POR MARCO ANTONIO FLORES*
Es innegable que en el gobierno de la Cuarta Transformación se han vulnerado Organismos Constitucionales Autónomos. Se desapareció de un plumazo al INEE. Se encuentran acotados y en vías de ser controlados por el Ejecutivo nada menos que el INE, Banxico y el INEGI.
Ya en control del Presidente de la República están la CNDH y el Coneval. En peligro de desaparecer están: INAI, Ifetel, Cofece, CRE y CNH.
Todos los presidentes, en los sistemas presidenciales, tienen la opción y las facultades para incidir, influir y nombrar a los suyos en este tipo de organismos. Sin embargo, por el discurso agresivo del Presidente, hay quienes afirman que el propósito sería un poder presidencial absoluto y sin contrapesos.
Sería sensato, para “serenarnos” todos, dar el beneficio de la duda al Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando señala que algunos de estos organismos son como “elefantes blancos”, resultan muy costosos y “no sirven para nada”, además de que duplican funciones que ya realizan diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Se requeriría fundamentar de manera seria la opinión del titular del Ejecutivo, respecto a cada uno de los Organismos Autónomos. Se debe partir de la razón histórica, económica y social de su creación, evolución y misión en el Estado Mexicano.
Los estudiosos de la Administración Pública, incluidos los “Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública” -carrera que estudió el Presidente AMLO-, saben que es indispensable una gran “Reforma Administrativa” de la APF, pero requiere diagnósticos muy precisos, profesionales y apoyados en la ciencia de la Administración Pública.
Esa gran “Reforma” consistiría en una cuidadosa y profunda cirugía de todo el conjunto de la APF. Se deberá llevar a cabo de manera gradual y con elementos institucionales de monitoreo y evaluación que trascendieran a un sexenio.
MENCIONES GENERALES
Estaríamos de acuerdo en evitar duplicidades y alinearnos a las mejores prácticas internacionales en cada materia. Sólo para esbozar algunas posibilidades que serían dignas de análisis serios amplios y apegados a metodologías rigurosas, haré algunas menciones generales.
Por ejemplo, en los países más avanzados, las funciones de la Protección al consumidor y la Competencia las realiza un solo organismo, incluso en el caso del Ifetel, algunas de sus funciones más importantes enfocadas a evitar monopolios y garantizar precios justos al consumidor, en materia de telcomunicaciones podrían integrarse a ese organismo.
El Banxico podría reforzarse y consolidarse si se acerca más al modelo del Bundesbank, Banco Central de Alemania en cuanto a organización y funcionamiento.
El INEGI podría absorber las funciones de la Coneval en una nueva “Vicepresidencia”, atendiendo a que las evaluaciones de programas sociales, que debe llevar a cabo, tienen como insumo básico las estadisticas e información que ya de suyo tiene el propio INEGI.
En el caso del INAI, que debiera ser el organismo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, quizá tenga razón el Presidente de la República, se convirtió en una carga administrativa para la APF. Se vieron obligadas todas las dependencias y entidades a crear áreas de atención específica.
Comités de “Transparencia” que se la pasan “reservando” la información importante que les place y desperdiciando tiempo y recursos en entrega de “caprichos” de los solicitantes, como, por ejemplo, copias de todos los currículums -con foto o sin foto- de todo el personal de “X” entidad, con tabuladores salariales y funciones que lleva a cabo cada persona, como si eso no fuera público en los tabuladores oficiales y en el propio PEF que elabora SHCP y el Legislativo.
En todo caso, habría que reforzar la Ley en cuanto a “Protección de Datos”, así como ampliar, focalizar y transparentar la información pública, pero “general”, no particular.
En el caso de la CNDH habría que revisar y reducir su estructura, así como sus funciones para que trabajara más estrechamente con la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública, de manera preventiva y de apoyo al respeto de los Derechos Humanos con emisión de criterios oportunos fundamentados y concretos. Ahí debe encabezar la reforma de la CNDH, alguien con el perfil y la capacidad del caso.
Respecto a los Organismos reguladores en materia de “Energía”, la CRE y la CNH estarían sujetos a la posibilidad y riesgos de una “Contrarreforma” en materia energética del país, lo cual sería materia de un amplio análisis, sobre todo a la luz del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canáda y Estados Unidos y del futuro del rumbo económico que se decida para México.
INE, PRODUCTO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA, SOCIAL Y DEMOCRÁTICA
El INE se cuece aparte. Es una institución que por ningun motivo debe ser vulnerada, es producto de nuestra evolución histórica, social y democrática. En materia electoral hemos avanzado y madurado como Nación.
Es el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpìas y confiables. Tanto que en ellas participan millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales. Ello ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo desde el año 2000. Se trata de una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales.
En las elecciones federales y locales de 2021 se decidirá la integración de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 29 Congresos locales… y con ello la continuidad, o no, de la “Cuarta Transformación” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En esos comicios podría refrendar la hegemonía que su partido ha tenido desde 2018, en el Congreso de la Unión, o perder la mayoría en la Camara de Diputados.
En todo caso el INE tiene “sobrerregulaciones”, producto de casi 20 reformas electorales, de 1977 a 2018, algunas de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales, así como otras que fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones a leyes reglamentarias.
Capítulos como financiamiento público de partidos y campañas, que permite otorgar cuantiosos recursos a los partidos políticos.
Otras medidas para evitar inequidad, topes de gasto de campaña y restricciones al financiamiento privado.
SUSPENSIÓN DE MAÑANERAS, TEMA EN LA MESA DEL DEBATE
Recientemente se puso en la mesa del debate lo relacionado con el uso personalizado de la publicidad oficial, el uso de los medios y la publicidad de gobiernos durante campañas, que se estableció en la Constitución en la Reforma de 2007. Esto con motivo de que el INE comunicara al Presidente López Obrador que debe suspender sus “Mañaneras”, dos meses antes de las elecciones.
Nuestra legislación electoral es “excelente” pero perfectible y debera reducirse la regulación en los casos, que amerite, pero por lo pronto, para el proceso electoral ya en marcha que tendremos este año de 2021, todos los mexicanos estamos obligados a seguir participando y organizando nuestras elecciones conforme a las “reglas” actuales.
Una cosa muy importante: El primer obligado a respetar la Ley es el propio Presidente de la República. “Nada ni nadie por encima de la Ley”, como él mismo lo pregona.
Es evidente que ya erradicamos el fraude electoral y que los principios democráticos ya son cimiento inamovible de nuestra cultura cívica. Sólo pediríamos que el Presidente de la República sea el primero en cumplir la Ley. Que actúe como un jefe de Estado, como un gran lider, que lo es.
No se necesita que se ponga a “vigilar que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias”. Para eso tenemos al INE, una de nuestras instituciones más solidas y consolidadas, que cuenta con el apoyo y la participación de millones de mexicanos cuando los convoca.
*Académico y Consultor
