LOS VILLANOS
Sacudida en el caso Cruz Azul por la difusión de un audio
¿La autoridad “sembró” nombres para construir sus investigaciones? * La interrogante que también surge: ¿Qué acusaciones estaban respaldadas por pruebas y cuáles nacieron de referencias indirectas, comentarios de terceros o simples relaciones profesionales?
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Una conversación entre los abogados José Luis García Miranda, Diego Ruiz Durán y Rafael Espino de la Peña (exsenador por Morena y casi candidato a gobernador) podría poner bajo la lupa la manera en que las autoridades condujeron algunas de las investigaciones relacionadas con el conflicto de la Cooperativa Cruz Azul (hoy señalada de lavar dinero del CJNG).

Rafael Espino de la Peña.
El audio, grabado por uno de los participantes en la reunión y difundido por el portal de noticias corresponsales.mx, expone una discusión inquietante: Nombres que aparentemente habrían sido introducidos por la propia autoridad durante entrevistas ministeriales, preguntas dirigidas hacia personajes específicos y señalamientos que, según se desprende de la conversación, no necesariamente estaban sustentados en hechos conocidos directamente por los declarantes.
La grabación abre una pregunta incómoda: ¿La autoridad estaba investigando para descubrir la verdad o buscando declaraciones que respaldaran una historia previamente construida?
Durante la conversación, Diego Ruiz Durán reclama haber sido relacionado con un supuesto esquema de facturación irregular. Ante su inconformidad, José Luis García Miranda sostiene que esos señalamientos no habrían sido inventados por él ni por su cliente, identificado como Alfredo.

Diego Ruiz Durán.
Su explicación apunta en otra dirección: La autoridad ya llevaba una línea de investigación, hacía las preguntas, mostraba documentos y ponía nombres específicos sobre la mesa.
Entre esos nombres aparece reiteradamente el del abogado Ángel Junquera, relacionado profesionalmente en distintos momentos con asuntos vinculados con Billy Álvarez y Cruz Azul.
Sin embargo, el contenido del audio resulta revelador: El nombre de Junquera no habría surgido de la narración espontánea de hechos delictivos presenciados por el declarante. Por el contrario, la conversación sugiere que su aparición habría derivado de preguntas específicas formuladas por quienes conducían la investigación.
LA DIFERENCIA ES ENORME
Una cosa es que un testigo reconozca a un abogado o sepa que representó profesionalmente a determinada persona. Otra muy distinta es que tenga conocimiento directo de que ese abogado participó en una operación criminal.
Y es precisamente ahí donde la actuación de la autoridad queda bajo cuestionamiento.
La conversación incluso aborda que Barradas (Guillermo Barradas Cendón- señalado como supuesto operador de Julio Scherer-), quien era abogado de Cruz Azul, participó de principio a fin en la “entrevista ministerial”, cuando ésta es únicamente facultad del Ministerio Público, precisa que la misma se llevó en casa de Alfredo Álvarez y manifiesta cómo se elaboraron y modificaron entrevistas ministeriales y cómo algunas afirmaciones categóricas tuvieron que ser eliminadas al no poder sostenerse sobre hechos que constaran directamente al declarante.
También se habla de discusiones sobre qué nombres debían aparecer y cuáles no dentro de las declaraciones.
Ya que, en ella, José Luis García Miranda refiere que modificó aproximadamente el 80% del contenido de la entrevista ministerial conforme a su conveniencia; que también omitió incorporar información relacionada con operaciones investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las que, según la conversación, él mismo se encontraba involucrado; y que existía un evidente conflicto de intereses, al actuar como abogado de Alfredo mientras intervenía en la elaboración de declaraciones relacionadas con la investigación.

José Luis García Miranda.
Asimismo, sostiene que tuvo injerencia para decidir a qué personas se investigaría y a cuáles no, y señala que durante dichas actuaciones también estuvo presente Barradas, abogado de Cruz Azul (anteriormente acusado de extorsión).
El escenario que dibuja el audio es delicado: Una autoridad que aparentemente llegaba a las entrevistas con nombres previamente identificados, preguntaba directamente por ellos y buscaba información sobre personas específicas, aun cuando el entrevistado no necesariamente tuviera conocimiento directo de alguna conducta ilícita de su parte.
Esto obliga a preguntar: ¿Cuántos nombres dentro de las investigaciones relacionadas con Cruz Azul surgieron verdaderamente de testimonios espontáneos? ¿Cuántos fueron introducidos por preguntas de la propia autoridad? ¿Qué acusaciones estaban respaldadas por pruebas y cuáles nacieron de referencias indirectas, comentarios de terceros o simples relaciones profesionales?

