POR PACHITO

Será hasta después de 2024, pese a los dimes y diretes de aquí hasta esa fecha, cuando los mexicanos veamos que se lleva a juicio y a la cárcel a un ex presidente de la República.

“Con la vara que midas serás medido” es un dicho ampliamente difundido, cuyo origen se remonta a los evangelios canónicos.

Cuando se usa popularmente, el refrán sirve como una advertencia a quien lo escucha para apaciguar su discurso castigador en contra de alguien más y recordarle la importancia de comprender a los semejantes para ser tratado de la misma manera.

Ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere realizar una consulta popular para que el “pueblo” decida si se debe juzgar a casi todos los últimos ex presidentes de México, es importante considerar sus razones y también las consecuencias de llevar a cabo juicios “populares”, o mediáticos, al margen de la ley… sí, aunque usted no lo crea, los juicios populares están al margen de la ley… y el Presidente de la República lo sabe, es muy listo, ya tiene conocimiento de que no pasarán, y menos que la avale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero López Obrador ya prepara el terreno para echarle la culpa a quienes no la avalen… Él no puede quedar mal, que queden mal los otros… y ya oigo su discurso: “Ya ven, la mafia del poder y los fifís no quieren que enjuiciemos a los ex presidentes”.

Lo que sí debe quedar claro es que si ex presidentes cometieron delito, que lo paguen, que se les aplique todo el peso del Poder Judicial, que se les enjuicie sin necesidad de una consulta popular.

Imagínese, ¿cuántos famosos no han pisado la cárcel por infringir la ley? Si se aplicara la consulta popular, pues ya estuvo que los conocidos y queridos por el pueblo jamás serían arrestados.

La aplicación de la ley es pareja para todos, seas famoso o no, seas gran funcionario o no… así que si Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y hasta el mismo Presidente actual, si cometieron un delito que la paguen, así de sencillo y fácil, sin hacer tanto circo, maroma y teatro.

La pregunta de la consulta popular es si quieres que ex presidentes sean enjuiciados, pero no que sean encarcelados, como se maneja ‘vox populi’, pues eso dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no de AMLO ni del pueblo.

Tan es así que el mismo Presidente de la República ya también se cura en salud al expresar que una cosa es llevarlos a juicio y otra es que sean sentenciados, pues eso dependerá de los tribunales.

CONSULTA POPULAR NO TIENE SUSTENTO JURÍDICO

Es de sobra conocido que una consulta como la que plantea y alienta el Presidente de la República, no tiene sustento jurídico, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no la contempla en el Artículo 35, que regula el procedimiento y los temas sobre los cuales puede realizarse. Aún si se lograra modificar la Constitución para incluir una consulta como la que se plantea, para saber si el pueblo quiere que se juzgue a los ex presidentes por delitos de corrupción, no podría, “per se”, ser vinculatoria, ya que la propia Constitución prevé que la impartición de justicia sólo puede darse a través de las instancias y los procedimientos que la ley prevé: el Ministerio Público, los jueces, los juzgados y los tribunales que corresponden.

Claro que es seguro que no habrá un solo mexicano que no quiera que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares, pero es claro que el Presidente López Obrador no puede enjuiciar a algún ex mandatario porque en sus declaraciones no se configura un delito claro sino solamente acusaciones políticas.

El mayor riesgo es la generación de una “gigantesca” expectativa de que por vez primera sea juzgado un ex presidente en México.

El “pueblo” quiere eso, como una prueba de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad. La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber algún ex presidente bajo un proceso jurídico serio, al menos para saber si es culpable o no- millones de mexicanos empezarán a hablar de que fue una simulación.

La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente. Aunque como muchos analistas prevén, la estrategia del Presidente es electoral y quiere mantener la expectativa de la gente hasta las elecciones de 2021. Si se logran armar expedientes y pruebas sólidas y se juzgan y encarcelan al menos a algunos de los mencionados, el “pueblo sabio” ratificará su devoción por AMLO. Pero si todo resulta escándalo y simulación, también el pueblo se decepcionará y quizá lo cobre en las urnas.

