionales más calificados pueda generar un mayor crecimiento de la economía a nivel agregado.

El progreso tecnológico se refiere a combinar de una mejor manera los insumos, máquinas y conocimientos más avanzados para rendir mejores resultados de producción. Son muchos quienes indican que la clave del crecimiento económico está en el progreso tecnológico.

 

DESARROLLO SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO VAN DE LA MANO

https://www.youtube.com/watch?v=IMcR2xkVRjc

El Presidente Andrés Manuel ha señalado que es más importante el “Desarrollo social” que el “Crecimiento económico” per se. Tiene justificación su aseveración, a no ser que se entienda que ambos conceptos son inseparables. Más aún, es condición -sin equa non- que haya crecimiento económico para que se dé el desarrollo y el bienestar social.

Para repartir el pastel primero hay que cocinarlo. El objetivo debe ser crecer para seguir generando riqueza, pero se requiere su mejor distribución, ya que la riqueza en muchos casos no repercute directamente en la calidad de vida de la población, disminución de pobreza, mejoras en la educación, salud, salarios y bienestar general.

Tiene razón AMLO cuando afirma que suele asociarse erróneamente una tasa de crecimiento elevada con un alto nivel de desarrollo. Primero va el crecimiento, después el desarrollo. Con crecimiento hay más productividad de bienes y servicios, se generan empleos, más empresas e industrias que pagan impuestos, por lo tanto el Estado tiene más recursos para pagar por servicios de salud, educación, bienestar, seguridad y procuración e impartición de justicia. México debe contar con una economía con modelo de Estado estable y sin debilidad institucional, para lograr altas tasas de crecimiento que correspondan con niveles aceptables de desarrollo.

Corresponderá a Rogelio Ramírez de la O. liderar y enarbolar lo que debiera ser el estandarte más significativo y trascendente del gobierno de la Cuarta Transformación: Una gran convocatoria para unAcuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y Bienestar.

 

ACUERDO NACIONAL, UNA GRAN PRIORIDAD

Con la confianza que le ha conferido el Presidente está obligado a realizar esa gran convocatoria para impulsar ese  “Acuerdo Nacional”, en el que participen y se comprometan: En primer lugar, el Presidente de la República, su  gabinete, empresarios, trabajadores, ONGs, estudiantes, científicos, banqueros, académicos, rectores de universidades, partidos políticos, gobernadores, Poder Judicial, legisladores, presidentes municipales, expertos economistas y ciudadanos dispuestos a aportar y participar en la gran cruzada nacional.

Estamos a tiempo de fincar bases sólidas para una auténtica transformación nacional, que permita al país dar el gran salto hacia un crecimiento económico sostenido, con todos los beneficios que ello implicaría. Reducir pobreza, mejorar programas de salud, educación, seguridad, así como procuración e impartición de justicia. Lograr el anhelado Estado de Derecho con mayor justicia y bienestar social.

Si el Presidente de la República no aprovecha de manera oportuna y eficaz el gran apoyo y capital político con que cuenta, al concluir este sexenio podríamos lamentarlo. Mejor lograr un “Acuerdo Nacional” de gran envergadura y factor de “Unidad”, que trascienda y sea palanca de progreso y desarrollo en el que participen todos los sectores sociales. México y los mexicanos lo merecen.

 

*** Maestro y consultor: markoflos@aol.com

Continue Reading

Trending

©2024 Noticias Libres, Todos los Derechos Reservados.