Cooperativa Cruz Azul, en el ojo del huracán.
En el caso de Ángel Junquera, la conversación resulta particularmente significativa. Pese a que su nombre aparece dentro de la discusión, los interlocutores no identifican hechos concretos que les consten personalmente y que acrediten su participación en operaciones ilícitas.
De confirmarse que nombres de abogados y otras personas fueron incorporados a declaraciones a partir de preguntas dirigidas, sin evidencia independiente que respaldara una posible conducta criminal, estaríamos frente a una actuación que, cuando menos, merece una explicación seria por parte de las autoridades responsables de integrar esas investigaciones.
Porque en un expediente penal de alto impacto, poner un nombre dentro de una carpeta puede bastar para destruir una reputación, especialmente cuando después esa información termina filtrada y convertida en acusación pública.
El audio deja así una sombra sobre la actuación de quienes condujeron estas investigaciones y dos preguntas que la autoridad tendría que responder:
¿Se investigaron hechos para encontrar responsables o se buscaron nombres para sostener una hipótesis que ya estaba escrita?
¿Será la FGR- FEMDO una institución al servicio de particulares?
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Omar García se descarta, pero el pueblo lo quiere de Presidente de la República
Claro que aspirar en estos momentos a cargos políticos es irresponsable, pero es innegable que tiene una alta preferencia ciudadana que lo que quiere en la boleta del 2030 * Ahora no es el momento, pero llegará el día en que el titular de la SSPC tomará su propia decisión… y el pueblo manda
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Es por todos sabido que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), goza de la aceptación y del cariño de la gente en base a que es un funcionario de resultados en donde lo pongan.
Y las encuestas lo demuestran: los sondeos de opinión indican que es una carta fuerte de Morena para ganar la elección presidencial en el 2030.

Es obvio que en estos momentos no son días para pensar en eso, falta mucho todavía, y claro que García Harfuch está enfocado en lograr la seguridad y pacificar al país, un reto titánico, pero que seguramente saldrá avante.
Su labor en la SSPC no permite tener distracciones, pues su prioridad es combatir a la delincuencia organizada, pero llegará el día en que Omar García tome su propia decisión para definir su rumbo político.

“Lo descarto porque soy secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la Señora Presidenta lo disponga”, expresa en entrevista con Azucena Uresti.
García considera que su alta popularidad y aceptación ciudadana corresponde a que él es el rostro que presenta los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, reconoció que estos logros “no son de Omar García o de la propia SSPC”, sino del Gabinete de Seguridad en conjunto.
Destaca que la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo tiene muy alta aprobación, situación que ha permitido fortalecer la imagen del Gabinete de Seguridad, cuyo trabajo “no es político”.

Claro que el titular de la SSPC no es político, es un hombre de territorio y no de escritorio, una cualidad que le llega a la gente y por eso lo ve con buenos ojos para ser el próximo Presidente de la República.
Como dice un refrán popular, Omar propone y el pueblo dispone. Así de fácil y sencillo.
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¡Morenistas practican violencia política de género contra Grecia Quiroz!
La 4T convierte el Senado en campo de batalla y agresiones por la visita de la viuda de Carlos Manzo * Gerardo Fernández Noroña, captado y azuzando a compañeros de bancada para gritar “¡Morón, Morón!”
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Muy lamentable que un lugar de debates, como el Senado de la República, sea convertido en campo de batalla y de agresiones contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.
La visita de la alcaldesa se desarrolló en un ambiente de tensión provocado por legisladores de la bancada de Morena, luego de que grupo de morenistas coreó el nombre de “¡Morón!”, siendo Gerardo Fernández Noroña, figura con quien la viuda de Carlos Manzo ha mantenido diferencias públicas, uno de los que se encontraba en primera fila.
Es de resaltar que no es la primera vez en la que Noroña ha incomodado a Grecia Quiroz, pues anteriormente se lanzó contra ella, hecho por el que incluso fue denunciado por violencia política de género.
El legislador morenista se unió a las expresiones de apoyo a Raúl Morón, a quien Quiroz ha señalado como uno de los adversarios políticos de su esposo Carlos Manzo.
Los hechos ocurrieron en un momento en el que Quiroz era presentada por el senador Emmanuel Reyes Carmona, quien agradeció su presencia en el recinto.
Sobre este episodio, la alcaldesa minimizó los cánticos y sugirió que forman parte de una estrategia de los senadores morenistas para tratar de incomodarla.
“Si nos basamos en cómo actúan ellos, es normal y es de esperarse”, expresa Quiroz.
Noroña, en meses pasados, empezó a agredir verbalmente a Grecia al acusarla de actuar por ambición personal debido a su presunto interés en contender por la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027, afirmando que “la ambición se le despertó”, tras la muerte de su esposo.
También calificó como una “declaración irresponsable” el señalamiento de la funcionaria sobre la posible implicación de legisladores en el homicidio de Carlos Manzo, asegurando que la derecha la respaldaría al considerar que dicho sector requiere de “figuras fascistas con respaldo popular”.
Posteriormente Fernández Noroña volvió a señalar a Quiroz de fascista y de buscar con la “ultraderecha” la gubernatura.
“Ya se habla de la alcaldesa Quiroz como candidata de la derecha y ultraderecha por la gubernatura de Michoacán; yo digo, es una posición fascista, porque su ambición se le despertó dentro de la tragedia que vive, pero su ambición se le despertó”, insistió.
Este nuevo episodio de confrontación ocurre a poco más de un mes de que Fernández Noroña fuera sancionado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tras una denuncia por violencia política de género presentada por la propia Grecia Quiroz.