También viene “como anillo al dedo” el refrán que dice: “El buen juez por su casa empieza”. Notorio cambio en la actitud del Presidente, primero se veía sonriente y hasta contento de mostrar en sus “mañaneras” los videos de la corrupción de sus “adversarios” (caso Lozoya), colaboradores de senadores panistas recibiendo bolsas con mucho dinero en efectivo. Sin embargo, en cuanto se hizo público el video que muestra la corrupción de los de “casa”, en el que se ve a  su hermano Pío López Obrador recibir de David León bolsas de efectivo para las campañas de 2015 con miras a 2018, su actitud cambió radicalmente.

Ante los cuestionamientos y condena mediática, ya no se ha referido a esos videos. David León, colaborador “estrella” de su gobierno, estaba a unos días de hacerse cargo de la nueva empresa gubernamental que distribuirá los medicamentos en todo el país, con un presupuesto inicial de 90 mil millones de pesos. Al presentarlo el Presidente había señalado que lo nombraría para que ya no se robaran el dinero de los medicamentos “como sucedía en el pasado”.

¿SE COMBATIRÁ A LA CORRUPCIÓN DE CASA?

Había que ver si tendrá el Presidente de la República el valor y la decisión para combatir la corrupción, aunque ésta surja de su propio gobierno o de algunos de sus colaboradores. Cómo afrontará a futuro -cuando sea ex presidente- los señalamientos que podrían acusar a su gobierno de posibles actos de corrupción. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.

¿Quién aclarará después de 2024?, porque el gobierno de la 4T no cumplió, de manera puntual, con los procedimientos que ordena la Constitución en su artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dado que desde el inicio de esta gestión, este gobierno ha realizado más del 74% de sus adquisiciones por medio de adjudicaciones directas, esto sin contar la emergencia de salud.

¿Cuántos gobernadores de Morena serán acusados por la Auditoría Superior de la Federación por mal manejo de recursos públicos, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Baja California Norte..?

En el sector salud, ¿a quienes se culpará y serán acusados de negligencia -López Gatell- por haber alcanzado cifras récords mundiales de muertes por mal manejo del Covid… o por el fallecimiento de niños con cáncer que se quedaron sin medicamentos?

¿Acaso los “superdelegados” que manejan los programas sociales repartiendo mucho dinero en efectivo, y que, en algunos casos, como el del hermano de la titular de la SFP en Guerrero o Carlos Lomelí en Jalisco, ya han sido acusados de malversar recursos públicos podrían convertirse en la versión “Estafa Maestra II”, al terminar este sexenio..?

Pero hay más temas pendientes: No olvidar el escandaloso caso de la Línea 12 del Metro de Marcelo Ebrard-Mario Delgado y el del sindicato de mineros de Napoleón Gómez Sada, ¿acaso quedaron purificados y absueltos para siempre, o tendrán que regresarse a París y Canadá, respectivamente, al terminar este gobierno?

¿Se olvidarán la falta de transparencia de las grandes obras de la CDMX de Claudia Sheinbaum (que data desde la construcción de los segundos pisos) y los escándalos de los colaboradores de Ricardo Monreal cuando era delegado en Cuauhtémoc, detenidos con bolsas de dinero en efectivo? ¿Las acusaciones de corrupción en Conade y en Segalmex se extenderán a otras entidades gubernamentales y se abrirán expedientes de investigación?

BARTLETT, EL CASO MÁS EMBLEMÁTICO DE CORRUPCIÓN

Hay otro caso emblemático, el de Manuel Bartlett, que pone en entredicho la forma en como “se barren las escaleras de la corrupción -de arriba hacia abajo-”.

Gran escándalo se armó en las redes y los medios de comunicación por dos asuntos en que está involucrado el director general de la CFE. Primero la compra del IMSS de los ventiladores a empresa de su hijo, y segundo, el descubrimiento de que la casa de campaña fue alquilada y enajenada a Morena por una empresa en la cual es socio  mayoritario Jesús Hernández Torres, quién ha sido su colaborador por más de 45 años, asunto en el que también está involucrada Yeidckol Polevnsky, acusada por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, de fraude a su partido por varias decenas de millones de pesos.

A Bartlett ya desde 2019 se le había acusado de no incluir 23 inmuebles en su declaración patrimonial.

Al respecto el Presidente Andrés Manuel dijo en diciembre pasado: “Pruébenlo. Por lo que corresponde a nosotros, el señor es el presidente de la CFE. A ver, ahí, ¿cuáles son las transas, los contratos entregados como se hacía antes, por influencia? “.