El pasado 17 de febrero, el senador tuvo que informar a la autoridad electoral sobre la eliminación total de videos en su plataforma de YouTube para cumplir con medidas cautelares. A pesar de acatar la orden, el legislador ha mantenido una postura firme de rechazo a las acusaciones.
Sinceramente, queda muy mal parado el senador morenista con su ataque a Grecia Quiroz. No es de caballeros y actuar con gritos en la Cámara Alta es de barbajanes.
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Conflicto de La Cruz Azul, a la Corte Internacional de Arbitraje
La personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la CDMX * Jueces de la Ciudad de México y la propia FGR no cedieron al engaño de Velázquez Rangel, pero sí el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Víctor Manuel recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México * En concreto: Ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa
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El jueves pasado 12 de febrero, el Gobierno del Estado de México otorgó a Víctor Manuel Velázquez Rangel la posesión de la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el municipio Tula de Allende, en Hidalgo.
Velázquez Rangel ha sostenido en diversos medios de comunicación que la entrega se hizo en cumplimiento de un mandato judicial; pero se omite convenientemente decir que la orden fue otorgada por un juez de control (juez penal) del Estado de México, quien únicamente ordenó una entrega temporal y sujeta a las resultas de un procedimiento penal que se instruye por la comisión de delitos del orden común, que son competencia exclusiva de la Fiscalía del Estado de Hidalgo.
Así es, Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que dentro de la planta cementera de Hidalgo se estaban ejecutando hechos de naturaleza delictiva que eran de competencia local de las autoridades de Hidalgo; sin embargo, ningún juez de control de la CDMX concedió la medida de restitución temporal que solicitó, habida cuenta que los jueces eran conocedores que la personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la propia Ciudad de México.
Ante la imposibilidad de obtener la orden por medio del engaño a jueces de la CDMX, Velázquez acudió a jueces de control de la Federación; es decir, denunció ante la FGR de Alejandro Gertz, los mismos hechos que había puesto en conocimiento de Bertha Alcalde. Los jueces de control de la Federación tampoco accedieron a las peticiones de Velázquez Rangel y en una audiencia penosa, su abogado se desistió de la solicitud formulada ante la advertencia del juez que dicha medida únicamente podía ser dictada mediante debate en audiencia, en la que las personas acusadas de los supuestos delitos tuvieran oportunidad de justificar sus derechos. Ante esta posibilidad, Víctor Velázquez se desistió de la petición.

Este es el tercer intento, el financiamiento de la campaña de Delfina Gómez con dinero de la Cooperativa La Cruz Azul ayudó a que un juez de control del Estado de México, sin competencia territorial, emitiera una orden de restitución temporal de la planta (pues no les alcanza para más), la que ordenó con la mera denuncia y sin escuchar a las personas que estaban dentro de la planta (los supuestos delincuentes).
El gran burlado ha sido el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Velázquez recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México.
Personal de la Fiscalía del Estado de México, sin oficios de colaboración, ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa. La Fiscalía de Hidalgo se limitó a decir que apoyaba el “operativo” con el acordonamiento de la zona perimetral. Lo que no midió Delfina, ni tampoco el Gobierno de Hidalgo (cómplice por ineptitud), es que los socios cooperativistas de La Cruz Azul han sido beneficiados por tres resoluciones arbitrales que tienen el carácter de definitivas.
La primera de estas resoluciones declaró la ineficacia de la asamblea en la que resultó electo Velázquez; la segunda resolución expulsó a Velázquez de la cooperativa y la tercera resolución es la que otorga la posesión a los socios cooperativistas de manera directa.
Claudia Sheinbaum Pardo conoce de primera mano estas resoluciones, pues fue directamente conminada por el árbitro para la ejecución de las resoluciones correspondientes; su omisión es causa de responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, por inobservar resoluciones que le son obligatorias a todos los jueces mexicanos en virtud de los tratados internacionales que en materia comercial tiene firmados el Estado Mexicano.

En este caso, no será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Internacional de Arbitraje la que condene al Estado Mexicano a pagar los más de 400 mil millones de pesos que la inactividad del Estado Mexicano ha ocasionado, al impedir sistemáticamente la observancia de dichas resoluciones arbitrales.
El siguiente capítulo se peleará en un país con tribunales serios, con un Poder Judicial independiente y con autoridades administrativas con valor civil, que tengan respeto por sí mismas y que cumplan con su deber. Los paganos serán los más pobres, porque con su dinero Sheinbaum Pardo pagará la corrupción de su “nuevo” Poder Judicial.
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