Añadió que no se puede acusar sin pruebas.

Manuel Bartlett había sido exonerado dos días antes por la SFP de las acusaciones en su contra de enriquecimiento ilícito y conflicto de interés. Este hecho evidenció de manera burda el actuar dócil de la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que, al exonerarlo como lo hizo, dejó chico el desempeño de su antecesor en el sexenio pasado, Virgilio Andrade, cuando dio carpetazo al caso “Casa Blanca”.

Del mismo modo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acudió al célebre desayuno de la barbacoa de Querétaro con el Presidente, para dejar en claro que Bartlett (el otro comensal) es intocable.

TAMBIÉN LA 4T TIENE SUS CASOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Hay otros casos divulgados en medios y las redes sociales. El de la propia titular de SFP, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman, que no demostraron cómo se hicieron de su abultado patrimonio y sus muchas casas.

El de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, y del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. La primera por adjudicaciones directas para la construcción de la refinería Dos Bocas y a ambos, a quienes se acusó públicamente, con datos duros y referencias concretas de la forma en que han otorgado contratos a parientes y amigos.

En todos estos casos, las acusaciones no merecieron alguna aclaración, ni siquiera algún conato de investigación. Quizá después de 2024 se vuelvan a poner de moda estos emblemáticos casos.

El Primer Mandatario ha repetido con insistencia que en su gobierno ya no existe la corrupción, ya que acabar con ella y la impunidad es el propósito central de su gobierno. Ésta fue la bandera de su campaña para llegar a la Presidencia. Supo leer, con acierto, que la corrupción se había convertido, en el sexenio de Peña Nieto, en el más importante asunto que  molestaba a la sociedad mexicana.

Es claro que nadie espera que el Presidente de la República resuelva la principal promesa de su campaña en dos años. Sin embargo, todo México quiere ver señales de compromiso y un plan serio, así como casos soportados en la ley.

Sería un gran logro y abonaría a su alto capital político que los dichos de AMLO fueran ciertos, pero -hasta ahora- es evidente que no es así.

Tendremos los mexicanos la prueba suprema de “combate a la corrupción” de observar si se da un proceso serio en contra de algún ex presidente en este gobierno. O tendremos que esperar hasta después de 2024, para ver que a un ex presidente se le finca un proceso penal sustentado jurídicamente y no sólo con fines políticos.

Aunque como todos sabemos, la política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial.

MÉXICO, A LA ‘COLA’ DE LATINOAMÉRICA’

Seguiremos a la “cola” de toda Latinoamérica, respecto a juzgar y en su caso condenar a un ex presidente de México. En Brasil, Lula Da Silva fue condenado a más de 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

En Perú, Alan García, quien gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, acusado de corrupción, se disparó en la cabeza cuando llegaron a detenerlo. Era uno de los cuatro ex presidentes peruanos vinculados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, además de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

En el caso de Panamá, la Fiscalía aportó suficientes elementos para procesar al ex presidente Ricardo Martinelli por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, además de otros relacionados con la malversación de fondos públicos.

En Guatemala, Otto Pérez Molina está tras las rejas.

Francisco Flores, presidente de El Salvador, falleció  bajo arresto domiciliario acusado de varios delitos.

El ex presidente de Honduras, Rafael Callejas, se le acusó por sobornos relacionados con la Concacaf y fue acreedor a la pena máxima de 20 años de cárcel.

Y un detalle a resaltar en estos casos: No se sometió a consulta popular para enjuiciarlos. Simplemente se aplicó la ley y punto.

AMLO DEBE RESPETAR AUTONOMÍA DE LA FGR

Si los casos de corrupción, sean de “adversarios” (Lozoya) o de “casa” (Pío y colaboradores),  incluídos los de ex presidentes, se convierten en cacería política, más mediática y electorera que legal, millones de mexicanos nos lamentaremos en materia de combate a la corrupción.

Si el gobierno del Presidente AMLO quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta -de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos.

Debe cumplir con su principal promesa de campaña. Comprometerse, con hechos, y fortalecer nuestro sistema de Justicia Penal, haciendo valer la “autonomía” de la Fiscalía General de la República, y en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción avanzar en su implementación.

En suma, permitir que actúen con plena autonomía e independencia y con absoluto apego a la legalidad estas instituciones.